Comienza una semana con dos importantes debates en Estados Unidos sobre el estatus político de Puerto Rico, ya que el lunes será uno de los temas tratados por el Comité de Descolonización de la ONU y el miércoles por el Subcomité de Asuntos Insulares de la Cámara de Representantes.

Este subcomité examinará el miércoles la situación económica que atraviesa Puerto Rico y los "procedimientos relacionados" con su estatus político, según se desprende de la convocatoria difundida por Washington.

Durante la sesión -que se llevará a cabo a las 2:00 p.m. en el salón 1324 del edificio Longworth- el gobernador Alejandro García Padilla podrá exponer el duro panorama financiero que afronta este Estado Libre Asociado a Estados Unidos y reclamar apoyos para las medidas que lleva tiempo pidiendo a Washington.

Entre ellas destaca su petición de que Washington considere a la isla como un estado más en lo que se refiere a la protección que confiere la Ley federal de Quiebras, lo que permitiría a las corporaciones públicas puertorriqueñas declararse en bancarrota bajo el cobijo de esa ley.

El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, (que paradójicamente es el principal líder de la oposición en Puerto Rico) podrá también pedir que se atienda de una vez su propuesta de autorizar un referéndum con el respaldo de Washington para consultar a los puertorriqueños si quieren o no anexionarse a Estados Unidos.

El subcomité está presidido por el republicano Don Young, que esta semana visitó Puerto Rico.

"El sistema actual le cuesta más a Estados Unidos  que cualquier 'estadidad'", dijo el controvertido legislador en este sentido, al tiempo que defendió que la anexión dará a Puerto Rico "una oportunidad de mejorar su economía, de mantener a su juventud aquí, de recibir inversionistas que en estos momentos no se reciben".

En la víspera, los demócratas boricuas del Congreso presentarán el martes el documental "La última colonia", del cineasta puertorriqueño Juan Agustín Márquez, en el salón de audiencias 2237 del edificio Rayburn de la Cámara a las 3:00 p.m..

El documental contiene entrevistas con los puertorriqueños del Congreso, el propio Young, políticos de la isla y varios expertos.

Esta vista tiene lugar en un contexto particularmente complicado para Puerto Rico, ya que su Gobierno está tratando de apurar los últimos días de plazo para negociar el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Con una deuda de más de $9,000 millones, esta empresa ya ha sido incapaz de hacer frente a algún vencimiento de deuda y se teme que no alcance un acuerdo con los bonistas en los próximos días, lo que le forzaría a declararse en suspensión de pagos.

Además, está a punto de expirar el actual ejercicio fiscal, sin que aún se haya logrado aprobar el presupuesto del próximo, y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) -el brazo financiero del Gobierno- reconoce no tener fondos para iniciar el nuevo año fiscal, ya que se encuentra también al borde de la insolvencia, al igual que el sistema de retiro del Gobierno.

Antes de la vista de Washington, el Comité de Descolonización de Naciones Unidas mantendrá mañana, lunes, en Nueva York una nueva sesión sobre el estatus de Puerto Rico, en la que está previsto que la isla denuncie la Ley de Cabotaje impuesta por Estados Unidos .

Esta ley, vigente desde 1900, obliga a que los barcos que transportan mercancías a la isla sean de tripulación, bandera y fabricación estadounidense, lo que, según sus datos, encarece el transporte entre un 25 y un 40 % y lastra la economía local.

Con la iniciativa se busca acabar una normativa que le cuesta a Puerto Rico más de $200 millones anuales, por el hecho de no tener otra alternativa posible al uso de la marina mercante de EE.UU.

Es previsible que un año más el Comité de Descolonización de la ONU apruebe una resolución que reconozca el derecho inalienable de Puerto Rico a la libre determinación e independencia.

Así ha ocurrido durante la última década. El año pasado la resolución fue presentada por Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela y exhortaba a Estados Unidos  a "asumir su responsabilidad" en acelerar un proceso para que los puertorriqueños ejerzan "su derecho inalienable a la libre determinación e independencia".

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