Y serán más los salpicados en fraude electoral-VÍDEO
Evidencia demuestra que imputados participaron de manera fraudulenta en un proceso amañado.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 11 años.
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Es solo el comienzo.
La presentación de 110 cargos graves contra 29 personas vinculadas al fraude primarista en Guaynabo es solo la primera etapa de la investigación que el Departamento de Justicia viene realizando desde el pasado año y que pudiera desembocar en más acusaciones contra otros individuos, incluido el alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill.
Aunque evitó entrar en detalles sobre las pesquisa en curso, el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, explicó que “la investigación nos reflejará la evidencia que haya para –hoy no, mañana, quizás, o en el futuro– traer acusaciones o imputaciones adicionales contra otras personas”.
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que O’Neill sea imputado criminalmente por el fraude fraguado y ejecutado en su municipio, el funcionario afirmó que no descarta nada en este punto.
Durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Justicia, Sánchez Betances señaló que su agencia también sigue pesquisas en torno a las irregularidades detectadas en las primarias de Villalba, Yauco, Guánica y Arroyo.
En el caso del municipio de Villalba, según el titular, la investigación se encuentra en una etapa avanzada.
“Aquí no va a haber trato distinto para nadie”, dijo en torno a las pesquisas que involucran procesos electorales tanto del Partido Nuevo Progresista (PNP) como del Partido Popular Democrático (PPD).
Las personas imputadas de delito con relación al esquema fraudulento en Guaynabo incluyen empleados de confianza del alcalde O’Neill y policías municipales y estatales.
Al grupo se le imputa apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica, archivo de documentos o datos falsos y perjurio. Estos delitos son de cuarto grado y, según el Código Penal, disponen una pena de seis meses y un día hasta tres años de cárcel. Todos cualifican para probatoria.
Entre los imputados se encuentran el recién nombrado comisionado de la Policía Municipal, Wilfredo Martínez Hernández; las tenientes municipales Brenda I. Rodríguez Rodríguez e Ingrid Echevarría Colón; y los sargentos municipales César Beltrán Colón y Miguel Díaz Vélez.
Además, los policías municipales Emmanuel Ramos Verdejo, Christian M. Moreno Peña, Alexis Franceschi Torres, Cynthia Pagán Porrata, Gerardo Tapia Reyes, Luis E. Villegas García y Juan E. Correa.
Varios agentes de la Policía estatal también cayeron en esta ronda de acusaciones. Estos son el teniente José M. Rodríguez Pagán, el sargento Ángel Hernández Pérez y el capitán retirado Ariel Soto Cruz.
A ellos se suman Karen M. Vázquez Negrón, ayudante del alcalde O’Neill; Ricardo Marrero Santos, integrante de la escolta del ejecutivo municipal; y Norma G. Miranda Gallardo, ayudante de trámite legislativo de la representante Jenniffer González.
El resto del grupo queda integrado por los empleados o ex empleados municipales Aneudi Báez Fuentes, Clara Vázquez Serrano, Irma T. Román Gómez, Miguel A. Pérez Marrero, Ángel E. Alicea Cintrón, David Figueroa Almodóvar, Carlos Rey Cotto, Luz M. Cruz Rivera, José A. Hernández Rondón, Aida Bastard Belpre y la empleada del Consorcio Guaynabo-Toa Baja, Yajaira Rojas López.