Los abogados de los dos hombres que estuvieron 24 años en prisión por la denominada “Masacre de Trujillo Alto”, quienes fueron liberados bajo fianza en el 2017, luego que se les concediera tener otro juicio, fueron citados a una vista administrativa al Tribunal de Apelaciones para argumentar las razones por las que a sus clientes se les debe considerar la celebración de un segundo proceso judicial.

Mediante una resolución enviada el 23 de enero, integrantes del panel de Tribunal Apelativo citaron para el 7 de febrero próximo, a las 10:00 de la mañana, a los abogados de los convictos, Juan Carlos Meléndez Serrano y Antonio Ramos Cruz,para que expliquen en sala - a base de cinco criterios- las razones por las que se debe considerar una moción de nuevo juicio basado en el descubrimiento de nueva prueba bajo la Regla 192 de Procedimiento Criminal. 

Cada parte dispondrá de 30 minutos para su exposición y 10 minutos para la correspondiente refutación.

Meléndez Serrano y Ramos Cruz, convictos en 1992 y sentenciados a 297 años de prisión por el asesinato de Haydée Maymí y sus dos hijos, tienen la posibilidad de enfrentar un nuevo juicio luego de que la jueza del Tribunal de Carolina, Berthaida Seijo Ortiz, acogió la solicitud de la defensa para que se celebre un segundo juicio, tras concluir que una prueba descubierta en recientes años no estuvo disponible para ser aquilatada por el jurado que los encontró culpables.

Tras la decisión de la jueza, se ordenó la excarcelación de los acusados luego de acoger una recomendación de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ), para que se les defiriera una fianza y la oportunidad de permanecer bajo arresto domiciliario, utilizando grillete electrónico.

Seijo Ortiz fundamentó su determinación tras evaluar la jurisprudencia federal y estatal, cotejar más de 7,000 páginas de la transcripción del juicio original, los protocolos del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para la década de 1990 y la Ley de Análisis de ADN Pos-Sentencia basada en nueva evidencia, entre otros criterios.

Precisamente, la celebración de un nuevo juicio por parte de los abogados de los acusados estuvo basada en nueva evidencia y tras la aprobación de la Ley de Análisis de ADN Post- Sentencia de 2015, lo que permitió por primera vez que se presentara en sala como prueba tres pelos púbicos recuperados en la ropa interior que la víctima llevaba puesta cuando fue encontrada por las autoridades.

“De acuerdo a todo lo discutido, no es forzoso concluir que no el ADN ni el análisis microscópico de pelo eran prueba disponible (durante el juicio de 1991) porque el Estado no hizo ese análisis”, afirmó la jueza en ese momento.

Además, uno de los aspectos que más alarma causó en el proceso judicial liderado por Seijo Ortiz es el hecho de que el cuchillo que se utilizó para dar muerte a las tres víctimas -que tenía pelos y sangre- apareció cinco meses después en la residencia de la abuela materna de los menores, donde residía el esposo de Maymí.

También se destaca que objetos que pudieron ser evidencia -como un mattress, sabanas y ropa- fueron limpiados o quemados por una prima hermana de Haydée.

Tampoco se pudieron levantar huellas dactilares en toda la escena, pues fue alterada por tanta gente que entró al lugar del crimen.

La defensa sostuvo en todo momento que ese examen fue categórico pues el donante de dicho material genético pertenece exclusivamente a la línea materna de la víctima misma, por lo que no pertenecen a los acusados.

Los abogados insistían, además, que la exclusión de esta nueva prueba científica minaba la versión de los testigos de cargo (los hermanos Beatriz y José Martínez Maldonado) sobre el contacto de los coacusados con la víctima.

Ramos Cruz es representado por Julio Fontanet, Vanessa Mullet y Fabiana Tapia, del Proyecto Inocencia.

Meléndez Serrano de defendido por los abogados Juan Matos y Alex Rosa. 

Los fiscales del caso fueron Yamil Juarbe y Martín Ramos, quienes habían advertido que presentarían una petición de certiorari al Tribunal Apelativo a fin de paralizar los procedimientos de un nuevo juicio que estaba supuesto a comenzar en julio de 2017.