ORLANDO, Florida. Como muchos puertorriqueños que huyeron a territorio continental estadounidense tras el paso del huracán María por la isla, José Santiago ha tenido problemas para encontrar un lugar en el que vivir. Las ayudas federales que pagan el hotel en el que se aloja cerca del aeropuerto de Orlando terminan el viernes.

Ha visitado complejos de departamentos, pero su nombre pasa a las listas de espera. Ha solicitado ayudas a la vivienda a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), pero no le darán dinero a no ser que tenga un alquiler y no puede firmar un contrato de arrendamiento sin dinero para hacer el depósito y para el primer y el último mes.

Santiago, de 40 años, solo puede permitirse pagar entre $500 y $800 con su empleo manejando autos para una casa de subastas. En este momento, está dispuesto a alquilar apenas un cuarto para tener un techo bajo el que vivir.

La cuenta atrás para cientos de puertorriqueños desplazados que dependen de las ayudas federales para pagar sus habitaciones de hotel comenzó a finales del mes pasado. Un magistrado federal de Massachusetts fijó el viernes como la fecha tope para el final de las ayudas luego de rechazar una iniciativa para obligar a la FEMA a mantener el programa. El fallo del juez de distrito Timothy Hillman, quien dijo estar angustiado por su decisión, puso fin a casi tres meses de desafíos legales y ampliaciones.

Hasta el martes, más de 600 familias se beneficiaban de los cheques en territorio continental, y más de la mitad de ellas están en Florida. Casi 400 familias más reciben la ayuda en la isla.

La decisión judicial está obligando a Idalis Fernández a separar a su familia. Su esposo y su hijo Adrián, de dos años, regresarán a Puerto Rico, donde su familia puede atender al pequeño y su pareja tiene un trabajo esperándolo. Ella se quedará en Florida, donde trabaja como cocinera en Walt Disney World y el hijo mayor de la pareja, Alexander, de 11 años, va bien en la escuela.

Encontrar un departamento ha sido difícil ya que muchas empresas piden que su salario sea tres veces mayor que el alquiler mensual, explicó.

La FEMA no ha hecho suficiente por los evacuados, lo que obligó a gobiernos locales y a organizaciones reforzar su labor, según los críticos.

“Ahora, la localización (de las familias) elegida en un momento de profunda urgencia y desastre está afectando a su capacidad para encontrar una vivienda. Esto es exactamente lo que estábamos tratando de evitar”, señaló Natasha Lycia Ora Bannan, una abogada de LatinoJustice PRLDEF, que presentó la demanda contra la agencia federal.

La FEMA, ocupada con los preparativos para la llegada del huracán Florence a la Costa Este, no respondió esta semana a un correo electrónico pidiendo comentarios. La agencia explicó en el pasado que dio varias opciones de alojamiento a las personas que se quedaron sin casa tras el paso de María, que azotó Puerto Rico hace prácticamente un año. Además, rechazó las sugerencias de que los evacuados por este meteoro recibían un trato diferente a los desplazados por los que sacudieron Texas y Florida también el año pasado.

En documentos judiciales presentados el mes pasado, la agencia dijo que Puerto Rico recibió $3,900 millones en ayudas para el huracán María, frente a los 2.400 millones que recibió Texas por el Harvey y los $1,100 millones a Florida por Irma.

En el centro de Florida, United Way ofrece hasta $5,000 para depósitos de fianza para algunas familias. En la ciudad de Nueva York, más de 540 puertorriqueños evacuados entraron ya en el sistema de alojamientos municipales y otras 30 familias podrían adherirse al programa cuando expiren los vales para hoteles.

Massachusetts, el estado con el segundo mayor número de familias desplazadas por detrás de Florida, permitirá que las familias con hijos y las personas con problemas médicos sigan temporalmente en hoteles que serán costeados por el estado, señaló Gina Plata-Nino, abogada del Central West Justice Center. El gobierno regional también proporcionará ayudas al alquiler durante un año para ayudar a los evacuados en la transición a un alojamiento más permanente, agregó.

Pero más de dos docenas de familias de Massachusetts que no cumplen los requisitos para entrar al programa se quedarán sin vivienda el viernes, según Plata-Nino.

El congresista Darren Soto, cuyo equipo trabajó esta semana en tres hoteles del centro de Florida asesorando a los desplazados, culpó de la situación al presidente Donald Trump y a un Congreso dominado por los republicanos que no aprobó ayudas adicionales.

“El presidente Trump, a día de hoy, no ha reconocido no solo la falta de recursos y la lenta respuesta, sino tampoco los problemas que sigue habiendo en Puerto Rico”, señaló Soto, un demócrata cuyo distrito incluye parte del área metropolitana de Orlando. “Esto no tendría que ser así”.

Trump dijo esta semana que la respuesta al huracán María fue “un éxito increíble e ignorado” y afirmó que su gobierno hizo un “gran trabajo poco apreciado”.

El gobierno de Puerto Rico elevó el mes pasado la cifra oficial de fallecidos a causa de María de 64 a 2.975 personas.