La aprobación ayer de la legislación conocida como “Farm Bill”, un monumental paquete que incluye un sinnúmero de disposiciones, muchas de las cuales afectan directamente a Puerto Rico, como es el caso de la prohibición de las peleas de gallos, que entraría en efecto en un año, activó a la comunidad que practica este deporte con reacciones de indignación, frustración y coraje. 

“Ahora mismo es un hecho que hay galleras clandestinas, imagínate si las prohíben. Se irán al clandestinaje porque no van a dejar de jugar”, dijo el presidente del club Gallístico de Hatillo, Daniel Rodríguez Martínez.

Las galleras ilegales en Puerto Rico no necesitan instalaciones deportivas propias. Pueden operar en patios de casas, en solares baldíos, no son fáciles de detectar y tienden a ser inseguras. Claro está, tampoco se dejan llevar por las regulaciones del Gobierno; esa operación clandestina se presta para que personas inescrupulosas y tramposas inyecten drogas a los ejemplares ilegalmente.

“Las peleas de gallos en la clandestinidad son peligrosas”, dijo el gallero Luis Lasalle.

“Tenemos problemas con la criminalidad y quieren atender los gallos en la ilegalidad. Nos van a crear un problema porque no tenemos la estructura para atender el clandestinaje ”, dijo, por su parte, el director ejecutivo de la Comisión de Gallos de Puerto Rico, bajo la sombrilla del Departamento de Recreación y Deportes, Germán Mora durante una jugada de gallos en Hatillo ayer.

Se mudan de casa 

La clandestinidad no es el único efecto secundario que provocaría la prohibición de las peleas de gallos, aunque sí sería la más lógica y pronunciada.

En el club Gallístico de Hatillo ya miran hacia la República Dominicana como un destino para ir a jugar gallos legalmente. Tanto allí, como en Perú, Colombia y otros países latinos las peleas de gallos son legales. Esos países tienen conexiones con la industria gallera boricua porque compiten para las castas de los animales. “Para evitar la clandestinidad, la gente se va a mudar a otros países a jugar gallos”, dijo Lasalle.

La medida federal, que maneja fondos por una cantidad de $867,000 millones, también incluye las disposiciones relacionadas a la entrega de cupones de asistencia alimenticia, que se libró de la propuesta de imposición de criterios de requisitos de trabajo más estrictos que impulsaban los conservadores. 

Las negociaciones entre legisladores lograron que el Programa de Asistencia Nutricional Suplementario, conocido como PAN en la Isla, solo sufriera algunos cambios menores. Este programa sirve a unas 40 millones de personas de bajos recursos. 

El estatuto fue aprobado en la Cámara por votación de 369-47, y antes en el Senado por 87-13. Ahora solo necesita de la firma del presidente Donald Trump para convertirse en ley. El presidente ya ha anticipado su disposición a firmarla. 

La pieza, que establece la política agrícola por cinco años,  también incluye disposiciones relacionadas a subsidios agrícolas, programas de conservación, programas de investigación, producción de bioenergía, fondos para comercio, apoyo a la industria lechera, entre otros. 

Entre algunas de las novedades de la medida, está la legalización de la siembra de cáñamo industrial. 

Gobernador viaja a Washington, D.C.

El gobernador Ricardo Rosselló viajó ayer tarde a Washington, DC para sostener reuniones con varios funcionarios y congresistas en la capital federal. 

El primer ejecutivo iría en compañía del secretario de Estado, Luis Rivera Marín, para abogar por la extensión del 100 por ciento del costo compartido para las categorías A y B de la Ley federal Stafford de Ayuda por Desastre y Asistencia por Emergencia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias; por los fondos para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN); y para trabajar sobre el abismo fiscal de Medicaid, entre otros asuntos. 

Más temprano ayer, Rosselló se expresó sobre el tema de las peleas de gallos aludiendo a que restaría un año para implantar la ley, lo que supone una oportunidad para convencer al Congreso de eliminar esa parte de la medida. 

“El proceso para que se implemente esa parte del estatuto es un año,  lo que nos permite seguir procurando y seguir en conversaciones con el Congreso para ver cómo podemos mitigar o eliminar esa enmienda… y de nuevo, reitero, esto es producto de no tener poder político. Así de sencillo”, expresó el gobernador aludiendo al estatus colonial de Puerto Rico.

Bárbara Figueroa y Osman Pérez colaboraron en esta historia.