La exgobernadora Wanda Vázquez Garced, a través de su representación legal, solicitó permiso al juez federal Raúl Arias Marxuach para realizar una “peregrinación familiar religiosa” a España.

La moción se radicó el pasado lunes, 6 de marzo, una semana antes de la otrora secretaria de Justicia solicitara ayuda económica para cubrir su defensa a través de una transmisión en vivo por Facebook.

“El abogado ha hablado con el Gobierno y con el agente de libertad condicional y ninguno de los dos se opone a su viaje”, lee la moción.

“Reconocemos que este tipo de moción rara vez, o nunca, se presenta con restricciones para un acusado que no coopera. Sin embargo, dado que Vázquez-Garced es una figura pública y todas sus presentaciones están sujetas a un mayor escrutinio por parte de la prensa y el público, presentamos esta moción con restricciones. La razón es garantizar su seguridad, evitar manifestaciones públicas (tanto a favor como en contra de ella) en el aeropuerto y prevenir ataques injustificados y perjudiciales en los medios de comunicación que podrían ser instigados por sus planes de viaje”, agregó.

En el recurso legal, se expone que Vázquez Garced y su esposo, el juez superior Jorge Díaz Reverón, tenían reservaciones con la aerolínea Iberia para un vuelo con ruta de San Juan a Madrid ayer, viernes, 31 de marzo, con un vuelo de vuelta a la Isla el próximo 11 de abril.

Vázquez Garced fue acusada junto a Julio Martín Herrera Velutini, quien es dueño de Bancrédito Interantional Bank & Trust Corporation; Frances Díaz, presidenta del mencionado banco; el exagente del Negociado Federal de Investigaciones, Mark Rossini, quien colaboraba con Herrera Veluntini, así como su exasesor político, John Blakeman. La alegación principal es que el grupo estuvo involucrado en un supuesto esquema de soborno durante la campaña primarista de la exgobernadora por el Partido Nuevo Progresista (PNP) entre finales del 2019 y mediados del 2020.

Díaz y Blakeman ya hicieron alegación de culpabilidad y colaboran con las autoridades federales.

Según la acusación federal, Herrera Velutini y Rossini presuntamente prometieron proveer apoyo financiero a la campaña de la exmandataria con el fin de que ella, con su influencia política, destituyera y reemplazara al comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, pues Bancrédito era objeto de una examinación de parte de esa oficina. En cambio, buscaron reemplazarlo con Víctor Rodríguez Bonilla, quien fue recomendado por el banquero.

Para el 28 de febrero de 2020, Joyner presentó su carta de renuncia. Su salida del cargo se concretó el 6 de marzo de 2020. Trascendió en aquel entonces que, supuestamente, había sido forzado a dimitir.

Tras la baja, Rodríguez Bonilla fue nombrado por la exgobernadora como comisionado de la OCIF para marzo de 2020.

Como parte de la transacción, supuestamente Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000, dice la acusación federal.

Para montar el esquema, se alega que Herrera Velutini y Rossini se comunicaban “en secreto” y mediante intermediarios, identificados como Díaz y Blakeman.

“Herrera, Rossini, Vázquez y sus coconsipradores se comunicaron en secreto entre sí directamente y a través de intermediarios a través de mensajes de texto, correo electrónico y aplicaciones de mensajería basadas en Internet, y durante reuniones internas, para discutir aspectos del acuerdo de pago de sobornos a Vázquez”, lee la acusación.

Por estos alegados hechos, Vázquez Garced, quien llegó a la gobernación en agosto del 2019 luego de la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló, está acusada de cargos por defraudar el gobierno, soborno con fondos federales y fraude electrónico.