APS Healthcare Puerto Rico, la corporación contratada para proveer y administrar servicios de salud mental a los 1.8 millones de beneficiarios del plan médico del Gobierno, está incumpliendo con la ley y con sus pacientes.

Mientras, las agencias encargadas de supervisar a APS se quedan de brazos cruzados, según concluyó una abarcadora investigación legislativa, divulgada hoy por la senadora Rossana López.

“Los hallazgos nos alarman aún más cuando hablamos de suicidios, violencia doméstica, asesinatos… porque la salud mental es importantísima para atender estos problemas”, manifestó, en entrevista con este medio, la presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social, quien hoy presentó al pleno de la Cámara Alta el informe parcial de la Resolución del Senado 249.

El documento es preliminar porque aún faltan por investigar “los hospitales psiquiátricos, adicción y uso de drogas y lo que se refiere a servicios de salud mental a la población correccional”, contextualizó la senadora.

Sin embargo, con los testimonios, vistas públicas y reportes que la Comisión ha analizado hasta el momento, se reveló un patrón de constantes limitaciones a los servicios que necesitan los pacientes y a los que por ley tienen derecho.

Además, López destacó que la indagación legislativa documentó la virtual inexistencia del modelo de cuidado integrado para el que APS fue contratada, toda vez que la compañía exige a los pacientes acudir a una de sus clínicas para recibir servicios preventivos de salud mental, cuando se supone que los provea en el mismo centro primario donde se atiende la salud física.

“El sistema actual mantiene la administración de las cubiertas de salud física y la salud mental separada y administrada por dos diferentes aseguradoras. (…) Las normas y procedimientos establecidos por la APS violentan los principios que deben regir el sistema de cuidado y limitan el acceso del paciente a los servicios que necesitan”, expone el informe.

Más aún, el documento de 86 páginas constata múltiples instancias de interferencia indebida con el suplido de medicamentos; esperas que exceden los plazos dispuestos en ley; tácticas de APS para no pagar por los servicios que profesionales y psiquiatras determinaron necesarios, entre muchas otras violaciones e incumplimientos.

La senadora López denunció también que APS no proveyó toda la información que la Comisión solicitó para descargar su deber. “Proveyeron las estadísticas de forma desorganizada y pensaron que no las íbamos a examinar. Y aunque son de ellos mismos, coinciden con lo que escuchamos en vistas públicas”, sostuvo.

Con ello se refirió a testimonios sobre casos tan urgentes como los de pacientes con tendencias suicidas, que no han tenido acceso a servicios de emergencia, porque “APS requiere que vaya a una sala estabilizadora antes”, lamentó.

“Si una persona tiene problemas de adicción y tiene intento suicida, APS no le quiere dar el servicio”, agregó.

Durante las vistas públicas se recogieron además testimonios de psiquiatras que criticaron el hecho de que cuando un paciente – tras ser estabilizado durante una hospitalización psiquiátrica – llega a una clínica de APS, allí le cambian su protocolo de cuidado por medicinas más económicas, sin tomar en cuenta los efectos secundarios que puede acarrear ese cambio súbito.

Precisó que a menudo la proveedora de servicios autoriza solo cinco días de hospitalización, “cuando el estándar de cuidado para una persona que ni siquiera tenga una enfermedad mental crónica es de es de siete días”.

Mientras, cuando hay casos más severos, APS procura trasladarlos al único hospital siquiátrico del Estado, en San Juan, a fin de no tener que pagar por su cuidado.

“No hay uniformidad de criterio, ni de guías clínicas”, manifestó.

CULPA COMPARTIDA

No obstante, el informe de la Comisión es claro al señalar a la Administración de Seguros de Salud (ASES) y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) como cómplices de los incumplimientos de APS con la Ley 408 de Salud Mental de Puerto Rico. “De la información recopilada y recibida, resulta suficiente afirmar que existen incumplimientos por parte de Assmca, ASES y APS, ya que no proceden según mandan sus leyes orgánicas y el contrato habido entre la ASES y APS. Lo anterior al estas permitir la limitación de acceso a los beneficios incluidos en las cubiertas de salud mental”, concluye el documento

 “Ninguna de las dos agencias y la asegurada que se supone reglamenten, administren y presente los servicios de salud mental, cumplen con el propósito de proveer guías clínicas claras y específicas a los proveedores sobre el manejo de condiciones y las expectativas de la entidad reguladora, según lo testificara un psiquiatra en audiencia ejecutiva”, se confirma en la página 16 del informe.

 La mención de una “audiencia ejecutiva”, es decir, no abierta al público, es una muestra de cómo psiquiatras y otros profesionales decidieron dar su testimonio en privado, por temor a que APS, la única proveedora actualmente, tomara represalias económicas.

“Muchos de los profesionales de la salud nos pidieron confidencialidad porque temen que APS les cancele los contratos”, indicó López.

PROPONEN ENTE FISCALIZADOR 

De cara a ese riesgo, representantes de entidades profesionales como la Alianza Salud para el Pueblo, la Asociación Puertorriqueña de Psiquiatras de Niños y Adolescentes (Appna), el Colegio de Profesionales del Trabajo Social y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) presentaron hoy sus soluciones para resolver la “agonizante” situación actual en los servicios de salud mental, que catalogaron de “agonizante”

“Tal parece que Ases tiene el control sobre lo que será el futuro de la salud mental por los próximos tres años. Y es nuestro interés recalcar que nuestra organización no apoya ni aprueba a ninguna empresa en particular”, destacó la doctora Myrangelisse Ríos Pelati, de Appna

“Hemos sido testigos de cómo se ha desmembrado el sistema público de salud mental. Cómo se ha desmantelado la red de seguridad y de servicios críticos como lo son los de niños y adolescentes”, señaló, por su parte, la doctora Sara Huertas, quien en el pasado fue subadministradora de Assmaca y hoy representó a la Alianza Salud para el Pueblo.

“La solución está en las cuentas claras”, afirmó

Para ello, el grupo reclamó y recomendó crear “por ley una Junta de Evaluación adjunta a Assmaca, constituida por profesionales de la salud mental”.

“Ese cuerpo vigilaría cómo se redactan los contratos, cómo se implementan los servicios y también con qué calidad se proveen”, explicó Ríos Pelati

“Se recomienda al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico como centro de esta Junta y al comité de Salud Mental del Colegio de Médicos”, agregó

El grupo también exigió al gobierno tomar acción inmediata para evitar el cierre de los servicios que aún administra Assmca y en los servicios pediátricos, que – según indicaron – llevan “meses en jaque”.

 Por su parte, el líder sindical Manuel Perfecto, quien estuvo en apoyo a la coalición de expertos en salud mental, aseguró que el primer paso es sacar del panorama a APS

“Si los recursos millonarios que se le han pagado a APS por un servicio ineficiente se hubieran destinado a ASSMCA, el resultado fuera otro y esta agencia contaría con mayores recursos económicos para mejorar sus servicios de salud mental en el país”, arguyó el dirigente de la Unión General de Trabajadores.