La exgobernadora Wanda Vázquez Garced confirmó, mediante una moción informativa, que participó activamente en una investigación que realizó con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).contra la actual candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, así como al expresidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en el Verano del ‘19, tras haber denunciado un posible intento de soborno.

Sin embargo, dejó claro que su interés era mantener el asunto como privado, ya que no se detectó ningún delito.

La confirmación se añadió en un documento sometido para repudiar la acción cometida por uno de los coacusados en su caso por corrupción pública, específicamente del exagente del FBI, Mark Rossini, quien reveló que Vázquez Garced grabó conversaciones con los funcionarios electos en una moción en el que pide que se desestimen las acusaciones.

“Alrededor de julio de este año, el señor Rossini hizo circular un borrador de la Moción de Desestimación. El borrador incluía la divulgación de la información de la investigación del FBI que posteriormente fue revelada en el expediente 677. Nos opusimos a la divulgación de la información de la investigación del FBI y se solicitó que el señor Rossini lo retirara. Después de todo, el FBI cerró la investigación sin encontrar ninguna evidencia de irregularidades”, indica la moción, radicada por los abogados Peter John Porrata, Edgar Sánchez, Luis Plaza e Ignacio Fernández.

Según se explica en la moción, Vázquez Garced quiso aclarar para récord de lo denunciado por el coacusado, ya que se está en tiempos de elecciones y la situación ha generado mala publicidad.

“El momento de esta divulgación, sin ninguna aclaración por parte de la exgobernador Vázquez Garced, podría tener un impacto en las próximas elecciones y es un motivo de grave preocupación. La versión redactada presentada públicamente no incluye los documentos originales proporcionados en el descubrimiento de prueba. Es injusto para los dos funcionarios gubernamentales enfrentar preguntas cuando la fuente, los documentos no están disponibles para la prensa y el público, especialmente porque los propios documentos demuestran que ninguno de los dos funcionarios cometió ningún delito”, se indicó en la moción.

El documento añade que “Vázquez Garced es una fiscal de toda la vida y exfiscal general. Y, cuando ella percibía como una posible actividad ilegal, hizo exactamente lo que una fiscal debería: alertó a las autoridades y cooperó con la investigación”.

También surge de la moción que el tema de esta investigación del FBI estuvo sobre el tapete en el descubrimiento de prueba con la Fiscalía federal hace más de un año atrás, pero que la exgobernadora “determinó que no tenían relación con el presente caso, no se utilizaría en la defensa de Vázquez Garced y debía mantenerse en privado”.

La moción de Rossini lo que pretende es que se dejen sin efectos las acusaciones en su contra, contra Vázquez Garced, así como contra el presidente de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, Julio Herrera Velutini, bajo el alegado de que no actuaron con “intención corrupta”. Para justificar su punto, expuso cómo eran cooperadores del FBI.

Entre otras cosas, la moción destaca que Vázquez Garced acudió al FBI para denunciar un presunto esquema corrupto en Verano del ‘19 en el que supuestamente dos políticos intentaron sobornarla para que nombrara a un oficial electo del Partido Nuevo Progresista (PNP) como secretario de Estado para que sustituyera a Ricardo Rosselló tras su dimisión. Para esta movida, Vázquez Garced tenía que dejar un lado el orden constitucional que la dejó a ella en el cargo de gobernadora, por haber sido en aquel entonces secretaria de Justicia y no habiendo una persona en el cargo de secretario de Estado.

Entretanto, Rossini expuso en la moción que él acudió donde el FBI para intentar denunciar, a nombre de su cliente y otro de los coacusado en este caso, Herrera Velutini, unos presuntos actos corruptos en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

Según la acusación de la Fiscalía federal, Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero a la exgobernadora para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y remplazar al entonces comisionado de la OCIF, George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, alegadamente, bajo presiones. Supuestamente, fue sustituido.

Entonces, la exgobernadora nombró como su remplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, la exgobernadora recibió un soborno de $300,000 por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y están colaborando con las autoridades federales. No han sido sentenciados.

Según lee la acusación, para llevar a cabo su conspiración, Vázquez Garced se comunicaba con Herrera Velutini y Rossini de manera secreta y usando intermediarios, específicamente a Díaz y Blakeman.