Una abogada especializada en temas de derechos de los animales celebró la pronta respuesta de varios alcaldes a la fiscalización por parte de una organización que levantó en las redes sociales su preocupación por unos contratos con una empresa veterinaria que entendía podían suponer acciones de matanza masiva de animales realengos, algo que los directivos municipales negaron de manera enfática.

“Tenemos que dar gracias de que hay ciudadanos que están velando por sectores vulnerables, y eso incluye a los animales. Eso hace que haya gente en Puerto Rico que sea empática y compasiva… es bien positivo. Y que eleven su voz, a lo cual tienen derecho, y fiscalicen… porque es parte de la democracia. Y el que tengamos alcaldes que contesten a estos cuestionamientos, es positivo también”, sostuvo la licenciada Vivian González Méndez, quien lidera Justa PR, un proyecto educativo sobre los derechos de los animales y los aspectos legales relacionados.

“Y en la medida en que esos alcaldes digan qué quieren hacer, pues vamos a ayudarlos… vamos a orientar: esta es la ley, estos son los instrumentos que la ley te da para conseguir fondos. ‘Ah, que no están llegando’, pues tienes que empezar a tocar puertas a las agencias que se supone que te ayuden”, agregó en entrevista con Primera Hora.

“Eso es lo que queremos. Y yo sé, porque he hablado con alcaldes, y sé que la mentalidad está cambiando a favor de los animales. Y eso hay que resaltarlo, y seguirlos empujando y ayudando a que lleguen a lo que queremos”.

Los comentarios de la abogada surgen luego de una denuncia que hiciera días atrás el grupo Rescatistas P.R. Trabajando Unidos, que señala en particular al municipio de Quebradillas, por un contrato con la empresa Veterinary Express Foundation en el que se menciona “recogido y disposición de animales”, así como “servicios de eutanasia”, y que contiene una lista de otros municipios que alega tienen contratos similares, que incluye a “Aguada, Moca, Cabo Rojo, Mayagüez, Bayamón, Lajas, Hormigueros, Aguadilla, Camuy, Toa Baja”.

Sin embargo, tanto el alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez Vélez, como otros ejecutivos municipales incluidos en la lista, desmintieron categóricamente que hubiera planes de matanzas masivas de animales realengos. En cambio, mencionaron iniciativas en favor de los animales y explicaron que los servicios con la empresa veterinaria o alguna similar, en los casos que tenían contratos vigentes, se limitaban a atender casos en los que el animal está moribundo o ya muerto.

Lo que dice la Ley

La abogada indicó que, para abordar este complejo tema, “tenemos que poner en perspectiva qué es lo que dice la ley… Y en relación con los animales, en Puerto Rico hay una política pública que rige las acciones hacia los animales en todos los contextos, tanto con los municipios, el gobierno estatal, e incluso el tribunal, donde la política pública es de protección de los animales”.

Abundó que, en el caso de los animales que se les llama realengos, que son aquellos que “no tienen un guardián conocido”, o lo que antes se le llamaba dueño, la Ley 154 de Protección de Animales, y el Código Municipal Nuevo del 2020, disponen que los municipios tienen el deber de recoger estos animales y cuidarlos.

Para esos fines, se supone que puedan coordinar esfuerzos con la Oficina de Gerencia Municipal, que está dentro de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), aunque la experta indicó que “mi pregunta es qué gestiones está haciendo la Oficina de Gerencia Municipal para asistir a los municipios”.

Acotó que es importante reconocer y distinguir que “un animalito que esté por ahí puede que tenga un guardián que lo está buscando. Y esos guardianes… también tienen unos derechos a recuperarlos”.

A la misma vez, señaló que el Departamento de Salud (DS), “que todo el mundo lo deja fuera de esto… según la Ley 36, de hace como 40 años, se supone que hubiese hecho ocho refugios regionales a través de toda la Isla que fueran para evitar la eutanasia masiva, precisamente, que fueran para esterilizar masivamente a bajo costo, para identificar los animales y ponerlos en adopción”.

Al momento, no existen esos refugios regionales, lo que indicaría que el DS, y por tanto el gobierno, llevan décadas sin cumplir la ley. Por el contrario, solo existen algunos albergues municipales y el resto son otros pocos refugios manejados por organizaciones sin fines de lucro.

Esa misma ley, indicó González Méndez, provee para que el DS “busque fondos estatales, donativos, fondos federales para crear todos esos recursos (para los ocho refugios regionales). ¡Esa ley es buenísima! Incluso con esa misma ley le ponemos las vacunaciones y los microchips a los animales”.

Además, el DS tiene la Oficina de Control de Animales que se supone también tenga recursos asignados y una participación activa en este asunto.

La activista señaló también a otras agencias estatales que igualmente podrían ayudar a atender el problema.

“No puedo dejar afuera al Departamento de Hacienda. Si el Departamento de Hacienda, con Justicia, entrara y agarrara a todos los criadores ilegales y vendedores ilegales de animales, que los tenemos en la cara, y usaran parte de ese dinero y se lo asignaran a los municipios, sería distinto. Ahí hay millones y millones (de dólares) de evasión contributiva, que se pueden utilizar”, afirmó.

Además, indicó, que “el dinero de multas que la Ley 154 de Protección de Animales genera por los casos de maltrato, se supone que pase a los municipios para esto mismo. Y la información que tengo es que desde que se creó la ley en 2008, cero dinero ha pasado a los municipios y que ese dinero se lo ha chupado el Fondo General y se ha utilizado en otra cosa”.

“Y también es importante establecer que esto nos toca a todos, incluyendo a la rama judicial, porque la política pública es para todos. Y eso hay que atenderlo. Porque, imagínate, una orden (judicial) que, si tú no tienes un albergue, lo vas a eutanizar. Eso es una orden de eutanasia masiva. Todo eso hay que manejarlo”, insistió.

Recursos limitados

Por otro lado, la licenciada reconoció que muchos municipios no cuentan con el andamiaje para llevar a un sitio adecuado a los animales que recogen y, además, sus recursos son limitados. Pero sugirió que pueden coordinar con organizaciones pro animales y explorar conseguir estructuras abandonadas bajo la Ley de Estorbos Públicos, de manera que puedan dar a las organizaciones un espacio físico donde puedan ayudarles a trabajar con los animales.

Asimismo, sugirió que los municipios pueden hacer consorcios para crear un albergue que atienda a varios ayuntamientos.

“Pero que los alcaldes estén respondiendo, eso es positivo. Porque le están dando importancia al asunto”, insistió.

Por otro lado, sobre la reciente denuncia de un posible envenenamiento de varios perros en Cabo Rojo, la licenciada explicó que la Ley 154 tiene un artículo específico relacionados a estos casos: el artículo 11.

“Cuando tú envenenas a un animal de forma intencional, que es lo que parece haber pasado ahí, eso es un delito grave, que conlleva cárcel”, afirmó.

Inclusive si ese envenenamiento se produce de manera accidental, “también es delito grave”.

“Está el envenenamiento intencional, que es el más grave, pero también provee para una instancia particular cuando tú dejas ese veneno y no supervisas, y viene este animal, el perro, y lo ingiere y tiene una lesión física severa, dice el artículo, también eso es delito grave, porque es como una negligencia crasa lo que pasó ahí”.