Un grupo de 27 organizaciones ambientales y sociales le solicitaron a la jueza Laura Taylor Swain mediante una carta que no apruebe el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), porque estiman que conllevará consecuencias adversas para los recursos naturales y la salud ambiental.

En la misiva, las organizaciones sostienen que este nuevo plan incluye cambios a leyes laborales, de impuesto y regulaciones para permitir que nuevos desarrollos se lleven a cabo en Puerto Rico a través del desmantelamiento de procesos de permisos.

“No solo nos expone a un pago insostenible de la deuda, además nos quiere obligar a implementar reformas estructurales que le harán mucho daño al pueblo de Puerto Rico, incluyendo nuestro medio ambiente”, expresó Eva Prados, del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda.

Además, las organizaciones entienden que el propósito de este nuevo plan es traer negocios con la esperanza de que se cree un excedente monetario para la mejora económica de Puerto Rico.

“Queremos llamar la atención a las consecuencias nefastas que el Plan de Ajuste va a tener en la salud, el ambiente y nuestra capacidad de atender el cambio climático. El asunto de la deuda de Puerto Rico también es un asunto ambiental. Por eso, le pedimos a la jueza que preste mayor atención a este tema según lo evalúa, particularmente el impacto que tendrá la flexibilización de los permisos de construcción y las regulaciones que protegen el ambiente y a las comunidades”, señaló Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente-Enlace Latino de Acción Climática.

“Mientras en otros países están evaluando métricas para viabilizar el desarrollo sostenible en el sector turístico para proteger a los locales y a sus recursos naturales, en Puerto Rico buscan sentenciar a muerte a uno de los atractivos más importantes para los turistas: los ecosistemas y su biodiversidad”, agregó Amy Orta Rivera, también de El Puente.

Aquellos que firmaron la carta dirigida a la jueza resaltaron que, aunque la Junta de Control Fiscal utiliza una publicación del Banco Mundial- Doing Business- como parte de sus razones para validar que los cambios en regulaciones ayudan a atraer negocios, el Banco Mundial descontinuó la publicación de los reportes de Doing Business en septiembre de este año por alegadas irregularidades éticas encontradas entre 2018 y 2020.

“Tanto el Gobierno de Puerto Rico, particularmente el secretario de Recursos Naturales y Ambientales, como la Junta de Control Fiscal utilizan el ajuste de la deuda como excusa para aprobar y construir proyectos sin límites, afectando así áreas naturales y la salud ambiental. A la larga esto afecta a Puerto Rico y hace menos factible aún el pago de la deuda en el futuro”, dijo el abogado ambientalista Pedro Saadé.

“Las personas que vivimos en comunidades vulnerables donde se carece de ecojusticia, estaríamos más expuestas a la degradación de nuestro medio ambiente y por consiguiente de nuestra salud si estas regulaciones ambientales son eliminadas. Sería nefasto para el desarrollo integral y sostenible de Puerto Rico que perdamos las pocas leyes y regulaciones de acceso a la justicia ambiental que actualmente nos cobijan”, puntualizó la reverenda Sary Rosario, de la Hermandad Pastoral de Puerto Nuevo.