Un grupo de alguaciles afirmó hoy que “no hay justicia en la casa de la justicia”, toda vez que, aseguran, no se le da atención a un reclamo que llevan por años en busca de mejoras salariales. Por ello, pidieron al gobernador Pedro Pierluisi que “asuma liderato” y atienda su situación, pues consideran que la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la jueza Maite Oronoz Rodríguez, y el director administrativo de los Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, no han mostrado la competencia necesaria para resolver la controversia laboral.

Los portavoces del grupo, que prefirieron mantener el anonimato, pues indican que en el pasado -cuando hicieron un reclamo similar- fueron objeto de represalias y suspensiones, afirmaron que los alguaciles no reciben una reclasificación desde 1998, y que el último cambio en su salario fue “un aumento de $200″ en 2012.

Según detallaron, contrario a expresiones de la jueza presidenta que alegó que los alguaciles ganaban alrededor de $24,000 al año, actualmente un alguacil tiene en promedio un salario base de apenas $20,640 al año, que redunda en $10,58 la hora, a pesar de todos los requisitos que exige la posición y los riesgos que enfrentan a diario como parte de su labor de traslado de confinados y diligenciamiento de órdenes del tribunal, entre otras tareas.

“Es sumamente triste que nuestra jueza presidenta constantemente esté hablando de equidad y justicia, cuando sus empleados están en total rezago, abandono y parecemos transparentes. No hay justicia en la casa de la justicia”, afirmó una alguacil que prefirió no dar su nombre y se identificó como alguacil A.

“Lo que le estamos solicitando a la jueza presidenta y al gobernador es un aumento de $1,000 al salario base, para un total de $2,720″, agregó un compañero de labores, que se identificó por la letra B.

“Y podemos justificarlo, porque todas las agencias de ley y orden pagan eso a sus oficiales, y nosotros no debemos estar por debajo”, insistió otro trabajador, que usó la letra C para identificarse.

El reclamo ocurre en momentos en que, luego de acciones de protesta y reclamos, sin encontrar respuesta del gobierno o la Rama Judicial, los alguaciles han recurrido a manifestarse en la forma de ausencias masivas.

Según ha trascendido, ayer martes no acudieron a laborar 50 de los 57 alguaciles del área del Tribunal de Arecibo, incluyendo los tribunales de Manatí, Ciales, Hatillo y Camuy.

De acuerdo con información provista de manera confidencial por un alguacil del área, apenas llegaron a laborar seis supervisores y un alguacil auxiliar, por lo tuvieron que pedir refuerzos de personal de los tribunales de Aguadilla, Utuado y Bayamón.

Esta situación provocó que el tribunal abriera al público con media hora de retraso, además de que se tuvieron que reseñalar casos y también se afectó el movimiento de confinados y el diligenciamiento de órdenes del tribunal, tanto en Arecibo como en las regiones desde donde enviaron alguaciles de refuerzo.

Antes, también hubo manifestaciones similares en las regiones judiciales de Aguadilla, Ponce y Caguas, y, según alertaron los alguaciles entrevistados por Primera Hora, ante la “molestia generalizada”, podrían continuar ocurriendo si no se da atención a su reclamo de mejoras salariales.

“No nos extrañaría que todos los compañeros sigan uniéndose, porque la indignación es general. Esto podría seguir sucediendo también en otras áreas”, afirmó la alguacil A.

Explicó que, aunque hace dos años retomaron este reclamo de reclasificaciones y mejoras salariales, en realidad esa lucha se remonta al año 2011. Agregó que la última reclasificación que tuvieron fue en el 1998.

“¿Qué sucede? Al pasar tantos y tantos años, ya nuestros salarios se quedaron muy por debajo de los salarios del resto del personal del gobierno y es mucho menos competitivo a nivel de empresa privada”, insistió.

Sostuvo que los alguaciles están actualmente con un salario base de $1,720 mensuales, “antes de todos los descuentos”.

“El alguacil se queda aproximadamente en unos $600 quincenales, el que llega a los $600. Porque a nosotros nos hacen descuentos de Seguro Social, de contribuciones, de AEELA, del retiro, nuestro propio seguro de incapacidad, y el plan médico, que tiene una aportación patronal pero nosotros tenemos que hacer una aportación también. Cuando venimos a ver, nos estrangulan el salario. Y no podemos sobrevivir con un salario tan bajito. Porque la realidad es que cuando vamos al supermercado no hay una consideración porque seamos empleados públicos, o seamos alguaciles y somos agentes de ley y orden. Hay que pagar igual que cualquiera”, detalló A.

El grupo recordó, con evidente molestia, que dos años atrás la jueza presidenta solicitó un aumento de salario de 33% para los jueces y juezas (que suponía entre $5,000 a $10,000 mensuales adicionales), indicando que había identificado unas partidas para ese aumento. Sin embargo, cuando los alguaciles se reunieron con ella y el director de Tribunales el año pasado para pedir un aumento, “la excusa era en todo momento la Junta de Supervisión Fiscal”.

No obstante, ante el descontento de los alguaciles, y sabiendo que “los empleados nos íbamos a levantar con reclamos”, se retiró el proyecto y la petición de aumento para los jueces.

“Dicen que no hay dinero para darnos aumentos a nosotros, pero cuando cualquiera va a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y busca los contratos que tiene la Rama Judicial, son absurdos. Porque ellos tienen contratados bufetes de abogados para asesoría, cuando ellos tienen una división legal, que muy bien podrían utilizar”, cuestionó la alguacil A. “Nunca hemos podido entender. Si tienen tantos abogados en la división legal, los jueces como tal son abogados, y la Rama Judicial está llena de abogados, ¿por qué ellos necesitan tanta asesoría legal?”.

También recordaron que en el 2011 “se pagó un estudio de reclasificación millonario. Y no lo pusieron en vigor, porque ellos alegaban no tener el presupuesto para pagarlo”. Antes, en 2009, se había pagado por otro estudio de reclasificación.

“Pero como en las actualizaciones nunca les convienen lo que indica el estudio, no lo ponen en vigor nunca. Pero tampoco buscan la manera de retribuir al empleado”, sostuvo el alguacil C. “En realidad no hay movimiento en los salarios desde 1998, que fue cuando se implementó el último estudio de reclasificación. En 2011, por los reclamos que teníamos en aquel momento, nos dieron un aumento de $200. Esa fue la última ocasión”.

Aclararon que hubo luego un ajuste que se vieron obligados a hacer, porque había empleados cobrando por debajo del salario mínimo federal que se había implementado “hacía ya tiempo”.

“Eso no fue opcional. Fue realmente porque la ley los obligaba a hacerlo porque teníamos personas cobrando $900 mensuales”, insistió.

Para ilustrar un poco mejor la difícil situación salarial que están atravesando los alguaciles, compararon que “un alguacil que cobra $1,720 básicamente está cobrando menos que lo que cobra una persona que está a tiempo parcial, por ejemplo en Home Depot, que está cobrando $14 la hora, mientras que un alguacil, que trabaja a tiempo completo para el Poder Judicial está cobrando menos de $12 la hora”.

“Y al alguacil se le requiere bachillerato, se le requiere cumplir con una vestimenta, se le requiere una serie de cosas como ese proceso tan minucioso que pasamos de entrevistas”, condenó A.

Incluso en los casos que permanecen trabajando más tiempo, un alguacil con un promedio 20 años de trabajo cobra $13.52 por hora.

Así las cosas, insistieron en que es hora de otorgar un aumento a los alguaciles.

“Ante la incapacidad administrativa de la jueza administradora y el director de los tribunales, ya que han demostrado que no tienen la capacidad administrativa en ningún asunto para atender los reclamos de los empleados, le queremos pedir al gobernador de Puerto Rico que tome liderato en este asunto, y escuche la voz de los alguaciles y alguacilas”, solicitó el alguacil B.

“Nosotros le solicitamos a la jueza presidenta y al gobernador de este país que lleve los alguaciles a un aumento de $1,000 a nuestro salario base, para un total de $2,720, porque eso es lo que está cobrando un cadete en la policía, eso es lo que está cobrando un oficial de corrección. Lo podemos justificar porque todas las agencias de ley y orden le pagan eso a sus oficiales, y nosotros no debemos estar por debajo”, insistió la alguacil A.

Para colmo, denunciaron que el gobernador tampoco firmó el proyecto, ya respaldado por Cámara y Senado, que les reconocía como un trabajo de alto riesgo, porque era parte de un proyecto que alteraba sus condiciones de retiro.

El alguacil C recordó que, no solo enfrentan alto riesgo en sus funciones, sino que incluso han tenido dos compañeros que perdieron la vida cumpliendo con su deber, y “año tras año” muchos otros se tienen que ir con diferentes tipos de lesiones, “que no pueden trabajar más, y tan siquiera un seguro de incapacidad permanente nosotros tenemos. El compañero que no logre que le aprueben el Seguro Social, se queda en el total olvido”.

“Nosotros sufrimos lesiones en el área laboral, daños emocionales por el manejo de las situaciones. Y obviamente, por la situación económica que estamos viviendo actualmente, la realidad es que el estresor entre los compañeros es grandísimo”, insistió B.

“En ocasiones, por llevar una citación, esa citación puede detonar en un evento de agresión”, agregó C.

Durante la pandemia del COVID-19, recordaron, también se mantuvieron trabajando “en todo momento”.

“Fue el único componente que no estuvo nunca de forma remota. Continuamos haciendo el trabajo, las citas, los arrestos. De hecho, estuvimos directamente expuestos durante la pandemia”, recordó la alguacil A.

“Tuvimos un compañero que falleció por COVID, que sepamos. Y hubo unos cuantos también afectados a nivel de hospitalización”, agregó B.

De la misma forma, recordó que los alguaciles enfrentan una situación particular, ya que, por ley, se les quitó el derecho a organizarse y tener una unión o sindicato que los represente y pueda abogar y cabildear por sus derechos, salarios y beneficios. Actualmente, se encuentra dando vueltas en la Legislatura un proyecto, el PS 342, que les devolvería “algo que es constitucional, el derecho a organizarnos”.

De hecho, en 2011, cuando hicieron reclamos similares de sus derechos, “nos castigaron, hubo suspensiones de uno, tres, cinco y hasta siete días por hacer reclamos, de alguaciles, secretarias y de todo el personal. La Rama Judicial tomó represalias. Por eso ahora tenemos que estar reclamando en anonimato”.

Además, contrario a cualquier otro trabajador que en una controversia laboral puede acudir a los tribunales a reclamar contra su patrono, en el caso de los alguaciles, el patrono es el mismo tribunal.

“Esto es tan terrible, que nosotros no hemos encontrado un solo abogado que podamos consultar que quiera permanecer con nosotros y llevar un pleito. Porque es como el cabro velando las lechugas. ¿Qué son los jueces? Abogados. ¿De qué está plagada la Rama Judicial? De abogados. Entonces siempre el abogado que trabaja externo teme a que en algún momento quiera solicitar algún puesto en Tribunales, o que en su defensa cuando lleve los casos al tribunal no le fallen a su favor. Porque todo eso se da”, comentó A.

“Estamos en un estado de indefensión, porque nosotros no podemos llevar un pleito como ese por derecho propio. Es, como dicen muchos compañeros, en casa de la justicia, lo menos que tenemos los empleados es justicia”, insistió C.

Y para añadir al dilema, la cantidad de alguaciles ha ido disminuyendo, desde los cerca de 1,000 que tenían hace algunos años, a unos 700 que hay actualmente, lo que añade todavía más presión a su trabajo.

No obstante, el trío reiteró que, a pesar de todas las dificultades y contratiempos, “nuestro compromiso con la ciudadanía se mantiene firme”.

“La realidad es que nosotros estamos sumamente comprometidos con la ciudadanía. Tanto es así que, a pesar de la miseria que nosotros cobramos, seguimos dando la milla extra. Lamentamos muchísimo tener que tomar medidas desesperadas y que en estos momentos se puedan estar viendo afectados. Pero nuestro compromiso con la ciudadanía no ha cambiado, porque ese es nuestro norte”.

“Limitaciones presupuestarias”

Por su parte, la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico dijo este miércoles que la rama judicial enfrenta “limitaciones presupuestarias” que dificultan atender los reclamos de sus empleados.

Oronoz Rodríguez, en respuesta al reclamo de los alguaciles, comentó en declaraciones escritas que los empleados de la Rama Judicial recibirían un aumento de $200 mensuales a partir del próximo año fiscal, que comienza el 1 de julio.

“En el Poder Judicial llevamos años auscultando todas las medidas viables para atender el enorme rezago salarial que experimenta nuestro personal. Dentro de las limitaciones presupuestarias, hemos encaminado medidas y propuestas, a corto y largo plazo, que nos permitirán, de manera responsable, atender las necesidades de nuestros empleados y empleadas”, expresó la jueza presidenta.

“A corto plazo, conseguimos que la Junta de Supervisión Fiscal aprobara un aumento de $200 mensuales para todos en el Poder Judicial, excepto para los jueces y juezas. Este aumento está previsto aplicarse comenzando el nuevo año fiscal. No obstante, hemos insistido ante dicho organismo que nos otorgue una asignación de fondos mayor que nos permita implementar mejores beneficios para nuestro personal a la par con un proceso de revisión de todas las escalas salariales”, agregó.

“Según he expresado, todos los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial –al igual que el resto de los servidores públicos– merecen justicia salarial. Por esto, continuaremos trabajando para procurar más medidas en beneficio de nuestro personal y formulando los reclamos que sean necesarios”, insistió la jueza presidenta.