Don Ignacio tiene 76 años, vive solo y hace seis semanas tuvo una caída en su casa que culminó en una operación de cadera. Aunque los médicos han hecho esfuerzos por localizar familiares del septuagenario, no han logrado ninguna comunicación fructífera, por lo que don Ignacio lleva un mes ingresado en la clínica, aun cuando pudo haber regresado a su hogar hace un mes cuando le dieron el alta.

De otra parte, María, de 65 años, tuvo un derrame cerebral hace un año que la dejó incapacitada para cuidarse. Sus dos hijos se ofrecieron para hacerse cargo, pero ambos tienen niños y trabajan todo el día. Aunque lo intentaban, no cuidaban a su mamá como realmente requería y, en ocasiones, María no comía su cena, ni se bañaba todos los días. La mujer, dentro de su crítica condición, se sentía apesadumbrada y una carga para su familia, por lo que intentó cuidarse por sí misma, pero la realidad es que no podía. Recientemente, los vecinos de María se percataron de la situación y buscaron ayuda preocupados por la salud de la mujer.

Ambos casos son hipotéticos, pero reflejan la realidad de miles de adultos mayores de 60 años y personas con diversidad funcional que son víctimas de algún tipo de maltrato en Puerto Rico donde, actualmente, según cálculos del Departamento de la Familia (DF), se autorizan diariamente entre 25 a 30 solicitudes para que personas de estos grupos demográficos sean ubicados en un centro de cuido prolongado subvencionado por el gobierno.

El aumento de referidos de maltrato ha sido dramático desde el inicio de la pandemia y la situación no parece frenar. La incertidumbre también aumenta para el gobierno, pues cada año son más los adultos mayores bajo su custodia.

Para el mes pasado, el DF reportaba 10,621 referidos de maltrato. A modo de ejemplo, la agencia reportó que para el 10 de septiembre de 2023 se habían recibido 8,758 referidos, cuando para la misma fecha en 2022 la cifra era de 8,460.

El año pasado, el cuido de un total de 4,675 adultos mayores era subvencionado por el DF. Esa cifra, para septiembre de 2023, se elevó a 6,175 y no incluye las solicitudes que llegan al programa de Auxiliares del Hogar, en el que se atienden 1,375 personas. Las estadísticas están bien distantes de los casos de menores que están bajo custodia del estado, pues en ese renglón la cifra es de 2,132.

“Ha sido un crecimiento exponencial de situaciones a atender en la población de adultos mayores. Ha sido un aumento que nos preocupa y hay que replantear cómo atender estos casos y reestructurar la administración para auxiliar a esta población. Nosotros estamos prestos a ver cómo podemos buscar alternativas, pero quiero que sepan que los fondos para atender a los adultos mayores provienen de fondos estatales. No hay asignaciones federales, como en el caso de maltrato a menores, y no hay suficientes fondos para atenderlos”, denunció a Primera Hora la administradora de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) del DF, Glenda Gerena.

Tenemos casi 300 casos adicionales. Nuestra preocupación es genuina y sabemos que es un reflejo del crecimiento acelerado que tienen los adultos mayores en Puerto Rico. Sin embargo, debo decir que en la pandemia incrementó. Tenemos un antes y un después de la pandemia. Posterior a la crisis de salud por el COVID-19 recrudeció y el asunto de visibilidad de las condiciones de los adultos mayores, que quizá no se veía, ahora es más que evidente”, subrayó la funcionaria.+

Hay un grupo de adultos mayores que, aunque lo deseen, no pueden cuidarse a ellos mismos.
Hay un grupo de adultos mayores que, aunque lo deseen, no pueden cuidarse a ellos mismos. (Shutterstock)

Según la Encuesta de la Comunidad de Puerto Rico del Censo de Estados Unidos, el 22.7% de la población en la Isla tenía 65 años o más en julio de 2022.

Gerena explicó que los casos llegan por referidos que surgen por parte de hospitales, vecinos, familiares o cualquier otra persona de la comunidad. En ese momento se activa el protocolo y un equipo de expertos en investigación de casos de adultos mayores determina si esa persona debe ser trasladada un hogar de cuido prolongado.

“En estas instancias, el Departamento de la Familia tiene que por obligación protegerlos y, entonces, se acude al tribunal a través de la Ley 121 de la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores y solicita una autorización para ubicarlos en un centro de cuido prologando”, explicó Gerena.

La subvención promedio anual que recibe el DF para atender los casos de adultos mayores es de $50 millones en fondos estatales, pero para este año fiscal que inició en julio subió a $70 millones debido a la crisis denunciada.

“Y podríamos necesitar dinero adicional”, advirtió la administradora de ADFAN al indicar que, en promedio, el costo mensual por cada adulto mayor bajo custodia del gobierno fluctúa entre los $1,200 y $1,400, una cifra que pudiera aumentar en casos en que haya condiciones críticas de salud. Las subvenciones que concede el DF en algunos casos son para cubrir la totalidad del cuido, pero hay casos en que se utiliza algún ingreso que reciba el beneficiario y el gobierno costea la parte restante.

En crecimiento el abandono en hospitales

Aunque este año las cifras de referidos por maltrato de adultos mayores suman 10,621 en diversas tipologías, es la negligencia la que predomina con 4,668 expedientes, seguido por la autonegligencia (2,632), el maltrato emocional (1,465), la explotación financiera (1,166) y el maltrato físico (646) entre otros.

“La negligencia es bien abarcadora, pero básicamente es que se dejó de atender a un adulto mayor. Se dejó desprovisto de cuidados, no los alimentan adecuadamente... es una situación triste porque todo esto los lleva a la tristeza y depresión con consecuencias psicológicas prolongadas”, puntualizó Gerena.

“También vemos mucha explotación financiera. Personas que se quieren lucrar o quieren utilizar los adultos mayores para beneficio propio. Ese tipo de casos se investigan y se refieren a las autoridades fiscales y estatales porque existe un acuerdo de colaboración”, agregó la administradora de ADFAN.

Sin embargo, una tendencia que ha levantado bandera roja es el abandono de adultos mayores en los hospitales.

Glenda Gerena, administradora de la ADFAN.
Glenda Gerena, administradora de la ADFAN. (Vanessa Serra Díaz)

“Estos son casos en que llegan solos a atenderse una condición de salud o son llevados por algún vecino y luego les dan de alta y nadie llega a recogerlos... esos casos también son subvencionados por el gobierno”, explicó.

La negligencia de abandono en hospital se ha más que triplicado en cuestión de cinco años. Datos del DF indican que para el 2018 se atendieron 218 de este tipo de situaciones. En el 2022, fueron 769 los adultos mayores abandonados en hospitales.

“Estos casos son bien tristes y nos da una idea de hacia dónde vamos con esta población”, dijo Gerena al agregar que el perfil de las víctimas es que se trata de personas que “no tienen hijos porque decidieron no procrear, los hijos se marcharon y no hicieron arreglos para hacerse cargo o, simplemente, no tienen familia”.

“También están los casos de que muchos no estuvieron presente en la vida de sus hijos o hijas y ahora estos no están dispuestos a ayudar. Otra cosa es que hay padres ancianos cuidando a hijos con condiciones crónicas. O parejas que ambos son ancianos y no pueden cuidarse uno al otro. Son una serie de factores y perfiles bien variados los que han hecho que estos casos aumenten. Lo que sí es evidente es la soledad... llegan a la etapa de la vejez solos y eso es bien triste”, mencionó Gerena.

Las estadísticas de Familia son cónsonas con las que recibe la Oficina de la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada, donde en el año fiscal 2022-2023 se contabilizaron 6,959 casos de maltrato y por delito.

“En los tipos de maltrato la mayoría de las denuncias han sido por negligencia (2,277), negligencia propia (1,071), abuso emocional (761), restricción de derechos (205) e influencia indebida (203), entre otros”, explicó la procuradora Carmen Delia Sánchez.

Agregó que en la Procuraduría la mayoría de las querellas que conllevan delito son explotación financiera (1,475), apropiación ilegal (273), agresión (103), fraude (99) y amenaza (71), entre otros.

Dra. Carmen Delia Sánchez Salgado, procuradora de las Personas de Edad Avanzada.
Dra. Carmen Delia Sánchez Salgado, procuradora de las Personas de Edad Avanzada. (El Nuevo Día)

“Cuando se hace el análisis para saber quiénes son los perpetradores de los maltratos o delitos, la Procuraduría identificó que estos son en primera instancia los hijos o hijas (2,265 casos), seguido por otros parientes (312), nietos o nietas (250), conocidos (238) y amigos o vecinos (175), entre otras personas”, subrayó la funcionaria al añadir que los pueblos con mayor número de querellas reportadas son San Juan, Ponce, Bayamón, Mayagüez y Carolina.

Sánchez reiteró que el problema de maltrato de adultos mayores requiere tres focos de atención dirigidos a la persona maltratada, al maltratante y a la sociedad que lo permite.

“A los tres hay que darles atención”, urgió al mencionar a la figura del cuidador como clave en el proceso de prevención.

Hay que poner más atención a los cuidadores, porque esta es una tarea muy tensa y se puede llegar a crear resentimiento y frustración. Tenemos cuidadores extenuados, quemados. Un cuidador exhausto puede llegar a maltratar sin querer. Esa tensión –particularmente, si trabajan y tienen hijos- puede llevar al maltrato o negligencia”, determinó.

Gerena coincide con las expresiones de la Procuradora y mencionó que se examinan varias legislaciones, entre estas la Resolución de la Cámara 584 que ordena la creación de un “Task Force” para investigar la figura del cuidador familiar del adulto mayor.

El grupo especial de trabajo está compuesto por las Comisiones de Salud, de lo Jurídico y de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Cámara de Representantes. Ellos crearán política pública Junto a representantes de empresas, organizaciones y entidades que trabajan con los cuidadores.

“Debemos comenzar por aquí y simultáneamente establecer conversaciones y gestiones para reestructurar el sistema y sobre ese particular ya hemos tenido reuniones con el gobierno federal para ver cómo ellos pueden empezar a darnos asistencia, sobre todo económica, tal como ocurre en otras jurisdicciones de Estados Unidos”, dijo Gerena.