En aras de proteger las pensiones de sus miembros, la Asociación de Maestros llegó a un acuerdo tentativo con la Junta de Supervisión Fiscal que incluye, entre otras cosas, una aportación del gobierno al plan médico de $170 mensual.

El pacto, que estipula que los maestros recibirán una pensión asegurada y no el 4% de su retiro, deberá ahora ser ratificado por los miembros en una votación secreta que se llevará a cabo el próximo 10 de junio.

El propuesto plan de ajuste también incluye que el Fondo de Pensiones será convertido en un fideicomiso donde los maestros tengan participación, un rechazo a cualquier recorte en las pensiones, un convenio colectivo con todos sus términos por cinco años, seguro social para aquellos maestros menores de 50 años y un bono al firmar.

El acuerdo tentativo también deberá contar con el aval de la jueza Taylor Swain en el caso federal de quiebras.

“Hay una realidad que nadie puede negar: la obligación del gobierno con el retiro de los maestros es una deuda no asegurada dentro del proceso de quiebra.  El magisterio no puede quedarse de brazos cruzados y quedarse último en la línea de pago. Por eso, nos sentamos a negociar una propuesta tentativa que no es perfecta, pero que protege nuestro futuro a largo plazo”, explicó la presidenta del gremio, Aida Díaz, en declaraciones escritas.

Con un voto simbólico a favor del 87% de los delegados presentes, la Asociación de Maestros aprobó este fin de semana realizar un proceso de educación y consulta a todos sus miembros sobre una propuesta tentativa para evitar que las pensiones del magisterio queden desprotegidas en el proceso de quiebra.

 “En este proceso, la Asociación se mantiene firme en su rechazo a cualquier recorte en las pensiones. No obstante, en los procesos de quiebra las partes tienen que luchar y negociar para conseguir todo lo que se pueda. Este acuerdo tentativo es el producto de ese proceso de lucha”, añadió la secretaria general de la Unión AMPR-Local Sindical, Grichelle Toledo.

Asimismo, expresaron que la propuesta incluye “lenguaje claro” que establece que, si el gobierno logra términos económicos más favorables para cualquier otro empleado, serán aplicables a los maestros.

La Asociación informó que estará realizando visitas regionales esta semana para educar a sus miembros sobre el acuerdo propuesto.

Habla el gobierno 

Posteriormente, el gobernador Ricardo Rosselló reiteró su llamado a “defender” a los jubilados y sus pensiones.

“A las uniones: No es opción ser cómplices de la Junta para justificar un golpe adicional a los pensionados, traicionando a quienes alegan representar”, escribió en sus redes sociales.

Asimismo, el director ejecutivo de la Autoridad de Agencia Fiscal y Asesoría Financiera de Puerto Rico (Aafaf), Christian Sobrino Vega, se expresó en torno a lo sucedido.

“[La] presidenta de la Asociación de Maestros, ha indicado que es la postura legal de su organización que ‘la obligación del Gobierno con el retiro de los maestros es una deuda no asegurada dentro del proceso de quiebra’. Desde el 2017, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, la Asamblea Legislativa y Aafaf han argumentado totalmente lo contrario”, indicó por escrito.

“La postura de la Asociación de Maestros equivale a una entrega total de nuestros pensionados a cambio de nada. Rechazamos vehementemente la postura de la señora Díaz y su organización de que los pensionados no merecen una consideración en el proceso de quiebras más allá de otro acreedor general no garantizado. Esta postura es una peligrosa que amenaza a nuestros pensionados sin consideración de los postulados básicos de nuestra jurisprudencia”, opinó.