La Administración de Terrenos podrá entrar a la propiedad de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente para evaluar las condiciones del área, luego de que el juez Ignacio Morales Gómez, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, declarara ha lugar -mediante un edicto- la moción presentada por la agencia para acceder al lugar y estudiar el terreno que permitiría completar su titularidad antes de traspasarla al Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

Según la orden del tribunal, el edicto podrá ser publicado una sola vez en un periódico de circulación general de Puerto Rico dentro de los próximos 10 días.

El pleito legal dio inicio cuando la agencia intentó tener acceso a la Ciudad Deportiva para analizar los daños de la zona, pues los terrenos e instalaciones de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente en Carolina llevan años en alto nivel de deterioro y abandono. Sin embargo, Ciudad Deportiva Roberto Clemente, Inc. no permitió la entrada al lugar, llevando el asunto hasta los tribunales.

Previo a esto, se había creado el Distrito Deportivo Roberto Clemente, mediante la Ley 67 de 2022 que derogó la Ley 133 de 1973, que cedía los terrenos en disputa a la familia Clemente y la Ley 164 de 2004, que cedía una parcela de 70 cuerdas adicionales a la Ciudad Deportiva Roberto Clemente. El texto de la Ley 67 de 2022 expone que los terrenos donados a la Ciudad Deportiva Roberto Clemente no están siendo usados para los fines que fueron cedidos por el Estado, ni cumpliendo con el fin público que debían cumplir. De esta manera, la Administración de Terrenos obtendría -en 90 días- todos los permisos y autorizaciones necesarios para transferir los terrenos de la Ciudad Deportiva al DRD.

Este litigio, además, ha puesto en pausa el uso de aproximadamente $14 millones recaudados a través del marbete y la tablilla conmemorativa del hit 3,000 de Roberto Clemente en las Grandes Ligas, que se usaría para la rehabilitación de las instalaciones.

Cabe destacar, también, que en agosto de 2022 la familia de Clemente demandó al gobierno en el foro federal para reclamar una compensación de no menos de $45 millones por alegada infracción a derechos de autor y derechos propietarios, precisamente tras la venta del marbete y la tablilla.