La Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Carmen Delia Sánchez, declaró hoy que en la égida Golden Living de Barceloneta se le están violando los derechos a los residentes por dejarlos sin luz la mayor parte del día, especialmente en las noches.

Durante una visita de este diario, varias residentes hicieron la denuncia del riesgo que supone estar sin luz en las noches, que los deja a oscuras en sus apartamentos y en los pasillos y escaleras, y que mantiene el portón de entrada abierto. Temen que puedan tener una emergencia y no puedan buscar ayuda o que le alguien entre a robar o hacerles daño.

La administración confirmó que prende la planta unas horas por las mañanas, pero deja a los residentes sin luz y agua el resto del día.  

Wilda Colón, empleada de la empresa Star Management, propietaria de la égida, confirmó la práctica.  “No se puede dejar 24/7 porque el diésel no está muy fácil de conseguir y se les controla a tres o cuatro horas diarias”, reconoció Colón, quien trabaja de lunes a viernes y no ha cambiado su turno en este periodo de emergencia, por lo cual los residentes no tienen personal de apoyo durante los fines de semana.

A preguntas de este diario sobre la práctica de la administración de la égida, la procuradora aseveró que “esta gente está violentando los derechos de las personas de edad mayor. Se supone que le pongan la planta, principalmente de noche porque si tienen una emergencia ¿cómo van a bajar?, o ¿cómo las autoridades van a subir a ayudar?”.

Sánchez tomó nota del caso y recordó que la Subsecretaría de Protección y Defensa de su oficina puede ir a los tribunales para hacer valer los derechos de los adultos mayores ya sea en instituciones públicas como privadas. 

En Puerto Rico, la Ley 121 contiene la Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada, que debe aplicarse para garantizar que tengan las necesidades básicas cubiertas y cuyas condiciones de vida le permitan llevar una existencia digna.

“La administración de las égidas son responsables de comprar diésel para las plantas. Esas personas que viven allí pagan alquiler por esos apartamentos. El diésel está llegando a los municipios lo que pasa es que cuesta”, indicó Sánchez. “Lo que pasa es que muchas de esas compañías quieren que el municipio le de todo”, agregó.

En Puerto Rico hay 144 égidas y la inmensa mayoría son de compañías privadas, que han recibido incentivos contributivos y otro tipo de beneficios financieros por parte del gobierno federal para la construcción de los edificios. 

Por eso, se rigen por requisitos federales para establecer la renta que pagan los residentes y que está atada y limitada por sus ingresos. 

El Departamento de la Vivienda es el que gestiona los incentivos para la construcción de égidas. Las gestiones para entrevistar ayer al secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, resultaron infructuosas.