Con evidente molestia y frustración, las senadoras Maritere González y María de Lourdes Santiago arremetieron hoy, jueves, contra los departamentos de Educación y de Hacienda, así como contra corporaciones privadas, por no pagar a tiempo a los terapistas y proveedores de servicios del Programa de Educación Especial.

Acompañadas por un grupo representativo de estos profesionales, las legisladoras criticaron el modelo con el que el Departamento de Educación ha intentado cumplir su responsabilidad con los aproximadamente 141,000 niños registrados en el Programa de Educación Especial, mediante la contratación de compañías privadas que, a su vez, contratan a los terapistas.

Las declaraciones de las senadoras de los partidos Popular Democrático e Independentista Puertorriqueño se producen después que el pasado martes un grupo de esos profesionales realizó una protesta frente al Capitolio y también en las inmediaciones de La Fortaleza para reclamar que se les paguen sus honorarios por labores realizadas hace meses y que incluyen terapias del habla, entre otros servicios a alumnos de educación especial.

Al patrón de incumplimiento de pago, se suma una tarifa de entre $9 y $12 la hora para los terapistas, y de entre $12 y $14 la hora para doctores en psicología. Las cifras se ubican muy por debajo de lo que se cobra en la práctica privada, en la que el costo promedio de terapias es de entre $40 y $70. Además, cada cual debe proveer los materiales para las terapias, trabajar en espacios inadecuados y realizar otras tareas que no pueden facturar, según las senadoras.

Las condiciones de esos trabajadores han sido documentadas en memoriales relacionados con la investigación ordenada por la resolución del Senado 403, que sometió Santiago en 2013, de la que todavía no hay un informe listo en ese cuerpo legislativo.

Aún no se puede especificar qué detiene el pago a tiempo a los profesionales. Justo ayer, Santiago envió una carta al secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, pidiéndole que notifique el status del pago a varios de estos proveedores, la mayoría contratados por las compañías MCG, Terenia y Clínica Lafayette. Pero en tantas otras ocasiones, el trámite desde de que la compañía privada gestiona la factura, el Departamento de Educación la tramita y Hacienda desembolsa, conlleva un tiempo que podría considerarse absurdo.

“¿Qué le impide al Departamento de Educación que haga una estructura legal que dé certeza y que garantice que van a cobrar cuando sometan la factura y demuestren que realizaron el trabajo?”, cuestionó González, presidenta de la Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo del Senado.

“Estamos validando que ese diseño (de contratar a compañías que subcontratan) ya no funciona y ese diseño infringe la dignidad de nuestro pueblo y de nuestra gente”, agregó al señalar que como parte de su labor ha investigado, denunciado e confrontado a los administradores responsable, pero, dijo, le toca al ejecutivo, precisamente, ejecutar.

Santiago, por su parte, apuntó a la falta de voluntad y capacidad. 

“El secretario (de Educación) no necesita una ley que le diga cómo va a contratar de una manera eficiente, sensata y sensible a la gente. Es que no le da la gana”, expuso molesta. “El Departamento no hace nada porque es que son un saco de incompetentes. Podemos hacer la resolución, que lleva dos años radicada, vistas públicas, informe… el día que el secretario diga ‘esto se acabó’ y el gobernador diga ‘esto se acabó’, se acaba”, subrayó.

La senadora independentista también catalogó la problemática como un asunto que evidencia el discrimen por razón de género. 

“La mayoría de las custodias son madres. La inmensa mayoría de los profesionales que dan servicios de Educación Especial son mujeres con un mínimo de bachillerato para poder ejercer su trabajo. Reciben una paga miserable y solo pueden cobrar nueve meses al mes (los meses en los que se imparten clases). Se supone que empiezan a dar las terapias en agosto, pero con las dilaciones empiezan a ver a un niño en octubre para entonces esperar meses para recibir su primer pago, del que tienen que deducir sus contribuciones, su seguro social”, afirmó Santiago.

En la conferencia de prensa también estuvieron como representantes de los cerca de 5,000 terapistas, así como de otros proveedores, los líderes del Movimiento de Terapistas Unidos, Josué Pérez y Lorell López; la presidenta de la Asociación de Psicología Escolar, Gloria Tirado; la presidenta de la Organización Puertorriqueña de Profesionales del Habla-Lenguaje y Audiología, Evelyn Rivera, y el presidente de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, Julio Santana.

El martes en la tarde, horas después de la protesta de una veintena de los afectados por la dilación en los pagos de servicios a estudiantes de educación especial, el Departamento de Educación admitió que tiene una deuda de más de $20 millones con las corporaciones que han sido subcontratadas para ofrecer servicios especializados a los niños del Programa de Educación Especial, pero la dependencia no precisó cuándo se podrá pagar el dinero. 

El secretario asociado de Educación Especial, Carlos Rodríguez Beltrán, dijo ese día que los pagos no se han podido emitir debido a que los mismos no han sido liberados por el Departamento de Hacienda.

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