Una demanda fue radicada hoy en el Tribunal de Nueva York para exigir la información de los archivos relacionados con el proceso de hacer los nombramientos de la Junta de Supervisión Fiscal, especialmente los documentos sobre conflictos éticos y divulgación de intereses financieros que les fueron requeridos, y otros detalles de la creación del ente por la Ley federal Promesa.

La demanda fue interpuesta por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), LatinoJustice Prldef y el Center for Constitutional Rights contra el Departamento del Tesoro federal bajo el amparo de la Ley de Libertad de Información (conocida como FOIA en inglés).

El pedido de información se originó en 2017 y los demandantes plantean que el Departamento del Tesoro ha incumplido su obligación legal al no entregar los documentos que respondan a los pedidos de información bajo FOIA, a pesar de haber admitido que tienen los documentos.

La demanda detalla 15 tipos de solicitudes, que incluyen: los criterios para la evaluación de los candidatos a pertenecer a la Junta, qué agencias intervinieron, documentos sometidos por cada candidato, cómo establecieron consideraciones de potenciales conflictos de interés, e información profesional y de trasfondo personal que se usó en la evaluación de los candidatos, entre otras.

“Tener acceso a estos documentos cobra una nueva relevancia cuando la renominación de los candidatos actuales está ante la consideración del Congreso y cuando se acerca, en agosto, el término de vencimiento de estos nombramientos. Además, un tribunal apelativo federal ha dicho que la forma en que los miembros actuales fueron nombrados fue inconstitucional, lo cual imparte mucha más pertinencia a la necesidad de conocer cómo fue el proceso de manejo de los candidatos y sus nombramientos por parte del Tesoro”, sostuvo en declaraciones escritas a la prensa Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.

A la tardanza del Tesoro en producir los documentos, se suma la negativa del ente federal impuesto por el Congreso al pedido de algunos de estos mismos materiales sobre sus miembros, como los informes de divulgación financiera.

En el extenso trámite desde que se solicitaron los documentos mediante la ley FOIA, el Tesoro pidió que se limitara la petición, a lo que el CPI accedió sin renunciar a su derecho eventual a mantener la solicitud original. La agencia indicó, además, que tenía que tachar parte de los documentos antes de entregar, y se comprometió a entregar en fechas con las que nunca cumplió, además de denegar un proceso expedito para procesar la solicitud.

“A lo largo de los últimos dos años, hemos agotado todos los procesos administrativos ante el Departamento del Tesoro para obtener la información solicitada. Nuestra petición es de información pública que, sobre todo, debió estar disponible desde un principio en aras de la transparencia y rendición de cuentas de un ente que no fue electo y que opera por imposición legal del Congreso de Estados Unidos. Es indignante la negativa a responder nuestras peticiones sobre aspectos básicos de una Junta que, en esencia, está controlando el destino de nuestro país”, expresó Minet.

“La falta de transparencia tanto de la administración Trump como de la Junta de Control Fiscal nombrada por el gobierno federal nos ha llevado a tener que demandar para pedir información básica de esa entidad que debería ya estar pública. La información que solicitamos debería haberla tenido el pueblo de Puerto Rico y el público en general desde que se iniciaron las nominaciones para la junta hace casi tres años”, señaló, por su parte, Natasha Lycia Ora Bannan, de LatinoJustice.

La demanda levanta cuestionamientos sobre el proceso de formación de la Junta y la falta de transparencia en la selección de sus miembros. Precisamente, preocupaciones del CPI sobre el trasfondo de algunos miembros y sus afiliaciones, que han motivado otras demandas sobre el potencial de conflictos de interés respecto a sus funciones en la Junta.

De igual forma, plantea preocupación por el tipo de gobernanza y rendición de cuentas ante la falta de una efectiva participación ciudadana y carencia de fiscalización sobre su conducta y políticas.

La demanda pide al Tribunal que se entreguen todos los documentos solicitados y se continúe buscando todos los archivos que puedan entran dentro del espectro de lo pedido. Además, solicita que se prevenga al Tesoro de continuar negándose a estas solicitudes y cubra los costos y honorarios de los abogados en este litigio de los demandantes.