La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced solicitó ayer al tribunal federal ser excluida de la orden de mordaza impuesta en el caso criminal que enfrenta en ese foro.

En la moción presentada, sus abogados Ignacio Fernández y Luis Plaza, sugirieron que la mordaza afecta a la exmandataria ya que no puede defenderse públicamente de informaciones que salen en los medios de comunicación.

Con esta acción, la exgobernadora quiere poder hacer expresiones públicas y así dar su versión sobre alegaciones que han surgido sobre el caso.

A modo de ejemplo, los abogados señalaron que informaciones periodísticas sobre una moción presentada por la fiscalía que informaba sobre 24 grabaciones que generó el FBI durante la investigación del caso contra la exmandataria.

“Una foto de la gobernadora (Vázquez Garced) siempre aparece justo debajo de los titulares. Una interpretación de sentido común de este titular lleva al lector no-informado a creer que la gobernadora estuvo presente en todas, o en algunas, de las 24 grabaciones y que debe ser culpable de los cargos”, reza la moción.

La orden de mordaza emitida por el juez Raúl Arias Marxuach, prohíbe que las partes del caso hablar con la prensa o a través de las redes sociales “cualquier información” que tenga alguna restricción.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) arrestó el pasado 4 de agosto a Vázquez Garced en su residencia en Montehiedra.

La exmandataria enfrenta varios cargos por defraudar el gobierno, soborno con fondos federales y fraude electrónico. La jueza le impuso una fianza de $50,000.

De ser encontrada culpable por defraudar al gobierno, se le podría imponer una multa de $250,000 y tres años de libertad supervisada. Mientras, por soborno con fondos federales podría enfrentar hasta 10 años de cárcel y tres años de libertad supervisada, así como $250,000 de multa. Por fraude electrónico, también podría recibir una multa de $250,000 y tres años de libertad supervisada.

Vazquez Garced, quien llegó a La Fortaleza en agosto del 2019 luego de la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló en ese mismo año, fue arrestada esta madrugada en su residencia por agentes del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés).

Las riendas del País recayeron sobre la exmandataria aquel año dado a que, al quedar vacantes los puestos de gobernador y secretario de Estado, el secretario de Justicia es quien debe asumir el cargo de Primer Ejecutivo, según la línea de sucesión establecida en la Constitución de Puerto Rico. Para ese entonces, Vázquez Garced fungía como secretaria de Justicia, puesto que comenzó en enero de 2017.

La hoy acusada a nivel federal también fue Procuradora de las Mujeres desde el 2010 al 2016, nombrada por el exgobernador Luis Fortuño.

Anterior a esos cargos, se desempeñó por unos 20 años como fiscal y litigó casos de relevancia mediática como el de la Masacre de Pájaros y el de una embarazada asesinada cuyo principal sospechoso era su pareja, un miembro de la Policía. Sin abandonar el oficio de litigar, dirigió la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores en la Región Judicial de Bayamón, donde luego ejerció como fiscal del distrito.

Su trayectoria en el servicio público comenzó en la década de los 80 cuando trabajó en el Departamento de la Vivienda.