La vista de Regla 6 en alzada contra seis policías por la muerte del adolescente Javier Antonio Cordero Nevárez, de 16 años, quien fue baleado durante una intervención en Puerto Nuevo, el 1 de agosto de 2022, dará inicio hoy a la 1:30 p.m. ante el juez Rafael Taboas Dávila, en el Tribunal de Caguas.

El 17 de abril, la jueza Iraida Rodríguez, de la Sala de Investigaciones del Tribunal de San Juan, no determinó causa para arresto. Ante este anuncio el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, afirmó que no se justificó el uso de sus armas de fuego en la intervención y que la escena no era compatible con una actuación en legítima defensa.

La fiscal Yolanda Morales Santiago, directora de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC), han insistido en que la investigación ha sido extensa y muy técnica y que se presentó la prueba más allá del estándar requerido en esa etapa de los procedimientos.

La funcionaria anticipó que presentará 12 declaraciones juradas entre la prueba recopilada que incluye evidencia testifical, documental e ilustrativa. Esta mañana se le entregó copia a los abogados de defensa de estos documentos y otros adicionales que incluyen fotos, un vídeo y otras certificaciones de los hallazgos en la escena con sus anejos e información sobre la reconstrucción de los hechos y la trayectoria de los vehículos al vehículo donde estaba el fallecido y a una patrulla estatal marca Dodge Charger.

El juez anticipó que la vista no culminaría hoy por lo que sugirió otras posibles fechas para la continuación del proceso.

La vista se lleva a cabo en el Centro Judicial de Caguas debido a que el Tribunal de San Juan continúa cerrado mientras se acondicionan sus instalaciones por un incendio a consecuencia de un corto circuito.

El día de la radicación de cargos, la DIPAC del Departamento de Justicia y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) formularon acusaciones contra los policías, identificados como los agentes Giovanny Santiago Avilés, Roseanne Ruiz Cisneros, Félix Ahmed De Jesús Abreu, Luis Enrique Vélez Mari, Kelvin Omar Meléndez Monsegur y Paola M. Farías Santiago.

Ruiz Cisneros enfrentó cargos por asesinato, poner en riesgo la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego (artículo 249 del Código Penal) y violar el artículo 6.14 de la Ley de Armas por Disparar o Apuntar Armas de Fuego.

Santiago Avilés, Vélez Mari y De Jesús Abreu por los delitos de tentativa de asesinato, poner en riesgo la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego (artículo 249 del Código Penal) y violar el artículo 6.14 de la Ley de Armas por Disparar o Apuntar Armas de Fuego.

Mientras que Meléndez Monsegur y Farías Santiago por violar los artículos 249 del CP y 6.14 de la Ley de Armas.

De acuerdo con informes preliminares, la persecución comenzó a las 7:00 p.m. cuando agentes de la División de Vehículos Hurtados de Carolina seguían la ruta que tomó una guagua que era rastreada mediante el sistema de “GPS” por su propietario desde que se la hurtaron en la urbanización Villa Fontana.

Por esta razón, el vehículo no tenía gravamen ya que poseían sus coordenadas. La guagua Hyundai Tucson de 2016 se movió de los residenciales Vista Hermosa, en Puerto Nuevo, al Luis Llorens Torres, en Santurce y retornó a Vista Hermosa. Luego salió.

Los patrulleros del Precinto de Puerto Nuevo fueron alertados mediante el radio de comunicaciones de que el vehículo sospechoso había salido y les solicitaron refuerzos.

El conductor fue perseguido hasta llegar a la intersección de las calles 40 SO y 15 SO de la urbanización La Riviera, en Puerto Nuevo, que no tenía salida, entonces dio retroceso y chocó con la verja al subirse a la acera.

La versión inicial que surgió de NPPR es que el conductor intentó atropellarlos y al verse acorralado le dispararon.

Su cadáver presentaba al menos 12 balazos en el cuello el pecho y las extremidades y en la escena se recuperó como evidencia 61 casquillos de calibre 9 milímetros.

Su progenitora, Sheila Nevárez, ha reiterado su reclamo para que se haga justicia.

Por su parte, el licenciado Fermín Arraiza, director legal de La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés) capítulo de Puerto Rico, representa a la familia en una demanda civil en el Tribunal Federal por violación de derechos civiles.