El presidente de Puerto Rico Legal Marijuana, Goodwin Aldarondo, alertó hoy sobre la presencia en el archipiélago de productos de cannabis con el componente Delta-8 THC y reclamó acción urgente del gobierno para establecer restricciones para su venta.

Esto ante el riesgo, según alegó, que puede presentar para los consumidores la adquisición de productos “sin licencia, sin ser sometidos a pruebas y obtenidos en el mercado sin regulación”.

Asimismo, el licenciado destacó que la legalidad del Delta-8 THC descansa en “un área gris” de la Ley Agrícola de 2018 (2018 Farm Bill).

Explicó que el Delta-8 es un producto derivado del CBD proveniente de la planta de cáñamo, pero que por medio de procesos químicos se convierte en THC. Mientras, el THC (tetrahidrocannabinol) es el componente por el cual la industria de cannabis medicinal es una regulada y que a nivel federal sigue siendo una sustancia controlada tipo 1.

“El Delta-8 THC ha tomado por asalto el mercado de productos de cannabis en los Estados Unidos, y ya se encuentra a la venta en Puerto Rico. El mismo ha tenido gran auge entre los consumidores por su similitud con el Delta-9 THC, que es el componente principal del cannabis que produce los efectos de psicoactivos, sedación, alivio a síntomas de condiciones de salud, entre muchos otros. Ambos son muy parecidos en su estructura química, por lo que el Delta-8 puede proveer los mismos efectos, pero de forma menos potente que el Delta-9”, detalló Aldarondo en declaraciones escritas a la prensa.

“El Delta 8 se puede encontrar en las plantas de cannabis y cáñamo (hemp); y al ser legal el cultivo del cáñamo se obtiene de ahí más fácilmente. Lo que ha dado paso a que el Delta-8 sea considerado como legal, al reclamarse que proviene del cáñamo. Sin embargo, su legalidad se cobija en un área gris del marco regulatorio federal de la Ley Agrícola de 2018, que indica que el cáñamo, que es una variedad de la planta de cannabis con menos de 0.3 por ciento de THC, puede ser transportado, usado para extracciones y vendido en los Estados Unidos. Esto vendría a colocar el Delta-8 en estatus legal en lugares donde el Detal-9 es ilegal, como lo es el caso de Puerto Rico”, añadió.

Por otro lado, el presidente de Puerto Rico Legal Marijuana expresó su preocupación ante el hecho de que la mayoría de los productos con Delta-8 se venden fuera de los establecimientos regulados y autorizados para vender cannabis, lo que abre un espacio donde no hay reglamentos que eviten la entrada de personas que elaboren y provean productos casi idénticos a los productos regulados en la industria de cannabis medicinal.

“Recientemente, el Consejo de Cannabis de Estados Unidos publicó un informe en el que describe el auge en las ventas no reguladas del Delta-8 como una ‘crisis en rápida expansión’. No hay pruebas, no existe supervisión y no hay regulación que exija que se divulgue la información sobre el origen del Delta-8 utilizado en el producto. A esto se suma, que las ventas de estos productos representan una amenaza para los productores y minoristas de cannabis, autorizados y regulados, quienes tienen que cumplir con los estándares de seguridad y control de calidad requeridos a la industria”, alertó.

“Los riesgos de comprar productos sin regular o sin licencia pueden llegar hasta colocar en peligro la vida de las personas. Recientemente vimos lo que ocurrió en 2019 con los usuarios de vaporizadores, donde personas murieron a causa de productos alterados. De hecho, a principios de este año el Consejo de Cannabis de Estados Unidos apoyó una investigación sobre estos productos con Delta-8, la cual arrojó que muchos contenían compuestos que no son permitidos por leyes estatales en productos de cannabis regulados. Esos compuestos incluían los metales cromo, cobre, níquel y plomo”, continuó.

Por lo tanto, urgió al Ejecutivo y a la Legislatura a establecer regulaciones a la venta de estos productos en el País.

“Ya hay estados que están trabajando en diversas alternativas para regular estos productos, las cuales van desde identificar si contienen Delta-8 hasta prohibirlos completamente. Sin lugar a duda, aún se requiere de más investigaciones sobre el Delta-8, su proceso y los efectos que puede tener en el consumidor. No obstante, ante el escenario actual es crucial que el gobierno de Puerto Rico tome una acción proactiva a favor del pueblo y de la clase empresarial de la industria del cannabis”, concluyó.