Sentimientos de angustia, ansiedad, desespero e incluso pánico se han extendido a través de gran parte de la comunidad inmigrante en Puerto Rico, luego de que las amenazas de deportaciones masivas contenidas en una orden ejecutiva emitida por el presidente estadounidense Donald Trump se hicieran realidad en la forma de una redada que protagonizaron el domingo agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE, en inglés) en el área de Barrio Obrero.

Aunque este tipo de redadas en busca de hacer la nueva política migratoria que impulsa el presidente Trump ya estaban ocurriendo en otras partes de los Estados Unidos, esta fue la primera en territorio de Puerto Rico, lo que disparó las alarmas entre la comunidad inmigrante en la Isla, que se estima en algunos cientos de miles, 200,000 de ellos dominicanos.

“Ahora mismo hay un pánico colectivo”, afirmó José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos. “La gente no quiere ir a trabajar, no quieren ir a la construcción, no quieren ir a cuidar ancianos, no quieren limpiar casas”.

“Y muchos me están llamando que tienen niños menores. Madres solteras. Porque a todo esto, el 52% de las inmigrantes son mujeres”, agregó. “Me están llamando personas, hasta vecinos puertorriqueños me están llamando, que han visto mi número, para ellos darle mi número a estas personas”.

Indicó que “ya hay personas que se están yendo voluntariamente. Se están yendo con una carta de ruta para su país, porque no quieren verse envueltos en los arrestos y que los manden a Miami y que allá duren tiempo indefinido”.

Rodríguez alertó que estas acciones “van a traer una crisis humanitaria para los Estados Unidos y Puerto Rico. Pero Puerto Rico más, que le acaban de congelar los fondos federales”.

Reclama a los políticos

Arremetió contra funcionarios de la Isla, así como contra gobiernos como el República Dominicana, que tienen consulados en la Isla, y que “están como el avestruz”, reclamándoles que adopten una postura en favor de los inmigrantes.

Apuntó en particular hacia la gobernadora Jenniffer González Colón, y le hizo un llamado a “dar el frente a la comunidad dominicana, que muchos votaron por ella”, para que fuera solidaria, toda vez que “dijo que era amiga de Donald Trump, y le quiere hacer una estatua”.

También reclamó a los alcaldes, y en particular al alcalde sanjuanero Miguel Romero, a que se expresen y aclaren su posición respecto a las redadas.

“La pregunta es, al alcalde, a la gobernadora, ¿o están ustedes ya cooperando? ¿o van a cooperar? ¿o van a tratarnos como seres humanos o como delincuentes? Ya que les dio su voto la comunidad. ¿O es que nada más querían el voto de los dominicanos, pero no quieren su problemática? Este es el momento de demostrar si en verdad ellos apoyan a la comunidad inmigrante”, sostuvo Rodríguez, quien llamó “cobardes” a los funcionarios que no han salido en defensa de los inmigrantes “que nos usaron para ganar y ahora se quedan callados”.

“Aquí se hablaba de que si ganaba (Juan) Dalmau venía el comunismo. Pero llegó algo peor, llegó el fascismo, el fascismo de estado”, insistió, retomando su crítica a la gobernadora por sus comentarios hacia la comunidad dominicana de que no se preocuparan, que no habría intervenciones contra ellos, que calificó de “una mentira cruel”.

“Ahora mismo hay niños que se van a quedar sin sus padres. Hay madres que sus hijos se los van a dejar aquí. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de esos menores? Hemos visto ya en Estados Unidos niños solos en guaguas, en estas redadas, niños. O sea, estos niños, si esos padres y madres no tienen más familiares aquí, ¿con quién se van a quedar esos niños? Con el Estado, con el Departamento de la Familia. Van a separar familias”, denunció el líder dominicano.

Rodríguez insistió en su advertencia de que la comunidad inmigrante dejaría de salir a hacer los cientos de miles de trabajos que hacen a diario, ya sea cuidar personas ancianas, cuidar niños, limpiar casas, trabajar jardines, trabajar en la construcción, etcétera. Reiteró que “ya me están llamando personas que, desde el primer día que se hizo este aviso, han dejado de ir a trabajar”.

Piden colaboración

Agregó que, antes esa nueva realidad, ya hay familias que necesitan alimentos, porque en estos momentos no tienen ingresos para sostener a sus familias. A esos fines, indicó, el Comité Dominicano de Derechos Humanos, que reparte alimentos en La Placita, ha abierto una cuenta a través del número telefónico 939-717-9164 para que las personas interesadas puedan colaborar.

Por último, el líder dominicano aprovechó también para dar algunas recomendaciones a los inmigrantes de cómo actuar en caso de que se vean ante agentes del ICE.

“Lo primero es evitar ser detenidos. Compórtense como si fuera el COVID que llegó de nuevo, pero solamente para los inmigrantes. No salgan a la calle. Manténganse en su casa. Si van a su casa sin una orden, no abran la puerta. Y (la orden) tiene que estar en español y firmada por un juez. Si están en la calle, ampararse en la 5ta Enmienda, y no decir de qué país son, ni decir absolutamente nada, y llamar a un abogado. Si usted ve un agente, y no va a intervenir directamente con usted, siga caminando. Pero no se eche a correr, porque eso es peor, porque se está delatando”, recomendó.

Rodríguez hizo un llamado a agentes, jueces y las autoridades federales en general, pero en particular “a esos agentes que son puertorriqueños, tanto de la Policía como de las agencias federales”, para pedir que se le dé un trato “humano” a los inmigrantes.

“Que nos traten como seres humanos, que no usen esto para violar los derechos humanos de los inmigrantes que hemos aportado a Puerto Rico. Que no violen los derechos civiles de las personas en estas intervenciones. Que no le hagan daño a la gente, como lo están haciendo. No sean inhumanos”, reclamó.

Sin ayuda de los estatales

Entretanto, el gobierno de Puerto Rico, a través de su secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, emitió unas declaraciones oficiales indicando que el operativo federal “no cuenta con la asistencia de las agencias de ley y orden estatales”.

“Entendemos que estos operativos deben conducirse con la sensibilidad que ameritan para aquellas personas indocumentadas que no tienen un historial o investigación criminal en curso”, agregó. “Se nos ha indicado que varias de las personas objeto de este operativo son criminales convictos o personas que son objeto de una investigación federal en curso”.

Insistió en que para aquellas personas sin historial criminal la administración de González Colón “estará trabajando con la administración del presidente Trump en la búsqueda de medidas para facilitar la integración”.

Por su parte, el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, expresó su “solidaridad con todas las familias afectadas” por las medidas tomas por ICE en cumplimiento de la “directriz federal”, y aclaró que, “hasta el momento, no he sido notificado oficialmente por ninguna autoridad federal sobre el detalle de esos procesos que se están llevando a cabo en nuestra ciudad”.

Aclaró también que “ni la Policía Municipal, ni ninguna otra entidad gubernamental bajo la jurisdicción del Municipio de San Juan están colaborando ni participando, ni apoyando en estos operativos de alguna forma”.

Romero Lugo reafirmó “nuestro compromiso con los valores de respeto, dignidad y humanidad que definen a nuestra ciudad” y agregó que “dentro de nuestras capacidades legales, ofreceremos apoyo, orientación, clases de ciudadanía y asistencia a quienes lo necesiten para asegurar que se respeten sus derechos y que se cumpla con el debido proceso de ley”.

Asimismo, el arzobispo de San Juan, monseñor Roberto Octavio González Nieves, se unió a la condena a las redadas, que calificó de “una crueldad fundamentada en el prejuicio de unas políticas migratorias insensibles, inhumanas e inmorales”.

González Nieves pidió “a nuestros hermanos y hermanas que no tengan los documentos migratorios al día, que eviten salir de sus hogares y no le abran las puertas o les permitan acceso a las autoridades si no les presentan una orden de allanamiento del Tribunal Federal”. También pidió, a aquellos con los documentos al día, “que siempre los tengan consigo”.

De igual forma, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR) dejó saber “su profunda preocupación” y rechazo a las detenciones de migrantes con estatus migratorio sin resolver que tuvieron lugar en Barrio Obrero. Agregó que esas medidas “han creado un ambiente de temor y de un trato inhumano al invadir estas comunidades con operativos policiales caracterizados por el uso excesivo de la fuerza, armas y equipos tácticos” y calificó esas acciones de “injustas” y que “constituyen una violación de los derechos fundamentales de estas personas”.