El capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) dio a conocer un extenso reporte sobre las condiciones en las instituciones penales de la Isla, que recoge una larga lista de denuncias de discrimen, violaciones de derechos, abusos, atropellos y mucho más.

El reporte, asegura la organización defensora de libertades civiles y derechos humanos, sigue a otro que presentaron para exponer las muertes de 53 sumariados en la Institución Correccional de Guerrero, en Aguadilla.

ACLU indica que por más de una década recopiló cientos de cartas de confinados y exconfinados, así como de sus familiares y seres queridos, a través de las cuales se documenta un sinnúmero de quejas de violaciones de derechos humanos y civiles en las cárceles de Puerto Rico.

La organización realizó además 50 entrevistas cara a cara con confinados, a pesar de que en ocasiones oficiales correccionales limitaron el tiempo de entrevista o el acceso a algunos reos. También hicieron otras 21 entrevistas a exconfinados y sus familiares, a través de Puerto Rico, así como entrevistas de seguimiento. Asimismo, entrevistas con abogados de demandantes en el pleito de clase Morales Feliciano, que estuvo activo entre 1979 y 2016 para conseguir una reforma en el sistema de prisiones de la Isla que garantizara el cumplimiento con el mínimo de los estándares constitucionales bajo las leyes federales en lo referente a las instalaciones correccionales y el trato a los confinados.

Luego de recopilar la información, en diciembre de 2021 la ACLU coordinó una entrevista vía digital con directivos del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Un mes después, en enero 2022, solicitó al DCR que entregara información y documentos públicos relacionados a las condiciones de confinamiento y operaciones del sistema correccional. Al día de hoy, esa solicitud de información solo se ha atendido parcialmente.

El reporte destaca que los problemas en las instituciones penales se han agravado por los recortes presupuestarios impuestos bajo las disposiciones de la ley federal Promesa, así como por los daños que dejaron los huracanes Irma y María, los terremotos en el área sur y la pandemia.

El reporte divide las denuncias en siete categorías, y en cada una detalla diversos casos de los alegados abusos y violaciones.

En la categoría de acceso a servicios de salud, el reporte recoge una extensa lista de denuncias de trato inadecuado, falta de terapias, medicamentos y equipos médicos, abusos de oficiales correccionales, ausencia de tratamientos para adictos a drogas, particularmente mientras experimentan la retirada, entre muchos más.

Las principales denuncias con respecto a los asuntos de salud se resumen como sigue:

• Falta de respuesta a tiempo y de manera adecuada a emergencias médicas.
• Falta de acceso a exámenes médicos, tratamiento y seguimiento.
• Falta de dietas según recetada por el médico, para atender condiciones de salud específicas.
• Falta de acceso a equipo y dispositivos médicos especializados.
• Falta de suministros adecuados y entrega a tiempo de medicamentos recetados.
• Falta de transportación a citas médicas y terapias en el tiempo que se requiere.

Por otro lado, también se recogen denuncias de uso de fuerza excesiva y abuso por parte de oficiales correccionales, humillaciones, registros y ocupaciones ilegales, así como represalias por denunciar esos atropellos. También se recogen denuncias de abuso sexual, particularmente a confinadas mujeres.

En lo que respecta a abuso de poder o uso excesivo de fuerza, los confinados entrevistados expresaron serias preocupaciones en las siguientes áreas:

• Registros al desnudo abusivos e injustificados.
• Agresiones físicas y verbales ilegales de parte de oficiales correccionales contra los confinados.
• Uso ilegal de aerosol de pimienta y gas lacrimógeno durante motines y registros.
• Acoso y abusos sexuales, en particular contra confinadas mujeres.
• Destrucción y ocupación ilegal de propiedad, por parte de oficiales correccionales, durante inspecciones a las celdas.
• Prácticas de represalias abusivas por parte oficiales correccionales contra los confinados.

Los confinados también expresaron preocupación por la insuficiencia o ausencia de garantías de protección a su integridad física, denunciando que oficiales correccionales no toman acción mientras son golpeados por otros confinados, o incluso ponen a confinados a pelear entre ellos.

En este aspecto de la protección a la integridad, las preocupaciones principales de los confinados son:

• La exposición a ataques físicos por parte de otros confinados.
• La incitación a la violencia entre confinados por parte de oficiales correccionales.
• La falta de respuesta y protección de parte de oficiales correccionales en casos de ataques y agresiones entre confinados.
• Carencia de suficientes oficiales correccionales en las instituciones.

El reporte de ACLU también recoge violaciones a derechos y libertades civiles, contra grupos de confinados tales como miembros de la comunidad LGBTTQIA+, dominicanos, practicantes de religiones como el Islam o la Santería, discapacitados, entre otros.

Las denuncias principales se resumen en:

Discrimen contra confinados LGBTTQIA+

• Discrimen contra confinados LGBTTQIA+ en la modalidad de negarles programas educativos y vocacionales.
• Negativa de acceso a terapias médicas, en particular a terapias hormonales.
• Violencia física dirigida contra confinados LGBTTQIA+, en especial durante registros e inspecciones.
• Negativa de servicios y beneficios en base a su orientación sexual e identidad de género.
• Trato degradante y humillante contra confinados LGBTTQIA.
• Rechazo a que reciban tratamiento hormonal.
• Rechazo a ofrecerles una ubicación adecuada.
• Las autoridades correccionales a menudo no activan los protocolos conocidos como PERA, para atender y eliminar los abusos sexuales y violaciones a confinados.

Discrimen por motivos de religión

• Obstáculos innecesarios para los practicantes de ciertas religiones.
• Abusos físicos de parte de guardias correccionales, basados en un discrimen religioso.

Personas con discapacidades

• Negativa a ofrecer acomodos razonables.
• Exclusión de beneficios, programas y servicios correccionales, basado en discapacidades.

En el aspecto relacionado a las condiciones de la prisiones, las preocupaciones incluyen denuncias de instalaciones, comida, ropas y condiciones sanitarias inadecuadas, así como servicios médicos y garantías de seguridad personal inadecuadas, y van desde falta de disponibilidad de productos de higiene femenina, como toallas sanitarias y tampones, ausencia de sábanas, toallas y uniformes limpios, hasta comida podrida, mal cocinada o expirada, falta de agua potable y falta de agua para descargar los inodoros.

Las denuncias más importantes en cuanto a las condiciones de prisiones se resumen en:

• Falta de higiene o de ropas, toallas y colchones limpios, como exigen las regulaciones correccionales.
• Ausencia de disponibilidad de agua para descargar los inodoros.
• Limitado acceso a agua potable y agua para beber.
• No se provee un manejo adecuado de la comida, en estricto cumplimiento del Código de Alimentos Federal.
• Falta de acceso a productos de higiene personal necesarios.
• Falta de sanidad en áreas y espacios físicos.
• Ambientes peligrosos en lo que respecta a control de plagas y Covid-19.
• Ventilación y control ambiental inadecuados.

Por otro lado, en el aspecto del ofrecimiento de programas y servicios, el reporte recoge denuncias de deficiencia o ausencia de programas educacionales, terapias y empleo, entre otros, o la inconsistencia o suspensión de aquellos programas existentes, así como falta de espacios en los mismos.

Las denuncias en este aspecto se resumen en:

• Falta de programas educacionales y vocacionales, según dispone la Constitución.
• Falta de servicios vocacionales requeridos.
• Manejo deficiente de documentos y files de confinados por parte de trabajadores de caso y personal de las instituciones.
• Radicación a destiempo de documentos de confinados para consideración a libertad bajo palabra.
• Ausencia de reuniones periódicas con trabajadores de caso (técnicos sociopenales).

En cuanto a los asuntos relacionados con el acceso a la justicia, el reporte de ACLU señala denuncias de transferencias constantes de una institución a otra que provocan que los confinados pierdan el tracto de sus reclamaciones judiciales y les impide presentar a tiempo los documentos en respaldo de sus reclamos. Por otro lado, muchas instituciones carecen de una biblioteca legal, y aquellas que la tienen solo abren por tiempo limitado. Además, hay denuncias de falta de computadoras y fotocopiadoras para poder hacer reclamos legales, e incluso se alega que a abogados se les ha negado el acceso a sus clientes en prisión.

En el aspecto de acceso a la justicia, los reclamos se resumen en:

• Notificación a destiempo de documentos de la corte, incluyendo órdenes y mociones.
• Obstrucción y obstáculos para poder radicar y dar seguimiento a quejas administrativas.
• Falta de acceso a materiales para radicar, tales como papel y fotocopiadora.
• Acceso limitado a biblioteca.
• Incapacidad de los trabajadores de caso de mantener un manejo adecuado de documentos.
• Transferencias frecuentes entre instituciones que provocan la ausencia o pérdida de documentos de prisión.

Además, el documento de ACLU aborda el tema de la inexplicable tasa de mortalidad en el sistema correccional y repasa que en enero de 2023 el Instituto de Ciencias Forenses anunció la culminación de los reportes de autopsia de 356 confinados cuya causa de muerte no se había determinado, y que algunos casos se remontaban hasta tan atrás como el 2012. Según esos reportes de autopsia, las principales causas de muerte de los confinados fueron muerte natural; seguida de intoxicación con sustancias ilegales, principalmente fentanilo; suicidios; y homicidios.

El reporte concluye con una larga lista de recomendaciones, que incluyen la adopción de diversos protocolos por parte del DCR, así como la exhortación a la Legislatura a destinar fondos suficientes para el funcionamiento adecuado de las instituciones correccionales y a explorar alternativas al encarcelamiento en poblaciones más vulnerables, entre otras.