Pero, Pascual murió en prisión en retirada de los narcóticos que utilizaba, tres días después de un arresto cuestionable que ha provocado la discusión sobre el trato de empresas, entidades gubernamentales y todo el sistema de justicia a la población de dependientes del uso de drogas y sin casa. Entonces, ya se sabía que su nombre era Pascual Febres Rivera y que tenía 30 años. 

Él y otras dos personas sin hogar habían sido demandados por Walmart Puerto Rico, Inc. el 17 de agosto de 2016 por incurrir en “estorbos, perturbaciones y alteraciones perjudiciales” contra clientes y asociados de la tienda. Para aquella fecha, era solo “‘Pascual Doe’, hombre de tez trigueña, aproximadamente 5’3” de estatura y 115 libras de peso”. Así se describía en la demanda, acompañada de fotografías que podían servir para identificarlo. 

De los codemandados se sabía aún menos. Eran “Juana Doe” y “John Doe”.

Por estos no poseer vivienda, la misma parte demandante proveyó la dirección física de la tienda de Santurce como el lugar donde estos se podían encontrar.

Walmart solicitaba remedios extraordinarios de entredicho provisional e injuction preliminar y permanente. Alegó la empresa que Pascual había amenazado con agredir con cuchillas a asociados y que golpeó a uno con un palo; que interrumpía las salidas de emergencia de la tienda, manteniendo el área sucia y llena de jeringuillas; que entraba a solicitar dinero y que en ocasiones se apropió ilegalmente de artículos de la tienda y de clientes.

Walmart también indicó que los esfuerzos con la Policía no habían dado resultados, así como otros remedios intentados anteriormente. Relató en su posición que celebró una feria para orientar a las personas sin hogar a la que acudieron 17 de estas y cuatro fueron ingresadas en instituciones para recibir servicios por sus condiciones. 

La petición de la empresa al tribunal, según consta en la demanda, era que ordenara a los tres que desistieran de entrar o permanecer en los predios de la estructura de la tienda de Walmart de Santurce, así como en su estacionamiento y jardín.

Según informó la empresa al tribunal, Pascual fue emplazado, al igual que “John Doe”, pero cuando la jueza Aileen Navas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, celebró el 26 de agosto una vista para evaluar la solicitud de Walmart, ninguno de los demandados asistió. La jueza dio paso al injuction preliminar, que ordenaba temporalmente que ninguno de los demandados podía entrar o permanecer cerca de la tienda. Luego, emitió órdenes de arresto por desacato criminal por su incomparecencia a la vista. 

Solo fue arrestado Pascual, el 1 de septiembre, a las 12:48 p.m., en San Juan. El 6 de septiembre, durante la segunda vista judicial, se informó en sala que Pascual había muerto en prisión el 4 de septiembre. Su caso se archivó y asimismo la jueza Navas Auger determinó el archivo de las otras dos órdenes de arresto a los codemandados. 

Ola de indignación

Pascual murió súbita e inesperadamente mientras se encontraba en retirada de cocaína, heroína y anestesia de caballo en el Centro Médico Correccional de Bayamón, indicó la doctora Myriam V. Chéveres, según consta en la querella registrada por la Policía de Puerto Rico. 

Aunque ya se le practicó una autopsia en el Instituto de Ciencias Forenses y su padre identificó el cuerpo, las autoridades no han precisado la causa de la muerte. 

Entidades como La Fondita de Jesús, de la cual este hombre era participante, han reaccionado contra la gestión de Walmart de recurrir a una demanda civil contra tres desamparados. Incluso, tras conocer de la muerte de Pascual, la organización decidió rechazar un donativo de $25,000 que quiso hacerle la tienda, que ubica a pasos de sus oficinas centrales.

Para Gloria Ruiz, quien trabaja en el Comité de Justicia Social de la Fondita de Jesús, “Walmart quiere declarar que es una buena compañía para la comunidad. Pues tienen muchos recursos para hacer muchas cosas. Yo creo que esos recursos los deberían estar utilizando en la búsqueda de soluciones y no en búsqueda de lo que pueda hacerles daño a los más frágiles”.

En respuesta a esta situación, el director de Asuntos Públicos de Walmart en Puerto Rico, Iván Báez, dijo que ese donativo se había gestionado desde antes de iniciarse el caso. Sobre el trámite de Justicia con las personas sin hogar, señaló que “hay unos protocolos que el Estado tiene que seguir y es responsabilidad del Estado intervenir cuando ocurren este tipo de cosas”.

Mencionó, además, que antes de la demanda “la gerencia se reunió con la Fondita, se llevaron a cabo orientaciones, hemos estado abiertos al diálogo con la Fondita, pero, obviamente, cuando hay personas que están amenazando a clientes y asociados, tenemos la responsabilidad de defenderlos”.