Ocurre en cualquier escuela, sea pública o privada, y puede perseguir a los jóvenes hasta la universidad, cuando todavía son menores de edad y están bajo la protección de la ley y del Departamento de Educación.

El bullying no discrimina y puede extenderse y causar daños físicos y psicológicos o, incluso, llevar a la muerte a las víctimas. 

Los que son acosados no son los únicos perjudicados  porque, a la larga, pueden convertirse en bullies y repetir el ciclo.

También, los mismos victimarios  necesitan atención  y ayuda para acabar con la violencia.

Ante este escenario, el 1 de agosto se aprobó la Ley 104 del 2016, también conocida como la “Ley Alexander Santiago Martínez”, en honor a un chico de 16 años que intervino en una pelea entre dos estudiantes en la escuela Bethzaida Velázquez, de la urbanización Las Delicias en Ponce, y llamado héroe por sus acciones.

El adolescente falleció en agosto de 2014, tras sufrir un aparente infarto.

La ley, por primera vez, sale del espectro exclusivo del Departamento de Educación y envuelve a otras agencias, como Salud, Familia, Justicia y la Policía de Puerto Rico, además de los recursos educativos, para proteger a toda la comunidad estudiantil, desde niveles elementales hasta la universidad y en escuelas tanto públicas como privadas.

“A cualquier institución que quiera operar en Puerto Rico no se le va a otorgar una licencia   si no tiene un protocolo de atención al bullying”, dijo ayer el secretario de Educación, Rafael Román.  

“Es por ello que unimos esfuerzos con la senadora (Rossana) López León para crear conciencia sobre la existencia de esta legislación de su autoría y dar pasos concretos que redunden en la creación de un protocolo institucional que sirva para el manejo eficiente de los casos de acoso escolar en el País”.

“Es un aspecto de uniformidad. No solo ocurre en la escuela; la persona que está haciendo bullying se puede mover hasta la universidad y por eso es que también tiene que atenderlo”, dijo  López León.

La legislación decreta que habrá oficiales de enlace de diversas agencias para manejar casos de hostigamiento, y obliga a llevar estadísticas sobre casos de bullying y reportarlos anualmente.

Durante la actividad participaron el Consejo de Educación, la Asociación de Psicólogos Escolares y representantes de  Salud, Familia y Justicia, así como la Universidad de Puerto Rico.