Ante los cambios regulatorios y nuevos requisitos que se avecinan con el programa federal Medicaid, y por consiguiente, su impacto en los beneficiarios del plan de salud del Gobierno de Puerto Rico conocido como Plan Vital –y ante los desafíos que experimenta la industria de la salud en la isla con el del éxodo de profesionales– los Centros de Salud Primarios mejor conocido como los Centros 330, jugarán un papel protagónico, pero no estarán exentos de retos, aseguró la doctora Gloria Amador Fernández, presidenta y principal oficial ejecutivo de Salud Integral en la Montaña (SIM) y presidenta de la Alianza de Centros de Salud Comunitaria, Inc.

“Los Centros de Salud 330 van a ser esa opción que va a tener ese paciente que va a quedar descertificado o inelegible, y de cómo yo me voy a mantener en operaciones, cómo voy a dar el ‘charity’ a esos pacientes que vienen al Centro 330. Esto es mucho más complicado de lo que nosotros podemos imaginar, ya que habrá muchos grupos médicos que tendrán que cerrar, ya que no podrán tener ninguna ganancia dentro de sus operaciones. Eso quiere decir que van a despedir empleados porque no habrá como pagarles, y va a haber un movimiento de pacientes a grupos nuevos, o grupos existentes que van a desaparecer, y obviamente esos pacientes tendrán que moverse a otro lugar, quedando menos grupos de proveedores en la isla. Todos sabemos el problema que hay de retención de profesionales en el país. Esto lo que va a hacer es recrudecer ese proceso de éxodo que está pasando en Puerto Rico”, declaró Amador Fernández durante el vigésimo tercer foro anual de la industria de la salud, del Colegio de Contadores públicos Autorizados (Colegio de CPA).

Según Amador Fernández, todo paciente de Medicaid que se quede sin cubierta médica y requiera de un Centro 330, tiene que pasar por un proceso similar a la recertificación de Medicaid. Al paciente se le va a hacer un análisis de capacidad de pago, donde se miran los ingresos y la composición familiar, que son básicamente los mismos documentos que tienen que llevar a Medicaid para recertificarse, para poder determinar qué descuento va a recibir ese paciente, dentro de los servicios que los Centros 330 pueden prestar.

“Si tiene una capacidad de pago del 50%, va a pagar digamos $50 en la clínica. Lo que lo hace diferente es que ese paciente quizás no pueda pagar los $50, y el Centro 330, como ente federal, le hace un plan de pago a ese paciente, y si ese paciente después de las gestiones de cobro no paga, hay que tirarlo a pérdida y reportarlo en el ‘cost report’ de Medicare. Eso tiene otras implicaciones, el Centro 330 va a facturar o cobrar menos, tirar a perdida estos costos y aunque lo recobre por otro lado, nunca va a ser lo que nosotros cobramos como prima”, abundó Amador Fernández.

La presidenta de SIM y de la Alianza de Centros de Salud Comunitaria detalló, que, en el caso de la Alianza, hay 12 centros multidisciplinarios “Federally Qualified Health Centers” (FQHC) que representan el 74.3% de la población Medicaid entre todos los FQHC en Puerto Rico, y el 15% de la población general de Medicaid en la isla. La Alianza cuenta con 45 localidades en 40 municipios, y al mes de julio mantenía 183,230 beneficiarios y 369 especialistas atendiendo condiciones crónicas a nivel de todo Puerto Rico.

Entre las recomendaciones esbozadas por la doctora Amador Fernández durante su participación en el Foro, figuran crear comité en el Colegio de CPA para realizar análisis del impacto económico a nivel isla por las recertificaciones no completadas; orientación para el uso del app de ASES (Administración de Seguros de Salud) o el Portal del Ciudadano para el proceso de recertificación; coordinar con Medicaid la disponibilidad de los listados de recertificaciones con 90 días de anticipación; evaluar la oportunidad de nuevas estrategias de alcance comunitario con los alcaldes; y evaluar la creación de una cubierta intermedia para los no asegurados con una prima razonable, basada en sus ingresos y que sean los Centros 330 y grupos médicos con capacidad de servicios los que provean la cubierta.

“El Colegio de CPA debe de continuar participando de los asuntos de política pública relacionados a la salud. Tenemos que estar a la vanguardia, no esperar a que llegue la ley, sino participando y velando lo que sucede en el país. La industria de la salud representa el 27% de toda la economía del país, así que nosotros tenemos la voz cantante de Puerto Rico. También, hay que continuar los esfuerzos colaborativos entre los centros, los grupos médicos y las aseguradoras”, concluyó Amador Fernández.