La falta de condiciones dignas para vivir y trabajar incide en la lucha por retener a la población del país, principalmente para las jefas de familia. Políticas públicas que perpetúan la violencia de género con bajos salarios, menos beneficios y condiciones laborales desiguales mantienen a estas familias bajo niveles de pobreza.

Este fue parte del retrato de un informe dado a conocer este miércoles por Ayuda Legal Puerto Rico luego de un esfuerzo comisionado a ProMadres, proyecto que busca visibilizar y abogar por las personas que crían y cuidan en Puerto Rico a través del análisis de estadísticas y política pública relacionada a madres trabajadoras.

A pesar de barreras encontradas en la búsqueda de datos y de falta de cumplimiento de la Ley 190 del 2007 que ordena la segregación de datos por género, el informe advirtió se estima que en Puerto Rico hay 820,788 hogares familiares y casi la mitad son liderados por una mujer sola. El 38% de estos hogares viven bajo nivel de pobreza. Por otra parte, la mediana de ingresos de hogares familiares es de $29,544, pero en familias lideradas por una mujer sola es de $18,862 y cuando hay hijos menores se reduce a $12,840.

“Las mujeres son quienes ocupan la mayoría de los puestos peor pagados en el mercado. Necesitamos política pública contundente”, comentó la licenciada Ariadna Godreau Aubert, directora de Ayuda Legal Puerto Rico.

El informe “Políticas que Desplazan: Barreras para las Mujeres Trabajadoras” también encontró que la tasa de participación laboral entre hombres supera el 80% en edades productivas, mientras en las mujeres alcanza un 67% en su pico. La razón principal de las mujeres para no estar en la fuerza laboral es por estar desempeñando tareas domésticas, como el mantenimiento de la casa y el cuido de sus hijos o padres.

Mientras, el salario promedio de hombres y mujeres fue estimado en $15.50. En el caso de mujeres que viven solas la mediana anual se estima en $12,185, mientras la de hombres que viven solos es de $15,343. “Todavía el salario mínimo sigue siendo insuficiente y no sabemos cuántos puestos los ocupan mujeres”, lamentó la licenciada Nicole Díaz González, de ProMadres.

En general, agregó, las madres trabajadoras son más empobrecidas porque además de sus trabajos asumen otras tareas, como el cuido de menores y adultos mayores. A pesar de tener esta responsabilidad, sostuvo, tienen acceso limitado a acomodo razonable, horarios flexibles o trabajo remoto.

Otras desigualdades de género, indicó, son las limitadas licencias de maternidad, así como violaciones a leyes protectoras de la lactancia. La Reforma Laboral, deploró, les quitó aún más beneficios, como un aumento al periodo probatorio, una reducción en las licencias de vacaciones y menor acceso al bono de Navidad.

“El aumento al salario mínimo no es suficiente para una vida digna porque las mujeres solas no solo cobran menos, sino que gastan más”, dijo Díaz González sobre el aumento a gastos básicos, como luz, vivienda y alimentos.

La licenciada Verónica Rivera Torres, de Ayuda Legal Puerto Rico, comentó que los efectos de mujeres trabajadoras empobrecidas se ven con frecuencia en los medios de comunicación, como el caso de Yamilett Zapata Ventura, detenida por la Policía por alegadamente dejar a sus tres hijos menores solos mientras trabajaba. Mayor incidencia de desalojos por falta de pago, falta de acceso a servicios de salud y violencia doméstica, incluyendo violencia económica, son algunas consecuencias, lamentó.

“Se supone que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres lo haga (la fiscalización), pero no lo está haciendo y recae en organizaciones sin fines de lucro como esta, pero no se supone. Es un asunto que vamos a seguir viendo en todo, un asunto de cumplimiento y género”, reiteró Rivera Torres.

Aumentos al salario mínimo para sectores ocupados mayormente por mujeres, licencias especiales para asuntos familiares y flexibilidad en la jornada laboral fueron algunas recomendaciones del Informe. También, ampliar la elegibilidad a programas de asistencia para vivienda y cuido de menores a más familias trabajadoras de bajos ingresos y mayor cumplimiento de legislación que ordena la recopilación y publicación de estadísticas de género figuran entre varias recomendaciones más expuestas en el Informe.

“Queremos que (más mujeres) se queden (en Puerto Rico). Por eso abogamos (por sus derechos), pero tienen que haber las condiciones dignas”, insistió Godreau Aubert.

La abogada advirtió que los resultados y las recomendaciones del Informe serán compartidos con representantes de todos los partidos políticos para que los incluyan en sus plataformas de trabajo.