La Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) tiene registradas, entre el 2021 al presente, alrededor de 400 querellas de secuestros en la isla, sin contar aquellos casos en los que se solicita dinero a cambio de su liberación.

De acuerdo con las estadísticas suministradas, en el 2021 reportaron 106 casos; 79 en el 2022; en el 2023 fueron 81; 112 en el 2024 (lo que representa una leve alza) y en el 2025 -hasta el 1 de marzo- van 22.

El coronel Manuel De Jesús Treskow, director del SAIC, aclaró que algunos de estos incidentes están vinculados a la violencia doméstica, cuando el agresor le restringe la libertad de la víctima; robos, para despojar a una persona de sus pertenencias o dinero en cajeros automáticos y posteriormente los libera; menores que son trasladados fuera de la isla sin el consentimiento del padre custodio; y en medio de agresiones.

“Yo no pienso que haya una tendencia a aumentar, pero sí uno de los modus operandi de estas personas es que se llevan a sus víctimas para matarlas en otro lugar. Eso pasa mucho en los residenciales públicos, pero eso no se reporta como secuestro porque a veces lo que se hace es que cuentan el asesinato y después cuando nosotros investigamos surge que fue secuestrado”, afirmó De Jesús Treskow.

No siempre piden dinero

Mientras, que la incidencia de la modalidad de secuestro a cambio de una recompensa monetaria ha disminuido desde que las querellas comenzaron a tabularse por el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) hace casi 30 años, por diversas razones, una de ellas es que la mayoría están vinculadas con el bajo mundo y no son reportadas.

En ese período, se investigaron dos denuncias en los años 2021 y 2024.

Por la liberación de una persona secuestrada se han solicitado entre los $175,000 y hasta $1 millón, en la jurisdicción estatal.

Las cifras suministradas muestran que desde el 1995 se investigaron 151 casos de los cuales 126 fueron esclarecidos (83.4%), con el arresto de 142 personas y el saldo de cinco muertes directas o de colaterales, en los años 1996, 1997, 1998, 1999 y el 2021.

Después de esa fecha, las víctimas han sido rescatadas.

Los años en los que mayor cantidad de querellas se recibieron fueron en el 2007 (17); 2001 y 2005 (14); 1998 (12) y 2004 y 2014 (10).

En los años 2019, 2022, 2023 y 2025 no se reportaron casos pidiendo recompensas, según las estadísticas provistas por el teniente José Ayala Resto, director de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, a cargo de las querellas de secuestros en los que se solicita dinero a cambio de la liberación de una persona y también presidente del panel Alertas en Puerto Rico.

“Antes había más casos, lo que pasa es que por la tecnología se da a conocer más rápidamente, más públicamente por las redes sociales y la gente se percata más de lo que está sucediendo, porque hace diez años las redes no están como ahora y yo entiendo que es la gran diferencia, porque siempre van a ocurrir los secuestros”, analizó Ayala Resto.

Del 1995 al 2015, todos los casos investigados se relacionaron con el trasiego de drogas. En el 2018, hubo un caso por el que se solicitaba dinero sin precisar el motivo, por privación de custodia de un menor. Y en el 2024, se registró un incidente con una víctima menor de edad, un caso que estuvo a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

Ese incidente involucró a una turista de 14 años que se estaba hospedando en Aguadilla y conoció a un joven por las redes sociales. Él la fue a buscar y se la llevó a Guaynabo, donde vivía, y la lograron rescatar en el apartamento.

“Hemos visto una merma en cuanto a esta modalidad de secuestro... al momento, hemos controlado ese tipo de delito”, agregó Ayala Resto, al reaccionar sobre la percepción pública de que estos casos han comenzado a aumentar.

Los dos patrones que mayormente investigan son aquellos que los llamados “trackeros” secuestran a una persona de estatus migratorio no definido que llega a la isla en yola, en su mayoría procedentes de la República Dominicana, y le solicita la recompensa a la familia para liberarlo. El segundo es por deudas y robos de drogas a organizaciones criminales.

¿Cómo saber si recibo la llamada de un secuestrador o la de un estafador?

Sepa que, en los casos reales, le van a solicitar el dinero y no se aconseja que se ponga a negociar con el secuestrador, sino que acuda al cuartel más cercano y radique una querella. Estas se trabajan de manera confidencial mientras se rescata a la víctima, de acuerdo con el protocolo establecido, por tratarse de un caso de vida o muerte.

Además, en estos casos, cuando reciben la llamada ya han advenido en conocimiento de que la persona fue secuestrada o está desaparecida.

“Si recibe una llamada de una persona desconocida, usted enganche esa llamada, porque en un 98.9% es una extorsión, que es la modalidad que se está utilizando ahora y se está viendo mucho. Lo que se le dice es que llame a su familiar o a un conocido que se comunique con él. Ellos van a decir que no enganche y usted no va a seguir, porque si no termina esa llamada van a seguir hasta que lo convenzan de que le entregue el dinero”, sostuvo el teniente.

Otros de los sucesos más comunes son los secuestros por deudas de drogas o robos de kilos, en los que se secuestra a un allegado o ser querido para exigir el pago.

“Muchos de los casos que nosotros investigamos en la oficina, aunque no son todas, porque como es del bajo mundo, ellos resuelven sus cosas por allá y no notifican a la Policía, pero hay casos que han notificado y se hace la querella e investiga”, observó Ayala Resto.

Alertas: Herramientas fundamentales

A su vez, el teniente explicó que desde que se crearon las alertas como la Amber (sistema de notificación de menores de edad desaparecidos), Ashanti (para casos de desaparición involuntaria incluyendo secuestro, de una persona de 18 años o más, que sufra de discapacidad física o mental comprobada) y Rosa (mujeres de 18 años o más, desaparecidas o secuestradas), son una herramienta fundamental para esclarecer estos delitos por la respuesta que reciben de la ciudadanía.

Advirtió que no es obligatorio activar una alerta. El agente investigador tiene 24 horas desde el momento en el que se hace la denuncia para solicitarla si lo considera necesario.

“Yo creo que son pocas las ocasiones que las alertas no han funcionado. Yo puedo decir que un 97 por ciento de las activaciones son positivas y se logra localizar la víctima gracias a la alerta”, afirmó el teniente.

Rememoró que la negociación más extensa que ha tenido que trabajar fue de unas dos semanas. En ese operativo del FBI, al que brindaban apoyo, se logró rescatar con vida en el centro comercial Laguna Gardens, en Carolina, al comerciante dominicano Luis F. Bello Javier, quien estaba dentro del baúl de un carro tras haber sido secuestrado en Bayamón.

Durante una persecución, murió el policía Orlando González Ortiz, de 32 años, quien recibió dos balazos, presuntamente, por parte de un agente del FBI.

La víctima llevaba 12 años en la Uniformada.

¿Qué debo hacer?

Ayala Resto se reafirmó en el llamado a la ciudadanía a que si sospecha de que se trata de un secuestro, no acuda a las redes sociales hasta radicar una querella, porque se va a encontrar con gente que quiere ayudar y con otras que se aprovechan de su dolor para llamar a los teléfonos celulares para engañarlos.

Reiteró que, si va a hacer una publicación, use los teléfonos de la Policía y no sus números personales.

“No hay tiempo de espera. Es importante aclararle a la ciudadanía que, en un caso de secuestro, en un caso de persona desaparecida, eso ya cambió desde el 2021. Es en el momento en el que usted va el agente, el retén tiene que informar rápidamente al CIC del área y tiene que enviar un personal a entrevistarle a investigar y hacer un plan de trabajo de búsqueda”, detalló el funcionario.

Es necesario que lleve una foto reciente de la persona, con sus datos personales y estar listo para compartir todos los detalles que conozca sobre lo sucedido.

Cuando se reciba una llamada pidiendo dinero, debe “seguirle la corriente a la persona y no llevarle la contraria; en todo momento acceder a todas las peticiones y tenerlo de buenas”, para no cerrar el diálogo o la negociación.

Según su experiencia, la persona raptada es torturada, los atan o restringen el movimiento y se les priva de alimento.

“Los maltratan, le pegan cucharas calientes, los queman con planchas, cigarrillos, todo ese tipo de tortura. Tipo película, vamos a decirlo así, duermen en el piso los amarran. Eso le crea trastornos, pesadillas; es lo que hemos visto estas personas que pasan por esto”, narró Ayala Resto.

Mencionó otras modalidades de secuestro, como cuando se llevan a una persona en contra de su voluntad para asesinarla, para obligar a la víctima a retirar dinero de un cajero automático; en casos de violencia doméstica y con menos frecuencias los raptos de menores para cometer algún tipo de abuso sexual.

Sobre ese aspecto, la sargento Daimy Viña Vega, directora y coordinadora de la Oficina de Análisis y Seguimiento de Personas Desaparecidas, expresó que en su línea de investigación el margen de casos que resultan ser secuestro “es bien mínimo”.

Estas víctimas de secuestro de los casos que ha investigado o brindado apoyo no pueden borrarse de la mente el temor que pasan durante el transcurso de horas en las que están aisladas sin saber lo que está ocurriendo y si finalmente acabarán con su vida.

Esto ocurre más frecuentemente en los casos de violencia doméstica, por el hecho de sentirse cautiva con su agresor de quien posiblemente había tomado la decisión de separarse.

Aunque no posee estadísticas, calculó hipotéticamente que de mil casos recibidos no llegan a cuatro o cinco los que fueron secuestrados.

“Son bien raros estos casos, cuando es un secuestro, es de primera fase... Un desaparecido, sí se me puede convertir en un secuestro, pero jamás un secuestro es un desaparecido. Inicialmente, un desaparecido no es un delito, pero sí se convierte en delito cuando en la investigación constatamos que esta persona estuvo secuestrada, eso se configura cuando mediante empleo de violencia, fuerza e intimidación nos obligan a trasladarnos de un lugar a otro restringiéndonos la libertad”, explicó Viña Vega, quien también es coordinadora del panel de Alertas de Puerto Rico.

Estas situaciones suelen ocurrir en casos de violencia doméstica.

Por la naturaleza de estos incidentes, el panel tiene la responsabilidad de evaluar que la activación de una alerta no ponga a la víctima en un riesgo mayor al que está expuesta, resaltó la sargento.

La capitán Aimé Alvarado Cardona, directora de la Unidad Violencia de Género y coordinadora de las divisiones de Violencia Doméstica, por su parte, comentó que este año solo se ha reportado un incidente y en el 2024 hubo cuatro en las áreas policíacas de Bayamón, Caguas, Utuado y Arecibo.

Estos casos deben evaluarse desde el contexto de que ya se ejerce control y poder de la parte ofensora sobre la parte perjudicada, a pesar de que reconoció que sí han investigado estas denuncias.

“En esa misma interacción el control ya está, quizás se puede dar en situaciones en que la relación esté más inestable, que la persona esté perdiendo el control. No es que no se haya dado, es que dentro de la violencia doméstica ya hay un control. El secuestro como tal en ocasiones no se da porque existen otros elementos más específicos de delitos, mediante agresión puede llevarla a otro lugar o manteniéndola cautiva”, analizó la capitán Alvarado Cardona.

Mientras que, la teniente Simara Torres Ramos, coordinadora de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, señaló que las querellas que investigan y dentro de su vasta experiencia en ese campo, no es la norma que resulte en un secuestro.

“El conocimiento que tengo y los años que llevo aquí trabajando en (la División de) Delitos Sexuales, que es desde el 1988, ha sucedido, pero no es la normativa. Donde sí ha habido casos de secuestro, es el de caso de Carolina, no hubo ningún tipo de violación, lo que hubo fueron unos actos lascivos, pero hacía tiempo que no tuvimos estos casos”, comentó Torres Ramos.

La teniente se refiere a un incidente reportado la madrugada del domingo 29 de marzo, en la carretera PR-187, sector Las Carreras en Loíza, en los predios de un negocio, donde dos individuos obligaron a una mujer a abordar por la fuerza un automóvil Toyota Yaris, color negro y la transportaron hacia Río Grande.

En el camino, la golpearon en el rostro, tocaron sus partes íntimas y le arrebataron una cadena. La querellante se sometió al proceso, pero no está preparada para enfrentarlo, aunque tiene 20 años para hacerlo.

Finalmente, el teniente Ayala Resto le pidió a la ciudadanía tomar medidas de precaución, como no distraerse, evitar acudir a gasolineras de madrugada y a los cajeros automáticos en horas poco concurridas. También recomendó viajar por rutas que estén alumbradas, nunca usar la misma ruta hacia su hogar y que esté pendiente a los alrededores cuando vaya a abordar y a salir de su vehículo, además de tener la llave en mano.