El administrador de Vivienda Pública, Alejandro E. Salgado Colón, dio instrucciones para inspeccionar el proyecto para adultos mayores Dr. Leopoldo Figueroa, en Río Piedras, tras las dos muertes de residentes por presuntas causas naturales, que levantaron denuncias de los vecinos sobre la necesidad de mayor seguridad y una mejor calidad de vida.

El funcionario quiere asegurarse que el administrador del proyecto AM Contract, Inc. cumpla con el contrato suscrito en cuanto a las condiciones de la planta física, la seguridad, los servicios que están brindando a la comunidad para tomar las acciones que sean necesarias para atender los reclamos de los residentes.

“Yo he solicitado a mi personal que haga una inspección completa del proyecto en cuanto a condiciones físicas del proyecto, en cuanto a la seguridad, en cuanto al tema de ocupación del proyecto, entre otras, para asegurarnos que el agente administrador esté haciendo su trabajo conforme su contrato”, puntualizó Salgado Colón.

El proyecto cuenta con el servicio de un trabajador social y se espera que pronto se reclute a un segundo empleado.

Al preguntarle qué medidas tomarán para evitar que en un futuro los inquilinos mueran y pasen días sin que nadie se percate de su deceso, como ocurrió ayer, miércoles, en los casos de Vicente Cruz Matos, de 66 años y Miguel Ángel Mercado Bruno, de 72 años, quienes tenían condiciones de salud que les aquejaban y fueron hallados sin vida por sus familiares con horas de diferencia, Salgado Colón explicó que los hallazgos de la investigación será la que les dicte las normas a seguir.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan espera por los resultados de las respectivas autopsias.

“Es una situación muy penosa, mi más sentido pésame a los familiares de los residentes que fallecieron. La información más reciente que tenemos y la he compartido con las agencias de ley y orden que han investigado aparentemente son muertes a causa de situaciones naturales, no se ha identificado mano criminal. Son personas mayores, residentes de este proyecto, mueren por causas naturales dentro de su unidad”, sostuvo.

Durante el día de hoy se movilizó un grupo de trabajadores sociales para entrevistar a los residentes para brindarle cualquier tipo de asistencia para manejar una situación tan penosa y de tanta carga emocional para ellos.

El edificio tiene 240 unidades de vivienda de las cuales 231 están ocupadas y hay varias en proceso de contrato, reparaciones y otros arreglos.

Es un proyecto de vivienda pública que cuenta con una designación de “elderly” por parte del Departamento de Vivienda federal lo que significa que tienen una autorización de parte del gobierno federal para que sean ocupadas por personas de 62 años o más. No obstante, podría ser ocupado por personas entre las edades de 55 a 62 años que es lo que se conoce como “near elderly”.

No es un proyecto de égida de vivienda subsidiada que cuente con todos los servicios en centros de envejecientes o asilos.

Los servicios que reciben son los mismos que tienen todos los residentes de viviendas públicas como lo son, los de ama de llaves, el programa de cuidado en el hogar, de transportación a citas médicas en caso de que sea necesario, los ayudan en la coordinación de gestiones gubernamentales, mantenimiento tanto de exterior o a las unidades si se solicita mediante una orden de servicio, entre otras.

“Como todo residente de vivienda pública tienen un contrato de arrendamiento, nosotros a través del personal de administración, en este está contratado por la compañía privatizadora, tienen una obligación de brindar mantenimiento. Ahora bien, todo residente de vivienda pública tiene una responsabilidad de mantener su unidad en condiciones aceptables, con una buena higiene, etcétera”, detalló el administrador de Vivienda Pública.

Además, no deben causar problemas a sus vecinos y ningún tipo de actividad criminal dentro del proyecto.

El edificio tiene una caseta con un guardia y un portón con acceso controlado y planifican la instalación de dos cámaras de seguridad y un sistema de alarma para reforzar la seguridad. Ya tienen aprobada una partida aproximada de $26,000 a esos fines.