La oleada de personas con estatus migratorio no definido que buscan, y a menudo consiguen, llegar a Puerto Rico en toda clase de embarcaciones, provocan una situación de proliferación de botes y yolas abandonadas en las costas, mayormente del oeste y noroeste de la Isla.

Según denunció Héctor “Tito” Varela, líder de la organización Surfrider Foundation Puerto Rico, a lo largo de las costas hay decenas de ese tipo de naves abandonadas, que se convierten en estorbos públicos, y que pueden ser un peligro para bañistas, además de provocar daños al medioambiente, pues a menudo son dejadas llenas de basura o, incluso, con derrames de aceite y combustible en su interior.

Varela sostuvo que, en aras de buscar una solución a ese problema de embarcaciones abandonadas, han intentado, en repetidas ocasiones, establecer contacto con la Patrulla Fronteriza (U.S. Border Patrol, en inglés), la agencia federal que está a cargo de atender esa entrada de personas con estatus migratorio no definido, pero hasta el momento no han tenido éxito.

“Nosotros hemos estado recibiendo muchas llamadas y mensaje de surfers y usuarios de la playa con la preocupación por las embarcaciones que se están dejando a la orilla alrededor de todo Puerto Rico por el U.S. Border Patrol”, comentó Varela, haciendo referencia a la agencia federal que, según se desprende de la información que han recopilado, entienden que es la que asume custodia de esos navíos una vez llegan a la costa.

“Empezamos a averiguar y pues sí, son embarcaciones de fibra de vidrio que cada vez que se rompen sueltan muchas partículas, pedazos de fibra de vidrio que se quedan en el océano. Nos envían fotos cuando llegan, llenas de basura, y esa basura se queda ahí, y cuando la ola vira la embarcación, llegan otra vez al océano. Además, muchas de ellas llegan con aceite y gasolina en el fondo, con los galones que se viraron, o los galones que se quedaron dentro de la embarcación, y también llegan al océano, afectando los arrecifes y la vida marina”, denunció el líder de Surfrider, organización sin fines de lucro dedicada a la protección y preservación de océanos, olas y playas alrededor del mundo.

Explicó que, en algunos casos, han observado que le cortan la proa o la popa, para que sean inservibles, y las dejan tiradas “a su suerte allí en la orilla de la playa”, en lugar de disponer de ellas adecuadamente, llevándolas a un vertedero.

De acuerdo con Varela, actualmente en las costas de Rincón a Arecibo hay unas 30 embarcaciones de diferentes tamaños abandonadas, “que ya están rotas, que he podido observar”.

Insistió en que su principal interés es buscar una solución real al problema, y por eso han intentado, infructuosamente, por diversas vías, contactar no solo al Border Patrol, sino también a municipios y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Policía de Puerto Rico, para llevarles alguna propuesta de colaboración.

“Nosotros lo que queremos es dar una propuesta, solucionar el problema, no quisiéramos tener que llegar a lo que estamos haciendo, que es exponer eso públicamente y también ir al Congreso, que fuimos hace unas semanas y estamos en conversaciones con congresistas para que, a nivel de Washington D.C., en las oficinas centrales, se tome acción”, sostuvo Varela.

Preocupación entre alcaldes

Alcaldes de dos de los municipios afectados por esta situación comentaron que, en efecto, constantemente están llegando a sus costas esas embarcaciones, cuyo recogido ha quedado mayormente a cargo de los municipios, con la responsabilidad adicional que eso implica sobre sus ya estrechos presupuestos.

Agregaron que, según el lugar por donde llegan, algunas embarcaciones las han podido recoger, mientras que otras permanecen allí.

El alcalde de Isabela, Miguel “Ricky” Méndez, indicó que “nosotros, por respeto al ambiente, tratamos, hacemos el mayor esfuerzo”, pero aclaró que el municipio no recibe nada de fondos, ni de entidades federales, ni de agencias estatales, para remover esas embarcaciones y, por tanto, hacen lo que pueden con los equipos y el dinero que tienen disponibles.

Según Méndez, la jurisdicción de esos desembarcos está en manos del Border Patrol, cuyos agentes asumen control y “hacen un cateo de la embarcación, y se lleva todo lo que ellos se puedan llevar. Si tiene motor, si hay drogas, todo ello se lo van a llevar. Y después es, ‘resuelve cómo tú puedas’”.

“Luego, lo que se quede allí en el área, hay que picar la lancha. A veces las podemos sacar, pero a veces están en un área de difícil acceso, que no se pueden sacar en camiones y hay que dejarlas allí”, comentó.

“Nosotros hacemos de tripas corazones, con los muchachos de obras públicas, de equipos de emergencia. Pero a veces está en una orilla difícil, está incrustado a la arena, que ya es complicado, y hay que dejarlo. A menos que se pique en pedacitos y se saque canto a canto, pero eso ya son otros veinte pesos”.

Igualmente preocupado por la situación se expresó Carlos López Bonilla, alcalde de Rincón, municipio que en junio pasado recogió alrededor de cuatro naves de la costa.

“Hay veces que es bien difícil entrar a los lugares (de desembarco). A veces ellos cogen sitios de bien difícil el acceso”, lamentó López Bonilla, agregando que, como sucede con otros asuntos, el recogido de esas estructuras ha quedado en manos de los municipios, sin que se asigne dinero alguno para esas labores, que requieren el uso de equipo pesado y brigadas de empleados para sacarlas de la costa, destruirlas y llevarlas al vertedero.

“Tenemos que costearlo con fondos del municipio. Y tenemos que desatender el trabajo que estamos haciendo a diario para poder sacar estas yolas. Si no (se recogen) va a ser muy malo con las playas”, comentó. “Ellos (los migrantes) llegan y a correr se ha dicho, y esas embarcaciones se quedan ahí. Queda de todo, aceite, gasolina, basura, las ropas mojadas… y a Dios que reparta suerte”, comentó.

Méndez resaltó que “no son dos o tres lanchas, son un montón de lanchas”, e insistió en que, para resolver la situación, “necesitamos colaboración no solamente del municipio, sino de todo el mundo”.

Border Patrol aclara su rol

Jeffrey Quiñones, portavoz del Border Patrol, explicó que esa agencia sí está a cargo de atender la situación de entrada de personas de manera ilegal y también tiene jurisdicción sobre cualquier mercancía de contrabando que puedan traer. Sin embargo, aclaró, no están a cargo de esas embarcaciones de fabricación artesanal que puedan quedar en la orilla luego de un desembarco, aunque sí colaboran en la medida que es posible para recogerlas.

“Nosotros no tenemos ninguna jurisdicción con respecto a la embarcación. Una vez llega a la orilla, pues queda bajo la responsabilidad de alguna entidad del gobierno de Puerto Rico, que hasta donde tengo entendido, eso todavía no está completamente determinado”, afirmó el portavoz.

Explicó que, “lo que hacemos normalmente”, en colaboración con FURA (Fuerzas Unidas de Rápida Acción) o aquel municipio que tenga el equipo disponible, es que “se levantan del área de la orilla”, pero es algo que “se hace voluntariamente”.

Asimismo, a solicitud del Departamento de Agricultura federal, para evitar la entrada de la fiebre porcina africana, recogen restos de comida que quede en un desembarco, en particular un salchichón de cerdo que suelen traer las personas en embarcaciones procedentes de República Dominicana.

Detalló que, “nosotros solamente tenemos jurisdicción con respecto al procesamiento de las personas (que entren de manera ilegal). La ley de inmigración lo que dice es que una persona que viene hacia los Estados Unidos tiene que ir a un punto de entrada según designado por la ley, y ese punto de entrada por lo general es un aeropuerto o un puerto de entrada, que puede ser una marina, el puerto de Mayagüez, el puerto de San Juan”, donde esa entrada quede debidamente registrada, pues “la ley establece que yo tengo que pedir autorización para entrar”.

“Lo que a veces el público no entiende es que, cuando una persona viene en yola, y entra por un punto no designado para la entrada, está cometiendo un delito federal. Eso hace que la entrada sea ilegal. Y al eso ocurrir, nosotros tenemos la responsabilidad de detener a la persona que entró por un lugar que no está designado. Y hasta ahí es que llega nuestra responsabilidad”, agregó. “Nosotros tenemos responsabilidad sobre las personas y sobre aquellas mercancías que de alguna manera u otra tratan de entrar, que puede ser en ese caso contrabando”.

Quiñones explicó que, luego de esos desembarcos, Border Patrol recupera los motores o cualquier otro equipo que se considere pueda tener algún valor, y se pone en subasta pública, a través de otras entidades que colaboran con la agencia. También “confiscamos y levantamos de la orilla embarcaciones que están hechas para la navegación, que están certificadas, que hay un manufacturero, que tienen un registro de navegación, independientemente de cuál sea el país”, y una vez confiscada la embarcación, va a un proceso administrativo donde el dueño podría reclamarla, “porque puede haber sido robada”. De no ser reclamada, se lleva a subasta.

“El problema con la yola es que, de por sí, es una embarcación rústica, que no está hecha para la navegación”, y por tanto carece de registro o de dueño al que se le pueda adjudicar, además de que “no está hecha para la navegación y no tiene las salvaguardas correspondientes”, por lo que “representa una amenaza para la seguridad” de cualquier persona que la utilice.

“Y el asunto es que esa responsabilidad no queda sobre nosotros. Cuando se trata de un tipo de embarcación como esa, nosotros no necesariamente tenemos la jurisdicción, porque no se considera mercancía”, reiteró.

Primera Hora contactó al DRNA para averiguar si la agencia tenía algún protocolo o responsabilidad con respecto a esta situación, pero nunca se recibió respuesta.