La Fundación Agenda Ciudadana propuso ante la Legislatura hoy, miércoles, el desarrollo de una verdadera reforma gubernamental, basada en un enfoque participativo y dentro de la cual debe enmarcarse una reforma de la Legislatura, que incluya la figura del “ciudadano legislador”.

La entidad, representada por Roberto Mori González, presentó su propuesta ante la Comisión Especial del Senado para el Estudio de la Reforma Legislativa, donde explicó en detalle lo que considera debe ser ese “ciudadano legislador”.

Ese legislador o legisladora, explicó Mori, recibiría un salario anual que promedie el de un funcionario que haga un nivel de complejidad y un volumen de trabajo comparable; su jornada de trabajo será a tiempo completo; y no recibirá dietas ni otros pagos por concepto de transportación, comunicaciones, representación, alimentos, alojamiento u otros a menos que sean imprescindibles para desarrollar sus tareas.

Tendrá además los mismos beneficios marginales que en la posición laboral en la cual estaba antes de asumir como legislador y no tendrá derecho a ingresar al Sistema de Retiro del Gobierno por ser legislador, pero continuará siéndolo si es empleado público de carrera.

Estableció además Agenda Ciudadana que, “una reducción de sesiones legislativas en el año deberá contemplarse siempre y cuando no implique un menoscabo de la función legislativa” y recomendó que se considere seriamente la posibilidad de limitar el número de términos que un ciudadano pueda desempeñarse como ciudadano legislador a no más de dos.

Al comentar el proyecto que aprobó la Cámara de Representantes y que evalúa ahora el Senado, opinó la fundación que, aunque adelanta el proceso hacia una reforma legislativa, “carece de elementos básicos necesarios para una transformación de la legislatura como demanda la ciudadanía”.

Rechazó Mori González en la ponencia que leyó ante la Comisión, el concepto de “legislador ciudadano” que se incluyó en el mencionado proyecto, al que describió como “una criatura extraña formada, por un lado, por un empleado público que lleva a cabo una tarea legislativa ‘en horas laborables’ y sin reducción de una paga extraordinaria (para los estándares del país) y, por el otro, como cualquier otro ciudadano privado, podría realizar otras tareas compensadas ‘fuera de horas laborables”.

Expresó que “desde la perspectiva ciudadana, una reforma legislativa es otra cosa. En vez de un legislador ciudadano necesitaríamos ciudadanos o ciudadanas legisladores o legisladoras, es decir, aquellos ciudadanos que, por un tiempo determinado, que por lo regular no ha de ser demasiado largo, asumen la representación de sus conciudadanos, idealmente con propuestas comisionados por estos para atender los asuntos públicos del país, en beneficio del interés público”.

Recalcó el portavoz de Agenda Ciudadana que, en camino a una democracia más participativa, hay que extender al máximo la participación de los ciudadanos en todos aquellos asuntos que le afectan progresivamente para lo cual hay que diseñar una mayor intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan a los asuntos públicos y provocar que el poder político se diluya, se concentre cada vez menos y esté en manos de los ciudadanos.

Limitaciones Constitucionales

Mientras tanto el presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Manuel J. Fernós, sostuvo ante la misma comisión que “cualquier programa de gobierno tiene que estar analizado y enmarcado dentro de los parámetros que establece la Constitución”.

Recordó que la Constitución dispone que la Asamblea Legislativa será un cuerpo con carácter continuo durante el término de su mandato y se reunirá en sesión ordinaria cada año.

Afirmó que el legislador ciudadano que propone el Partido Popular Democrático (PPD) en su programa es “un legislador continúo durante el término de su mandato, pero incorporando la interacción con el ciudadano a quién representa”.

Recomendó que al derogar la ley vigente del legislador a tiempo completo “se debe aprobar una nueva ley que reconozca que la tarea del legislador es a tiempo completo, a tenor con el mandato constitucional, de forma continua y que debe incluir, además, una redistribución del tiempo”, afirmó.

Esa distribución debe incluir, dijo, el tiempo dedicado a la comunicación con los ciudadanos, los estudios en comisión y las sesiones.