El arresto ayer, viernes, de Jorge Colón, quien presuntamente se rehusó en llenar la declaración de viajeros al aterrizar en Puerto Rico y no llevaba puesta la mascarilla nasobucal, trajo a la mesa dudas sobre la constitucionalidad de las órdenes ejecutivas impuestas por el gobernador Pedro Pierluisi para tratar de frenar la propagación del COVID-19.

En las redes sociales, múltiples vídeos denunciaron el arresto, catalogándolo como una violación a la intimidad y de los derechos inalienables de cada persona y aduciendo que el requisito de presentar pruebas negativas de coronavirus sirve meramente como fuente lucrativa para el Gobierno. Algunos acusaron a los agentes de la Policía de prejuicios contra Colón, ya que por las redes se divulgó a principios de enero un vídeo en el cual una fémina, quien se introdujo como abogada, alegó no presentar evidencia alguna al llegar a Puerto Rico tras presuntamente defenderse “con la ley”.

Por su parte, la portavoz y oficial de prensa de La Fortaleza, Sheila Angleró, respondió ante las inquietudes resaltando que “el bienestar colectivo va por encima del individuo”.

“Por virtud de la Ley 20-2017 de Seguridad Pública, las órdenes ejecutivas en una emergencia tienen facultad de ley, por lo que no cumplirlas conllevan penas que pueden ir desde multas hasta la cárcel. En una situación de pandemia como la que vivimos, el bienestar colectivo va por encima del individuo”, comentó en declaraciones escritas a Primera Hora cuando este medio pidió reacción del Gobernador.

“Las órdenes ejecutivas que ha impartido el gobernador Pierluisi buscan siempre proteger a la ciudadanía y se han emitido con la mayor prudencia y balance. Nuestro llamado es a que todos pongan de su parte, nos cuidemos y protejamos unos a otros hasta que podamos dejar atrás esta pandemia y por tanto las órdenes ejecutivas relacionadas a ella”, añadió.

¿Es o no es constitucional?

El tema de cuán constitucional sean los requisitos impuestos por el Gobernador, como exigir documentación que muestre el estado de inoculación o resultados de una prueba para detectar el coronavirus, es un tema de debate que se mantiene sobre la mesa desde que iniciaron las restricciones para contener los contagios al coronavirus en el 2020, aseguró a este medio el abogado constitucionalista Carlos E. Ramos.

“Eso es un debate que lleva en el país desde la misma pandemia”, aseguró. “Hasta ahora, como sabes, esas órdenes ejecutivas y esa limitación a los derechos constitucionales, hasta ahora, han pasado el visor de los tribunales de primera instancia en Puerto Rico, porque frente a una pandemia y una emergencia que estamos enfrentando, pues, nuestros derechos constitucionales están limitados y ese es el asunto”.

Por su parte, el también abogado constitucionalista Carlos Gorrin recalcó que el Estado tiene que contar con un “interés apremiante” para tomar decisiones que afecten, de cierta manera, la intimidad de la población.

Según el resumen ejecutivo en el portal del Departamento de Salud, la tasa de positividad por prueba se encuentra este sábado en un 39.73%. Es por esto que Gorrin estimó que sí existe este “interés apremiante” para la imposición de las órdenes.

“Lo que pasa es que se ha puesto de moda decir ‘yo tengo derecho a la intimidad’, que quiere decir que nadie me puede decir nada y eso es sencillamente no correcto, porque no hay derechos absolutos. Todos los derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás”, señaló.

“En términos de la intimidad, aunque está garantizada constitucionalmente, cualquier restricción gubernamental que afecte la intimidad tiene que justificarse de una forma muy rigurosa y tiene que el Estado demostrar que hay un interés apremiante con cierto grado de urgencia. Yo no tengo duda que la situación actual de una pandemia, especialmente con el repunte en Puerto Rico, represente un interés apremiante. Por lo tanto, el Estado puede tomar las medidas que son necesarias, según la ciencia, para controlar eso. Así que, yo no tengo duda de que requerir la vacunación para algunas cosas puede ser constitucional. Pero, ahí de meter preso a una persona, esos son otros 20 pesos”, afirmó.

“Tu derecho a decidir sobre tu cuerpo no es absoluto, porque, si no, tú tendrías derecho de guiar sin cinturón o en estado de embriaguez. Pero, no. Tampoco tienes derecho en una pandemia de infectar a los demás. El Estado puede imponernos unas limitaciones, pero ¿hasta dónde llegan esas limitaciones? Depende del grado que estemos en la pandemia y las alternativas que está dando el Estado”, concordó Ramos.

“Hay problemas más serios”

Más allá de ser un acto que podría violar un derecho individual, las órdenes ejecutivas podrían representar la falta de separación de poderes de parte del Gobernador, dijo Ramos.

Máxime, tras que Pierluisi vetara recientemente el Proyecto de la Cámara 515, que tenía como fin distribuir el poder decisional que recaería sobre los hombros únicamente del Primer Ejecutivo y mantendría un mecanismo de rendición de cuentas. Por ende, Ramos aseguró que las órdenes representan “problemas más serios” que la limitación de derechos individuales, ya que apuntan a un problema de separación de poderes.

“Me preocupa muchísimo algunas de esas ordenanzas del Gobernador. Hay clara limitación (de intimidad), pero creo que hay problemas más serios de que el Gobernador no quiere darle espacio al legislador a intervenir”, comentó.

“Si eso se vuelve a llegar a los tribunales, vamos a ver los argumentos del Gobernador de posible problema de separación de poderes”, recalcó.

“Creo que eso fue un error del Gobernador, porque le abre frente muy contundentemente a aquellos que piensan que la rama ejecutiva se está extendiendo en su poder. Creo que el gobernador lo va a tener que enfrentar con argumentos más contundentes”, pronosticó.