Seis organizaciones presentaron ayer, martes, un recurso de apelación para prohibir proyectos industriales de energía en áreas de reservas agrícolas y ecológicamente sensitivas.

Las organizaciones, de carácter comunitario, municipal, ambiental y agroecológico, rechazaron la determinación anterior del Tribunal de Primera Instancia de desestimar el recurso de Mandamus aludiendo que el Negociado de Energía tiene jurisdicción exclusiva para identificar si se deben establecerse los proyectos industriales de energía renovable en la Reserva Especial Agrícola de Puerto Rico. Catalogaron la determinación como “irracional e incorrecta”.

“La sentencia constituye un fracaso de la justicia. Tiene el efecto de dejar a las aquí comparecientes (partes demandantes) sin un foro, impedir una adjudicación en los méritos, y también, permitir la violación continua con el Plan de Uso de Terrenos y la pérdida de miles de tierras agrícolas catalogadas por ley como ‘imprescindibles’”, argumentaron los demandantes.

Los demandantes reiteraron, además que, en la jurisprudencia, el Tribunal Supremo no ha reconocido jurisdicción exclusiva a una agencia y tampoco ha reconocido un recurso adecuado en ley ante una agencia que niega tener jurisdicción y peritaje sobre ese aspecto. Por lo tanto, el recurso presentado es el único remedio disponible para requerir al Negociado que cumpla con su deber ministerial e identifique los lugares aptos para viabilizar la integración de la energía renovable y aplicar el Plan de Uso de Terrenos (PUT).

Añadieron que el incumplimiento continuo con la Ley 6-2014 del Plan de Uso de Terrenos y la magnitud de sus efectos a través de casi todos los proyectos ante el Negociado “conlleva e implica una violación reiterada al Plan de Uso de Terrenos y a la Constitución de Puerto Rico sobre la cual el Tribunal tiene jurisdicción”.

Dijeron que está pendiente la consideración por el Negociado de los proyectos a proponerse en los siguientes cinco tramos o “tranches” requeridos por el Plan Integrado de Recursos, y, por ende, la consideración de probablemente más de 80 proyectos industriales de energía renovable, sin que antes se identifique para estos la ubicación y los lugares aptos. Ello pese a que la Política Pública Energética establece que los lugares aptos son los sistemas de relleno sanitario (vertederos) no operacionales y aquellos terrenos previamente contaminados.

Durante el proceso judicial, las organizaciones recordaron que el “Informe de Análisis de la Ubicación de 17 Proyectos de Generación y Almacenamiento de Energía y sus Posibles Impactos en Suelos con Distintos Niveles de Protección y Riesgo”, suscrito por el planificador Pedro M. Cardona Roig, concluyó que los proyectos tienen un impacto combinado de 5,961.16 cuerdas de terreno, de las cuales el 85% se encuentran en terrenos de protección identificados por el Plan de Uso de Terrenos.

Por lo tanto, el incumplimiento agrava la vulnerabilidad de la vida y propiedad ante el cambio climático, las emergencias, inundaciones y huracanes. Subrayaron que identificar los lugares aptos para integrar la energía renovable es también necesario para mitigar los efectos del cambio climático y las emergencias.

El grupo de organizaciones demandantes se compone de la Liga de Ciudades de PR Inc., la Organización Boricuá de Agricultura Eco Orgánica Inc., el Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas, Inc., El Puente de Williamsburg, Inc., el Comité Diálogo Ambiental, Inc., Sierra Club Puerto Rico y cuentan con el apoyo legal de Earthjustice.

Las partes demandadas son el Negociado de Energía, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPE), la Junta de Planificación (JP) y el Estado Libre Asociado.