La Cámara de Representantes aprobó esta tarde, con el apoyo de todos los partidos políticos, un proyecto que crea la Ley de Retiro Digno, que establece una política pública de cero recortes a las pensiones de los empleados públicos.

La medida, Proyecto de la Cámara 2434, pasa al escrutinio del Senado, pero no hay ningún acuerdo entre los cuerpos en torno al trámite de la propuesta legislativa.

“No es una ventana de retiro, no quiero que se confundan. Estamos trabajando para los cimientos, la zapata de un nuevo sistema de retiro, este es un proyecto preparatorio porque en este momento no hay fondos para una ventana y no me gusta engañar a nadie”, dijo la autora de la medida, Lourdes Ramos al defender la pieza legislativa en un turno en la sesión.

La legisladora novoprogresista, quien es vicepresidenta de la Cámara, dijo que el proyecto es producto del consenso de los grupos representativos de los pensionados y que espera que pase el crisol del Senado para llegue a la firma de la gobernadora, Wanda Vázquez.

El representante independiente Manuel Natal Albelo, por su parte, instó a los legisladores a ir por encima del veto, si la gobernadora optara por ese vía.

“Si la gobernadora opta por vetar el proyeco pido que hagamos lo correcto y que nos vayamos por encima del veto”, dijo Natal Albelo.

“Hoy puede ser un día histórico para los empleados públicos en la aprobación de la ley, esto no es para azules nada más, es también para rojos e independentistas”, reclamó Ramos al elogiar que legisladores de minoría se unieran como coautores a la pieza legislativa.

“Ya los pensionados no tienen que aportar nada más. Hay más de un 44 por ciento que ya han tenido de castigo”, dijo la legisladora. “Les quitaron el bono de verano, el plan médico en buena parte al igual que buena parte del bono de Navidad. Ya tampoco reciben el aumento cada tres años y a medida que nos ponemos más viejos aumentan los achaques y todo eso hace que el valor adquisitivo del dólar de un pensionado no sea el mismo que el de una persona joven. Muchas veces nuestros pensionados eligen entre comer o comprarse la mitad de los medicamentos porque el dinero no les da”, sostuvo.

Dijo que “lo más importante es que estamos creando un mecanismo que en esta primera etapa no conlleva ningún gasto, es como crear la zapata que será parte de un proyecto de retiro para tratar de devolver lo que provocó la Ley 3 del gobernador Alejandro García Padilla”.

“Salvemos una estructura de cara al futuro para que garanticemos una pensión digna y razonable”, dijo por su parte, el representante popular Luis Vega Ramos.

Sostuvo que la cuota de aportación “de todo sector” para superar la crisis fiscal “ya está saldada y tratar de imponerle cargas adicionales no procede”. Subrayó que con la propuesta “se legisla una política publica clara de rechazar planes de ajuste o acuerdos de reestructuración que menoscaben o empeoren las pensiones de nuestros retirados del gobierno”.

“Estamos diciéndole a la Junta de Control Fiscal, a los bonistas y a Wallstreet que no vamos a consentir y que vamos a combatir cualquier plan de ajuste que menoscabe las pensiones y que esté fundamentado en la insolvencia de Puerto y que en ocho o 10 años Puerto Rico no va a pagar”, dijo Vega Ramos.

El representante independentista, Denis Márquez Lebrón elogió que desde la exposición de motivos se establezca que no se puede seguir llevando a los pensionados a la pobreza y destacó que la pieza legislativa conlleve “un choque frontal” contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Ese choque frontal con la Junta es fundamental, en cada uno de sus articulados está manifestada esa posición de la Cámara y espero que cuando el poder imperial trate de vetar la medida estemos de frente afuera en la calle con los trabajadores y desde aquí también, defendiendo a la clase trabajadora”, indicó Márquez Lebrón.

La representante Ramos detalló que la medida se comenzó a trabajar desde noviembre de 2019, pero se vio interrumpida por la pandemia del COVID-19. Dijo que no pudo ser llevado a vistas públicas, pero indicó que recibió 18 ponencias.

“Este es un proyecto de consenso, de diálogo, de todos los grupos que estuvieron trabajando en conjunto. Nos reuníamos semanalmente”, expresó.