Pide lo saquen del castigo extremo.

La defensa de Rodney López Matías solicitó que se le desestime la notificación de intención de buscar la pena de muerte, autorizada por el secretario del Departamento de Justicia federal, Alberto Gonzales, fundamentándose en que no fue representado por un abogado experto en casos de pena capital en la reunión en la que se discutió su caso.

El abogado especialista en casos capitales, John R. Martin, quien fue designado con posterioridad a la reunión del Comité de Revisión de Casos de Pena de Muerte del Secretario de Justicia, sostuvo que en ningún momento a su representado se le dio la oportunidad de exponer por qué no debe ser procesado bajo el estatuto del castigo extremo.

Martin le expuso al juez José A. Fusté en una Moción de Desestimación de Intención de Buscar la Pena de Muerte, que desde que López fue acusado el 17 de noviembre de 2006, la Oficina del Defensor Público solicitó la designación de un abogado experto ya que el pliego incluía “hallazgos especiales” que constituirían factores agravantes.

Luego, cuando el Gran Jurado enmendó la acusación, el 29 de noviembre, indica que solicitaron nuevamente la designación de un experto y tampoco se hizo, por lo que el acusado no fue representado en la reunión del Comité efectuada el 22 de diciembre.

El secretario Gonzales autorizó a la Fiscalía Federal, el pasado 31 de enero, buscar la pena de muerte para López, acusado de dar muerte a cuchillazos al barbero Samuel Martínez Solís, junto con los coacusados Raymond Alers Santiago y Eduardo Riera Crespo.

Martin sostiene que a su cliente, al igual que a los otros acusados, se le ha violado su derecho al debido proceso de ley y a la asistencia de un abogado.

El papel que desempeña un abogado experto, explica, es entre otras cosas el identificar los factores mitigantes que llevan a la compasión y, aunque resulte culpable, el jurado descarte el imponer la pena de muerte.

Destaca que tiene que dársele tiempo para investigar una gama de factores en la vida del acusado, que incluye su desarrollo familiar, su nacimiento, su infancia, su experiencia académica y escolar y traumas.

En este caso, apunta, el joven sufre retardación mental, epilepsia y hay indicadores de esquizofrenia.

En su carta autorizando buscar la pena de muerte contra los acusados, el secretario de Justicia le indicó a la jefa de los fiscales federales Rosa Emilia Rodríguez: “Usted tiene la autorización para buscar la pena de muerte... Como describe el manual 9-10.100 no puede entrar en acuerdos de alegaciones de culpa que requiera el retiro de la notificación , a menos que yo lo autorice”.

Martin expresa que Fusté ha velado por los derechos de los potenciales candidatos a pena capital y a que se les dé asistencia efectiva de abogado en la etapa de autorización, que según ha señalado la corte, “es indudablemente un momento enormemente fundamental e importante en cualquier proceso criminal”.

“Completar este proceso con sólo cuatro días de notificación a la defensa y antes de que se designara un experto, sobre todo cuando hay evidencia sólida de factores mitigantes que debieron desarrollarse y presentarles a los que toman la decisión, fue una clara negación del derecho del señor López Matías al debido proceso y a representación legal durante los procedimientos”, mantiene.

“Como consecuencia el tribunal debe eliminar la Notificación del Gobierno de Intención de Buscar la Pena de Muerte”, solicita a Fusté.

A López Matías, Alers Santiago y Rivera Crespo se les imputa matar a Martínez Solís, un barbero de Isabela en cuyo vehículo y compañía viajaban.

Según la querella radicada inicialmente, éstos acordaron matar a Martínez Solís para robarle la guagua Blazer y venderla, según se alega, en $3,000.