Cuatro manifestantes que bloqueaban desde temprano el acceso al Centro Gubernamental Minillas en Santurce para exigir justicia salarial fueron arrestados por agentes de la Unidad de Arrestos Especiales de la Policía.

Los hombres fueron detenidos por “obstruir el acceso o las labores a edificios en donde se ofrecen servicios gubernamentales al público”, según indica el informe de novedades de la Policía. Estos no han sido identificados hasta el momento.

Los trabajadores del gremio ProSol-UTIER intentaron paralizar las labores del centro para urgir que se comience el proceso de negociación colectiva detenido desde el 2014 por la entonces Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 66, según explicaron.

“Cerramos el edificio. Hoy llegó el ‘Carreteras Flu’. Nos unimos al llamado de cientos de servidores públicos que exigen justicia salarial, mejores condiciones de trabajo y un retiro digno”, expresó en declaraciones escritas el presidente del capítulo de la Autoridad de Carreteras de ProSol-UTIER, Ángel Pinto Rivera.

“Aquí en la Autoridad de Carreteras hubo en diciembre un aumento salarial de $1,200 mensuales a los ingenieros de proyectos. Para ellos sí apareció dinero, pero para los demás trabajadores no. Exigimos trato igual. Hoy aquí nadie entra al edificio”, afirmó Pinto Rivera.

El líder sindical justificó el reclamo amparado en que los empleados unionados realizan las tareas que fundamentan el salario de los ingenieros de proyectos, el alza en el costo de vida y en haber estado más de una década sin ajuste de salario.

“Mientras en la Autoridad de Carreteras existen puestos que pagan el salario mínimo, los empleados de contratos federales comenzaron a cobrar a raíz de $15 la hora a partir de enero de 2022. Nosotros en Carreteras cobramos de fondos federales mediante un proceso de reembolso. Entendemos que merecemos igual trato, es lo justo”, señaló Pinto Rivera.

Denunció, además, que la agencia impulsó desde 2018 una serie de retiro temprano, lo que provocó menos empleados, mayor trabajo y el derroche de fondos públicos mediante la privatización de tareas.

“La Autoridad de Carreteras tiene los fondos para hacer justicia, lo que ocurre es que las prioridades están invertidas. El dinero está utilizándose para favorecer a los privatizadores y la alta gerencia”, manifestó.

El gremio precisó que en diciembre pasado se reunieron con la gerencia de la Autoridad de Carreteras y los representantes del gobernador, y que acordaron recibir una respuesta el 14 de enero. No obstante, indicó que la agencia pidió esperar hasta el 15 de marzo, acto que los empleados consideraron como una práctica dilatoria y falta de respeto.

Desde hace unas semanas miles de empleados públicos, incluyendo maestros, bomberos y paramédicos, se han tirado a la calle para exigir justicia salarial.

Hasta el momento, el gobierno ha anunciado aumento de salario para los educadores del sistema público, bomberos, paramédicos y técnicos de emergencias médicas con fondos federales no recurrentes.