La exgobernadora Wanda Vázquez Garced, acusada la semana pasada en la esfera federal, se declaró no culpable de conspirar y aceptar sobornos para financiar su campaña primarista en el 2020.

Según publicó El Nuevo Día, la exmandataria renunció a la lectura formal de cargos.

El mencionado diario reveló que del expediente del caso surge que la moción fue presentada por el abogado Ignacio Fernández de Lahongrais el paasado sábado.

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“Se presenta una declaración de no culpable en nombre de la acusada Vázquez Garced en cuanto a todos los cargos que se le imputan en la acusación formal. Las partes tendrán siete días para el descubrimiento y 14 días a partir de entonces para presentar cualquier moción”, lee la moción firmada por la jueza Camille L. Vélez Rivé.

Wanda Vázquez enfrenta tres cargos por defraudar el gobierno, soborno con fondos federales y fraude electrónico.

De ser encontrada culpable por defraudar al gobierno, se le podría imponer una multa de $250,000 y tres años de libertad supervisada. Mientras, por soborno con fondos federales podría enfrentar hsata 10 años de cárcel y tres años de libertad supervisada, así como $250,000 de multa. Por fraude electrónico, también podría recibir una multa de $250,000 y tres años de libertad supervisada.

Vazquez Garced, quien llegó a la gobernación en agosto del 2019 luego de la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló en ese mismo año, fue arrestada esta madrugada en su residencia por agentes del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés).

Las riendas del País recayeron sobre la exmandataria aquel año dado a que, al quedar vacantes los puestos de gobernador y secretario de Estado, el secretario de Justicia es quien debe asumir el cargo de Primer Ejecutivo, según la línea de sucesión establecida en la Constitución de Puerto Rico. Para ese entonces, Vázquez Garced fungía como secretaria de Justicia, puesto que comenzó en enero de 2017.

La exmandataria también fue Procuradora de las Mujeres desde el 2010 al 2016, nombrada por el exgobernador Luis Fortuño.

Anterior a esos cargos, se desempeñó por unos 20 años como fiscal y litigó casos de relevancia mediática como el de la Masacre de Pájaros y el de una embarazada asesinada cuyo principal sospechoso era su pareja, un miembro de la Policía. Sin abandonar el oficio de litigar, dirigió la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores en la Región Judicial de Bayamón, donde luego ejerció como fiscal del distrito.

Su trayectoria en el servicio público comenzó en la década de los 80 cuando trabajó en el Departamento de la Vivienda.