A más de un mes de la implantación del toque de queda y del cierre comercial como medida para controlar la propagación del contagio por COVID-19, y ante la reciente discusión para una eventual “normalización” económica del País, la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR), alertó sobre el peligro de reabrir el comercio y la actividad industrial a principios del mes de mayo.

La Junta de la AEPR, por voz de su presidente, Heriberto Martínez Otero, recomendó que se adopten una serie de criterios antes de reabrir la actividad económica. “En primer lugar, la salud y el bienestar de los ciudadanos debe ser la prioridad en cualquier plan estratégico del Estado para atemperar la crisis del COVID-19. Sin salud, no se puede acudir a los centros de trabajo, ni asistir a las escuelas, ni realizar actividades de consumo. Por tanto, recomendamos mantener las medidas de aislamiento social hasta que bajen de forma definitiva los contagios y las muertes por causa del virus. No obstante, para que los ciudadanos puedan mantener el aislamiento social, el gobierno debe garantizar las condiciones materiales y salubristas que les permitan quedarse en sus casas durante el tiempo necesario para proteger su salud y satisfacer sus necesidades básicas. Para lograrlo, hay que adoptar políticas públicas encaminadas a asegurar los ingresos básicos que garanticen la seguridad alimentaria por varios meses”, estableció Martínez Otero en declaraciones escritas.

Con respecto a las pruebas, recomendó, que se debe poner en vigor la Ley sobre el Empleador Único para permitir que profesionales de la salud que no están destacados actualmente en hospitales puedan hacer las visitas y administrarlas. Además, agregó, activar a empleados públicos que actualmente están en sus hogares para el procesamiento de reclamaciones de los pagos por Seguro de Desempleo, y acelerarse los trámites del subsidio federal a todo beneficiario del Seguro Social.

“La Junta de Control Fiscal ha reiterado que el gobierno no ha utilizado todos los fondos asignados para combatir la crisis del COVID-19. Por lo que recomendamos utilizar dichos fondos, así como las reservas del pago de la deuda pública para ayudar a las personas y a las PYMES, y para comprar equipo de salud y otros suministros médicos”, destacó el economista.

No obstante, advirtió que liberar para mayo algunas actividades productivas -como ha sugerido la gobernadora Wanda Vázquez que hará-, “puede provocar un repunte en los contagios en el País y tener que volver al cierre total de la economía por un tiempo más extenso. Tanto en el corto como en el largo plazo, el resultado podría agravar más aún la contracción en el Producto Nacional Bruto Real de Puerto Rico, el cual ha acumulado una reducción de 19% entre el 2007 al 2017. Si, a pesar de los factores adversos señalados, el gobierno reabre la economía, sólo la producción considerada esencial deberá permitirse a la vez que exigir a los patronos que tomen medidas para proteger la vida de los trabajadores, incluyendo: proveer equipo de seguridad y protección en el trabajo, aportación para un seguro médico, licencia de enfermedad, y salarios cónsonos con el costo de vida. Dichas medidas deben ser para todo el personal sin importar su situación contractual y jornada laboral. Si las personas deben exponer sus vidas para salir a trabajar, entonces deben tener las protecciones adecuadas. De lo contrario, no deben regresar al trabajo”.

“Nos preocupa la falta de una estrategia regional para enfrentar la pandemia del coronavirus. Se recomienda una mayor comunicación y coordinación entre el gobierno de Puerto Rico y los de Texas, Florida, New York, y New Jersey; de donde procede el mayor flujo de vuelos y pasajeros desde Estados Unidos. Así también, debe estrecharse la comunicación con los gobiernos de la región del Caribe para intercambiar visiones y estrategias de cómo enfrentar la pandemia en un espacio geográfico similar”, agregó.

“Entendemos que aún no existen las condiciones, ni de seguridad sanitaria ni de mercado, para reabrir la actividad económica. Una apertura prematura de la actividad comercial podría hacerle más daño a la salud y a la economía de Puerto Rico. Aprendamos de las experiencias de otros países”, concluyó el economista.