Aunque se aseguró que recibirían toda la atención debida en medio de la pandemia del COVID-19 y hasta se prometieron millones específicamente para eso, la realidad es que, con el paso de los meses, una vez más las personas sin hogar parecen haber quedado fuera del radar de las autoridades, según denunciaron líderes de dos organizaciones que se dedican a ofrecer servicios a esa población.

Al momento, los limitados servicios relacionados con el COVID-19 que se ofrecen a personas sin hogar son gracias al esfuerzo de organizaciones comunitarias y sin fines de lucro, que han tenido que hacer gestiones por su cuenta para poder asumir todos los gastos adicionales que ha traído la pandemia, incluyendo pruebas para detectar el virus, espacios de aislamiento para casos positivos, ajustes a sus servicios y cambios físicos en las instalaciones donde ofrecen servicios, entre muchos otros.

Entretanto, $27 millones asignados por el gobierno federal siguen esperando y a riesgo de perderse si no se usan antes que concluya el año, y no se conoce con certeza a dónde han ido a parar otros $5 millones prometidos por la gobernadora Wanda Vázquez.

“La situación de las personas sin hogar es que hay escasez de servicios y de espacio donde ser ubicados”, denunció Belinda Hill, directora ejecutiva de la organización Solo Por Hoy, agregando que el problema se agudiza por día, a medida que los pocos recursos conseguidos por las organizaciones se van a agotando.

Hill relató que a esas organizaciones sin fines de lucro se les dijo a principios de mayo que la gobernadora Wanda Vázquez había emitido una orden ejecutiva para designar $5 millones de la ley federal Cares Act, para prevenir y mitigar el riesgo de COVID para las personas sin hogar. Esos fondos iban a ser dirigidos, según la orden original, para espacios donde se les iba a dar servicios primarios a las personas sin hogar, como duchas, alimentos, evaluación médica, pruebas de COVID, espacios de aislamiento para positivos, para que no continuarán en la calle en alto riesgo y prevenir el contagio.

Todavía más, poco después el Congreso, “anunció otros $27 millones de Emergency Solution Grant (ESG, en inglés) para COVID, para mitigar la propagación del COVID exclusivamente en personas sin hogar y en riesgo de quedar sin hogar, que esos últimos son cada día más”.

No obstante, Edwin Otero Cuevas, director de desarrollo y recursos externos de La Fondita de Jesús, comentó que desde el inicio de la pandemia, cuando se emitió la primera orden ejecutiva a mediados de marzo, “se mencionó un toque de queda y obviamente no pensaron en las personas sin hogar, porque el que no tiene casa, ¿a dónde va? Así que tuvimos que acudir a la prensa, para saber si estábamos exentos de ese toque de queda”.

Comentó que luego de los reclamos de las organizaciones comunitarias fue que la gobernadora delegó en los departamentos de Salud y Vivienda, para que hicieran un plan detallado para garantizar a personas sin hogar esos espacios para diagnóstico, tratamiento, aislamiento, alimentación e higiene, contando además con los $5 millones del Cares Act.

Pero, a pesar de las promesas, según Hill, “al día de hoy, la orden ejecutiva de la gobernadora nunca se implementó”.

Tampoco está claro qué ha pasado con los fondos federales. Lo último que supieron es que se requería presentar un plan enmendado ante el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal.

“Solo se iniciaron unos esfuerzos de prueba con el Departamento de Salud, liderados por el secretario de Salud (Lorenzo González), y el Departamento de la Familia”, comentó Hill.

Otero indicó que el secretario de Salud llegó a un acuerdo con las organizaciones para hacer pruebas rápidas a personas sin hogar y, en caso de alguien dar positivo, se le haría la prueba molecular al momento. Pero varias semanas después apenas hicieron tres eventos, uno en Ponce y dos en San Juan, incluyendo uno en La Fondita que describió como “algo bastante desorganizado”, a donde no llegó nunca la persona que traería las pruebas moleculares, y no pudieron hacer pruebas ni a la mitad de los participantes que tenían en ese momento. Tal fue la situación que el secretario González llegó a La Fondita y “estaba molesto”, porque no se estaba cumpliendo su acuerdo con las organizaciones. Luego se acordó que darían otra fecha para hacer las pruebas a los participantes restantes, “y nunca llegó”.

Al no darse continuidad a los esfuerzos, las organizaciones comunitarias han retomado por su cuenta hacer pruebas y entregar equipo protector, gracias a fondos privados y donaciones.

“Esto empezó en marzo y van ocho meses, ese muchacho ya casi pare, y ese dinero no se ha desembolsado, no ha habido un RFP (Solicitud de Propuesta), ni una notificación oficial de cómo se va a acceder o usar y ese dinero vence el 31 de diciembre”, condenó Otero. “Esto llora ante los ojos de Dios, el Supremo o como usted le llame. Se perdieron millones del Medicare y ahora estamos en esto. En menos de dos meses si no se usa ese dinero, se perdió, y la gente sigue teniendo necesidad. Yo tengo que pensar que es un asunto de falta de voluntad”.

Con evidente frustración, Otero narró que acudieron ante el Departamento de la Familia y allí los despacharon diciéndoles, “que esa responsabilidad de trabajar con las personas sin hogar era de las organizaciones que reciben dinero para eso”.

“Nosotros recibimos fondos de distintas fuentes gubernamentales, pero es restricto, cada dólar tiene un propósito específico, no puede ser para otra cosa, además que tampoco son millones”, sostuvo Otero. “El gobierno es el responsable ulterior de atender todo eso. Yo soy un socio del gobierno, soy un aliado, pero la responsabilidad es del estado, no de las organizaciones”.

En La Fondita terminaron contratando a un laboratorio privado para poder hacer pruebas de COVID a los participantes, luego de buscar fondos adicionales “con recursos locales, de Estados Unidos e internacionales”. Por fortuna, solo han identificado cinco positivos, que pudieron referir a tratamiento y aislamiento.

Mientras, en Solo Por Hoy, “lo hemos hecho con fondos de la Fundación Comunitaria y Hispanics in Philanthropy. Y hemos tenido colaboración de Assmca (Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción) y la Escuela de Tecnólogos Médicos. Pero toda la organización corre por la entidad de base comunitaria sin fines de lucro. Son esfuerzos aislados, mientras se puede hacer, por lo que perduren los donativos. Y en nuestro caso, ya se nos acabó. Tenemos para hacer dos clínicas más, pero ahí se termina”.

Otero reiteró que “las organizaciones hemos asumido el rol de primera respuesta para hacer lo que no le da la gana al gobierno de atender, porque, insisto, es un asunto de voluntad. Hay un plan solo en palabras, nunca se llevó a cabo. Así que hemos tenido que buscar soluciones, recursos, aumentar esfuerzos para conseguir fondos, para dar eso servicios que no da el gobierno. Todo lo hemos tenido que hacer nosotros, creando nuestros propios procesos”.

Hill advirtió que ese problema de escasez de servicios se agudiza mientras más tiempo pasa.

“Ahora muchas organizaciones, al tener temor de contagio con el COVID, no le dan ingreso a nadie si no tiene una prueba negativa de 48 horas. Y la mayoría de la gente no va a tener esa prueba. Y al no haber mecanismos para hacer esas pruebas, pues las personas pasan más tiempo en la calle”, insistió.

Por si fuera poco, se suman otros factores como el hecho de que el Departamento de Corrección y Rehabilitación, “está en un movimiento de excarcelación temprana, por el bienestar de los reclusos, pero los están excarcelando sin planes de salida, y muchos se quedan sin hogar, causando un agravante a la situación de personas sin hogar”.

“No hay espacios, la disponibilidad de espacios para un referido es bien limitada, encima está la barrera de no tener pruebas, y el aumento de personas sin hogar”, insistió Hill. “Y también hemos visto una indiferencia y un abuso a inmigrantes sin estatus migratorio. Porque los caseros no responden a la moratoria en desahucios y los amenazan, y con eso basta porque tienen temor y se van de la unidad. Hemos visto familias enteras llorando, que les han dicho que les van a llamar a ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas). Son inquilinos de mucho tiempo, buenos inquilinos, pero que se han quedado sin trabajo por la pandemia y al no tener estatus legal, aunque ese desahucio es ilegal, abusan de ellos y los tiran a la calle”.

De igual manera, el aumento en casos de violencia doméstica ha hecho que muchas personas, mayormente mujeres y muchas de ellas con hijos, salgan de su hogar huyendo de la violencia. Con eso, se vuelve cada vez más limitada la disponibilidad de espacio para poder brindarles refugio seguro.

“El mensaje importante es que el ambiente está tan y tan cargado que tenemos una situación de emergencia, de salud mental, sanitaria, de protección de vidas, y no tenemos los recursos apropiados para enfrentarla”, insistió Hill.

“Es inmoral actuar de esa manera, que habiendo dinero para atender el asunto no se haga nada. Me duele que el gobierno, que la estructura en la que se supone que crea para atender, no mis necesidades porque gracias a Dios tengo un empleo que me permite mantenerme… pero me duele que tenga que confiar en un gobierno, en una estructura gubernamental que mira para abajo y me dice a mí, como proveedor de servicios, arréglatelas como puedas”, agregó Otero. “Me duele, pero no me voy a detener por eso”.

Primera Hora contactó a los Departamentos de Salud, Familia y Vivienda en busca de reacción, pero al cierre de edición ninguna de las agencias había atendido el requerimiento.