ASES investiga el cumplimiento en servicios de salud mental
La agencia reguladora emitió recientiemente varias normativas a las aseguradoras participantes de Vital para asegurar un mejor servicio de salud mental.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 3 años.
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La Administración de Seguros de Salud (ASES) está cerca de terminar una importante investigación para determinar si las aseguradoras por el plan Vital de salud del gobierno están cumpliendo con todos los reglamentos federales y estatales con respecto a los servicios de salud mental.
Según explicó el director ejecutivo de ASES, Jorge Galva, la investigación abarca un sinnúmero de aspectos que incluyen la accesibilidad de la red de la aseguradora a servicios de salud mental y su efectividad, la calidad de esos servicios y el nivel de satisfacción de la población.
Una vez termine la pesquisa, sostuvo Galva, se anunciarían las infracciones detectadas y los planes para corregirlas que deberán llevar a cabo las aseguras. De no cumplir con esos planes correctivos, se exponen a multas que podría alcanzar los cientos de miles de dólares por infracción.
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El directivo recordó que Puerto Rico “ha pasado por una serie de eventos que han supuesto un estrés muy significativo para nuestra población”, como el huracán María en 2017, los terremotos del 2020 y la pandemia del COVID-19, y sostuvo que los resultados iniciales de la investigación han permitido constatar que está ocurriendo “una utilización incrementada de servicios de salud mental, una necesidad de servicios de salud mental y una necesidad de servicios de salud mental muchísimo más aguda por parte de nuestra población”.
Galva comentó que ASES, “como encargado de programa de Medicaid en Puerto Rico”, está además bajo un “análisis de la paridad de servicios de salud mental de Medicaid”, y están desarrollando varias iniciativas para asegurar que la cobertura de servicios de salud mentar de los beneficiarios de Vital “es adecuada y a la altura de las necesidades de nuestros beneficiarios de salud mental”.
Recordó que, según diversos estudios, se estima que el 20% de la población general en Puerto Rico “tiene algún tipo de afección de salud mental”. Si se usa el plan vitar como ejemplo estadístico de esa representación, “podríamos tener más de 300,000 personas dentro del plan Vital que necesitarían algún tipo de servicio de salud mental”. Vital cubre actualmente a alrededor de 1.5 millones de personas.
“Por lo tanto, el que nosotros tengamos servicios de salud mental a la altura de las necesidades de los beneficiarios, es absolutamente necesario”, afirmó. “Hemos visto incrementos en la utilización de la Línea PAS, se han visto incrementos en el número de suicidios y tenemos evidencia prima facie de que la utilización de los servicios de salud mental, tanto ambulatorios como hospitalizados, ha aumentado”.
Destacó que los esfuerzos se han enfocado en verificar la paridad, entiéndase “que mis servicios de salud mental, al compararlos con los servicios de salud física, son idénticos. En otras palabras, que no existen barreras al acceso de los servicios de salud mental, ya sea por situaciones financieras o por limitaciones no cuantitativas del tratamiento (limitación del número de visitas ambulatorias, limitación de días de hospitalización que requiera el paciente, o no tener disponible el número adecuado de proveedores de salud, entre otros)”.
Agregó que, como otra medida para atender el tema de los servicios de salud mental, ASES envió una carta normativa a todas las aseguradoras participantes de Vital, para que requerirles “que contrataran con todos los hospitales de salud mental, sin excepción”. Agregó que, al presente, eso se ha logrado, con la excepción del Hospital Federico Trilla de la Universidad de Puerto Rico (UPR), con el que hay negociaciones en curso que esperan concluyan satisfactoriamente.
Asimismo, enviaron otra carta normativa, para instruir a las aseguradoras que normalizaran los términos de contratación para la estadía de pacientes de salud mental, de manera que provean una cobertura de hasta 15 días dentro de cualquier periodo de 30 días, a tono con las normas de Medicaid.
“Queremos asegurarnos de que no haya ninguna disposición contractual que afecte a los pacientes para esos términos de cubierta. Tenemos que subrayar que las directrices de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid establecen equidad en los servicios de salud. Nosotros vamos a cumplir con nuestra obligación y velaremos por los derechos de nuestros beneficiarios”, insistió Galva.