En compás de espera y tras las rejas continúa el trapero Yovngchimi, cuyo nombre de pila es Ángel Javier Avilés Monzón.

El exponente musical todavía no conoce si podrá disfrutar de libertad bajo fianza en lo que se le realiza el juicio en su contra, pues el magistrado federal Marshal D. Morgan prometió el pasado miércoles informar su decisión por escrito y todavía no lo ha hecho.

Mientras, la Fiscalía federal presentó una moción informativa en la que explica la razón por la que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) todavía no ha cumplido con la orden de devolverle su auto, un Lamborghini Urus. El mismo fue ocupado durante una orden de registro a su residencia, que se efectuó contra el pasado 7 de enero y que ahora sus abogados de defensa, Saam Zangeneh y Maurincio Padilla, han mostrado “una legítima preocupación sobre su legalidad”.

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En resumen, estos son los acontecimientos judiciales que se han desarrollado desde mediados de semana en el proceso judicial que se realiza contra el trapero, a quien se le acusa de dos cargos federales por posesión de armas modificadas para disparar de manera automática.

El pasado miércoles en la tarde el magistrado Morgan realizó la segunda vista de fianza que se realiza contra Yovngchimi. Esta oportunidad se la dieron a raíz de que la Fiscalía federal enmendó la acusación en su contra para cambiar códigos de los artículos por los que se le juzgaría.

Prueba presentada por la Fiscalía federal en la respuesta a una de las mociones presentadas por Yovngchimi para reclamar la libertad bajo fianza.
Prueba presentada por la Fiscalía federal en la respuesta a una de las mociones presentadas por Yovngchimi para reclamar la libertad bajo fianza. (Captura)

El acusado ha solicitado pagar una fianza de $150,000 y poner como colateral una residencia que adquirió en la urbanización Encantada, en Trujillo Alto, cuyo valor es de $700,000. Además, ha expuesto en mociones que cumpliría con otras disposiciones impuestas por la corte.

Pero, la posibilidad de que se le conceda la libertad bajo fianza todavía está en veremos. El magistrado informó a las partes el pasado miércoles, tras escuchar los argumentos en contra y a favor de la fianza, que haría su determinación por escrito.

Por otro lado, como parte de los procesos judiciales, ayer, jueves, los abogados de defensa solicitaron acceso a las affidavit que se utilizó la Fiscalía para conseguir que el magistrado Marcos E. Lopez concediera la orden de registro en la residencia del trapero. Es con estas que evaluarán la legalidad.

Los temas de "maleanteo" figuran en una mayor parte de las composiciones del “Diablo de Llorens”.

Entre las mociones presentadas, los abogados de Yovngchimi reclamaron también la devolución de la propiedad incautada. La misma está sellada, así que se desconoce qué propiedad solicitan.

No obstante, la Fiscalía federal presentó su moción informativa en la que hablan de la devolución del vehículo Lamborghini Urus. No dan cuenta de ninguna otra propiedad.

Surge de la moción que el 13 de marzo el acusado requirió su propiedad de vuelta y que la corte le dio a la Fiscalía para responder a esta petición hasta el 24 de marzo.

Resulta que la Fiscalía federal reconoció que no respondió la moción en cuestión. Ante la situación, la corte ordenó ayer, jueves, que se le devolviera el vehículo al imputado.

“En primer lugar, la abajo firmante, (la fiscal federal Laura Díaz González), presenta sus más sinceras disculpas al Tribunal por el incumplimiento del plazo establecido. Esto se debió a un descuido y no a un incumplimiento deliberado de una orden judicial. El gobierno informa, además, que el FBI, en sus esfuerzos por devolver el vehículo en cuestión, ha descubierto que no está registrado legalmente a nombre del acusado, sino a nombre de una entidad identificada como Master Motors. Sin embargo, dado que el acusado afirma ser el legítimo propietario del vehículo, el FBI ha solicitado documentos para determinar a quién el vehículo debe ser devuelto”.

En su escrito, la fiscal solicitó unos cinco días adicionales en lo que el FBI logra dilucidar la situación y se le puede brindar una respuesta a la corte sobre la controversia.

Yovngchimi fue arrestado el pasado 29 de diciembre en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde.

Documentos del expediente judicial del artista apuntan a que el trapero fue atrapado en una presunta ilegalidad por unos mensajes de textos extraídos del celular de otro cantante de música urbana, Luis Nomar Isaac Sánchez, mejor conocido como CDobleta. Estos extractos fueron corroborados en el celular del propio acusado, que fue confiscado el 16 de septiembre por la agencia Homeland Security Investigations (HSI, en inglés).

Ambos artistas urbanos formaban parte de un chat de WhatsApp de nombre “La Vuelta”. Además, formaban parte del grupo Víctor Pérez Fernández, alias “Vitu”, “Vitikin”, “Enano” y “La Cone”. Este último es el presunto manejador de CDobleta y se entregó a las autoridades federales en diciembre y fue acusado por un gran jurado federal junto a otros 15 alegados miembros de la ganga “La Familia”, cuyo grupo supuestamente operaba en los municipios de San Juan y Carolina. Se sospecha que el grupo es responsable por el asesinato del sargento Eliezer Ramos.

Entre los mensajes que se destacan fue uno del 4 de junio de 2023, donde Avilés Monzón estableció que “por poco le disparaba a alguien más temprano en el día, pero no lo hizo porque andaba en su auto personal”.

También expuso que tenía una pistola y que no se la dejara mucho, porque “wa matar a uno con ella”.

“Ortia porpoco le doy a uno”; “Es qe andaba en mi guagua personal” y “Aplica sin fantom” son otros mensajes que alegadamente envió Yovngchimi.

Un vídeo enviado por el trapero a la cuenta también está bajo el poder de las autoridades federales.

Otro mensaje destacado fue una foto de Pérez Fernández con un arma automática y un mensaje de Avilés Monzón sobre su experiencia reparándolas. Como la pistola estaba mala, el trapero presuntamente ofreció asistencia para convertirla en semiautomática y venderla.

Por los hechos, las autoridades federales le presentaron dos cargos criminales a Avilés Monzón por posesión de armas modificadas para disparar de manera automática.

El trapero boricua pudiera enfrentar una pena máxima de 10 años de cárcel por cada cargo, de ser hallado culpable.