Más de 20,000 páginas de documentos y grabaciones forman parte de la evidencia en el caso federal contra cinco transportistas escolares acusados por restringir el comercio interestatal y cometer fraude postal tras detectarse irregularidades en los procesos de contratos de transporte escolar en el municipio de Caguas en 2014.

Así lo informó esta mañana el fiscal federal Craig Lee en una vista de estatus del caso que se llevó a cabo ante el juez federal Gustavo A. Gelpí.

Los fiscales Lee y Scott Anderson indicaron que el 2 de junio pasado, entregaron la prueba a los abogados de los acusados.

Gelpí le dio a la fiscalía hasta el 2 de julio para presentar ofertas de posibles acuerdos a la defensa y pautó otra conferencia de estatus para el 4 de agosto.

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Los acusados en este caso son: Gavino Rivera Herrera, dueño de un negocio de transportación en la barriada La Barra, en Caguas; Luciano Vega Martinez, de L.V. Transport, Inc.; José Arroyo Quiñones, president de Transporte Escolar J.L.; Alfonso "Junito" González Nevárez, propietario de Junito Bus Line; y René Garay Rodríguez, dueño de Gary Bus Lines, Inc.

Todos están libres bajo fianza.

La investigación del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) surgió al detectar irregularidades en el proceso de contratos de transportación escolar y se alega que los implicados suprimieron y eliminaron su competencia al repartirse rutas y manipular subastas.

Según la pesquisa, los comerciantes acordaron no competir entre sí y sometían precios inflados para las rutas que no les interesaba cubrir. Así aparentaban que había competencia entre las empresas implicadas en el esquema. Los transportistas acordaron licitar precios altos para las rutas que sí les interesaban operar para poder renegociar precios más bajos más adelante, y así garantizaban un alto margen de ganancia.

Los contratos para cada una de las compañías eran de $3.5 millones con vigencia de cuatro años.

Los cargos relacionados a fraude postal son por enviar cartas de adjudicación de subastas a través del correo.

La acusación indica que hubo una serie de irregularidades durante el proceso de subasta municipal para los contratos que cubrían las rutas de Río Cañas, San Antonio, Turabo, Tomás de Castro, Beatriz, San Salvador, Caguas Pueblo, Bairoa, Cañabón y Cañaboncito.

De ser encontrados culpable, se exponen a una pena máxima de 20 años.