Su padre, un agente del Servicio Secreto, murió en el fuego del Dupont Plaza.

El agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) William Marrero, quien fue declarado sospechoso por la Policía a los dos años del asesinato del niño Lorenzo González, regresó a la residencia de Ana Cacho la noche de los hechos a buscar las armas que se le habían quedado.

Al llegar se encontró con la macabra escena, supo Primera Hora.

De inmediato, se indicó, llamó a su hermana, que es enfermera y reside en EE.UU., para relatarle lo presenciado.

Esta versión sobre las razones por las que presuntamente el agente federal regresó a la residencia de Cacho en Dorado corresponde a la versión que siempre ha mantenido tanto el agente en sus entrevistas con las autoridades como sus abogados, que él no estuvo presente cuando asesinaron al niño Lorenzo.

No se precisó si fue que lo llamaron para avisarle que se le quedaron las armas, o si fue el propio agente el que se acordó y regresó.

Esta versión varía de la otra, que coloca a Arnaldo “Naldy” Colón como la persona que llamó al agente a contarle lo sucedido, razón por la que Marrero, presuntamente, se presentó en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Dorado.

Curiosamente, el padre del ahora “sospechoso” William Marrero, Manuel I. Marrero Otero, fue un agente federal del Servicio Secreto de Estados Unidos en Puerto Rico.

Marrero Otero murió en el fuego del hotel Dupont Plaza. Se encontraba en la oficina del gerente de la hospedería efectuando una investigación sobre un caso de falsificación de dinero cuando el fuego se desató.

¿al polígrafo?

Los ex fiscales federales Osvaldo Carlo e Ignacio Rivera coinciden en que hace rato que a Marrero lo tienen que haber interrogado exhaustivamente para determinar su participación, si alguna, en el asesinato del niño Lorenzo, e inclusive lo tienen que haber sometido al polígrafo.

Ambos letrados consideran que hay una razón para que, después de dos años de ocurridos los hechos, declaren a Marrero sospechoso.

Para Carlo, se trata de una expedición de pesca en la que la Policía busca presionar para que diga cualquier cosa que sepa de los hechos que no haya informado anteriormente.

Para Rivera, se trata de “la política partidista que comienza a contaminar una investigación criminal para tener un efecto publicitario antes del 6 de noviembre”.

“Generalmente, cuando llamas a un testigo que has entrevistado en múltiples ocasiones para decir que ahora es sospechoso del delito, usualmente conlleva que la Policía aporte alguna información o evidencia que implique a la persona con los hechos”, dijo Carlo.

De no ser ese el caso y de no haber sido confrontado con evidencia de participación delictiva, señaló, se puede convertir en una expedición de pesca que lo que busca es que la persona se sienta presionada con una posible suspensión en sus labores como agente federal o hasta su destitución.

“Estoy completamente seguro que lo tienen que haber sometido su agencia a un interrogatorio intenso sobre los hechos del caso”, acotó Carlo.

Incluso, agregó, sería lógico que la Policía compartiera con la jurisdicción federal la información que puedan tener sobre Marrero, de tal forma que los federales puedan tomar medidas cautelares.

Rivera, por su parte, insistió en que “aquellos que desean presentar un aspecto de línea dura contra el crimen quieren esas acusaciones antes del 6 noviembre”.

“Si él (Marrero) estuvo allí, puede ser sospechoso. Acúsalo. Ganamos las elecciones, aunque después se caiga”, ejemplificó Rivera.

“La Oficina del Inspector General tiene jurisdicción para investigar cualquier rumor sobre una acusación ilegal de cualquier empleado federal, sin excepciones. Estoy seguro que eso ya se hizo y él salió bien porque, si no, ya él no estaría en ICE. A menos que las autoridades tengan evidencia”, dijo.