A raíz de la preocupación que ha desatado entre la comunidad de inmigrantes la nueva política migratoria anunciada por el presidente Donald Trump, y las redadas que ya se han estado produciendo para ponerla en vigor, el licenciado Fidel Octavio Osorio Ovalles, abogado con amplia experiencia en temas migratorios, aclaró que las autoridades locales, entiéndase estatales y municipales en el caso de Puerto Rico, no están obligadas a colaborar con los operativos federales, pues “la Constitución de los Estados Unidos le da soberanía a los estados, y el presidente, en estos momentos, no puede ordenar hacer nada a los gobiernos estatales, y eso incluye el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Así que queda en manos de los gobiernos estatales “decidir si intervienen o no”.

Sin embargo, aclaró, el presidente “ya ha advertido que no va a permitir que existan paraísos para inmigrantes, y en ese sentido puede empezar a cortar algún tipo de ayuda federal si no suceden algunas cosas, si de alguna forma no reciben apoyo, o, más que apoyo, más bien no entorpecen el trabajo de las autoridades federales. Porque para hacer valer las leyes federales solamente las pueden hacer valer con autoridades federales”.

Agregó que, en estos momentos, “la Policía de Puerto Rico no le puede pedir a ningún inmigrante ningún tipo de documentación, ni tampoco puede arrestar a una persona por el mero hecho de ser inmigrante. La Policía de Puerto Rico sí puede arrestar a una persona si lo ve cometiendo un delito, y eso es irrespectivo de si usted es inmigrante o no”.

Sin embargo, si la Policía arresta a un inmigrante sin documentos por un delito, “no se supone” que notifiquen a las autoridades federales sobre esa persona sin documentos, “Ningún oficial del orden público puede, en este momento, llamar a ICE para que ICE te lleve y te deporte”, insistió, aunque admitió que ese escenario podría cambiar en el futuro.

No obstante, acotó, “el gobierno (de Puerto Rico), si verdaderamente tiene un compromiso con la comunidad inmigrante, podría hacer una orden ejecutiva al respecto, y ordenar entonces a su comisionado de la Policía hacer lo propio”, explicó.

Recordó también que “hay ciertos delitos que por acuerdos que existen, acuerdos colaborativos entre el gobierno federal y el gobierno estatal, automáticamente sí están obligados a notificarlos”, como sería, por ejemplo, en lo que constituye una de las situaciones más comunes, un caso de Ley 54. “Si usted es un inmigrante y no tiene documentos, y aunque tenga documentos, puede ser hasta residente permanente de los Estados Unidos con su tarjeta verde, y a usted lo acusan de Ley 54, aunque usted el caso se caiga o salga no culpable del caso de Ley 54, con toda probabilidad va a tener un proceso de inmigración para removerlo de los Estados Unidos. Se lo digo por experiencia”.

En todo caso, Osorio Ovalles indicó que, como recomendación general a todo inmigrante, “número uno: si usted no ha empezado su proceso de inmigración y tiene la forma de hacerlo, empiécelo ahora”.

“Número dos: si usted tiene un proceso ya avanzado de inmigración, sáquele copia a las notificaciones de inmigración y ande con ellas encima”.

“Número tres: si usted no tiene ni la una ni la otra, evite lugares donde pueda haber aglomeración de personas, y donde se pueda estar cometiendo algún crimen o hay posibilidades que se pueda formar una pelea”.

Además, “si llegan a su casa, una orden de deportación no es una orden de allanamiento, así que se supone que no puedan entrar, y si lo detienen se puede mantener en silencio”.

Osorio Ovalles recordó que en estos momentos Inmigración tiene una enorme acumulación de casos y peticiones, por lo que todas las solicitudes están tomando bastante tiempo en atenderse. Recordó también que “ni radicar peticiones, ni tener un recibo de las peticiones, e incluso, ni siquiera tener una petición aprobada garantiza le garantiza a usted ningún beneficio de inmigración”. Sin embargo, “es un disuasivo para que a usted lo mantengan detenido” y debe andar con copia de esas peticiones en su bolsillo para que las pueda mostrar a los agentes federales, y de esa forma, al menos en principio, ayudaría a evitar que se inicie un proceso de deportación en su contra.

Asimismo, en lo que respecta al idioma que se use durante un proceso contra un inmigrante, detalló que, si la persona es detenida, la llevan a un centro de detención, donde le toman fotos, huellas, y verifican si tiene antecedentes penales, orden de deportación pendiente o de igual forma algún proceso de inmigración en curso, y “ahí ellos deciden si lo sueltan o no. Si en efecto usted tiene derecho a un proceso de migración, es decir, si tiene más de dos años en los Estados Unidos, que usted tiene derecho a ir donde un juez de migración, el proceso se hace en el idioma que usted escoja. Inmigración tiene una batería de traductores, y si el idioma es el creole, que es el idioma por ejemplo de los haitianos, pues hay que buscar un intérprete de creole”.