Legislación aprobada este lunes por el Senado autoriza a los municipios a ejecutar y vender en pública subasta aquellas propiedades abandonadas y que tienen que ser mantenidas por el ayuntamiento. 

La medida es el Proyecto del Senado 318, de la autoría de los senadores Luis D. Rivera Filomeno y Martín Vargas Morales, que enmienda la Ley de Municipios Autónomos, para establecer que los municipios procederán con la acción judicial que corresponda para ejecución y venta en pública subasta de solares abandonados, yermos o baldíos – incluyendo las estructuras ubicadas en ellos– que hayan sido declarados estorbos públicos, para recuperar de sus dueños los costos de limpieza en los cuales hayan incurrido y el monto de las multas no pagadas por dicho concepto, si dentro del término de seis meses de haberse realizado la última gestión de cobro, éstas resultaren infructuosas.

 Los autores de la legislación sostienen en su exposición de motivos que ni aún con la intervención de los municipios se ha logrado mantener al día las propiedades abandonadas y recuerdan que la Ley 191-2002 los faculta para imponer multas a los dueños de los solares declarados “estorbo público” que no sean atendidos; y promover el mantenimiento de los mismos en condiciones apropiadas. Dichas multas podrán ascender hasta un máximo $5 mil y de no ser pagadas se convertirán en un gravamen sobre la propiedad.

 El Senado aprobó, además, una Resolución Conjunta presentada por los senadores Eduardo Bhatia y Cirilo Tirado Rivera que ordena a la Junta de Calidad Ambiental que exija la utilización de neumáticos desechados triturados para proteger el material de sello de las celdas en sistemas de relleno sanitario.

Otra resolución avalada hoy ordena a las comisiones de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos y la de Derechos Civiles, Participación Ciudadanía y Economía Social investigar los procedimientos y protocolos utilizados por la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal al momento de intervenir con la comunidad inmigrante residente en Puerto Rico, irrespectivamente de su estatus migratorio.

 La medida, explicó el presidente del Senado, tiene como objetivo conocer cómo la clase inmigrante en Puerto Rico ha sufrido ante el hecho de que acciones criminales en su contra, a veces no son investigadas por la Policía. 

“En ese sentido hay un informe de Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, en el que se señala que hay un sinnúmero de abusos que se están cometiendo, no sólo en términos de la brutalidad policiaca, sino que hay también una serie de delitos que se cometen contra inmigrantes que no  son investigados”.

 Una resolución relacionada fue también aprobada para investigar la accesibilidad de los servicios de salud disponibles para la comunidad inmigrante en Puerto Rico, irrespectivamente del estatus migratorio de la persona.

Se confirmó además los nombramientos de Maribel Sánchez Muñoz, como Procuradora de Asuntos de la Familia, para un nuevo término; y los de Ruth E. Vega Luna,  Wilma I Rosado Casiano y Nereida Quiñones Figueroa, como miembros de la Junta Examinadora de Especialistas de Belleza.