El imputado por el secuestro y asesinato de la joven Rosimar Rodríguez Gómez de 20 años, hace un año, Jay O’Neill González Mercado fue encarcelado nuevamente durante la tarde de hoy, viernes, por violar los horarios impuestos.

Desde el mes de julio estaba en libertad condicionada mediante un recurso de habeas corpus, debido a que para esa fecha, en los dos casos de asesinatos por los que ha sido acusado, en hechos por separado, habían transcurrido más de seis meses sin que se le celebrara el juicio en su fondo.

González Mercado podía salir de su hogar en horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., mediante notificación y autorización previa, ya que se encontraba bajo supervisión electrónica con un grillete.

Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) solicitó el lunes un relevo en su supervisión porque incumplió con los horarios impuestos el viernes 10 de septiembre, ya que avisó que tenía una cita médica, pero el sistema alertó que estaba fuera de la ruta y del horario establecido.

La jueza Carmen Otero, del Tribunal de Bayamón, quien encabeza el juicio en su contra dio a conocer hoy que lo encontró incurso en desacato y le señaló una fianza de $1,000,000, la cual no prestó por lo que será ingresado en prisión.

Rosimar fue secuestrada el 17 de septiembre del 2020, frente a la residencia de su prima, en el barrio Sabana Seca en Toa Baja y la tarde del 27 de septiembre, una de las personas de interés mientras fue entrevistado con relación a los sucesos condujo a los agentes de la División de Homicidios de Bayamón hasta el kilómetro 20.1 de la carretera PR-165 en Dorado donde en un pastizal, a unos 100 a 150 pies de la orilla de la carretera, encontraron su cadáver en avanzado estado de descomposición.

En diciembre del 2020, fue acusado por el asesinato de Sebastián Dávila Villanueva de 18 años, por hechos ocurridos el 26 de junio del 2019, cuando se alega que junto a otros individuos le dispararon y dejaron su cadáver en el kilómetro 55.4 de la carretera PR-14 en Aibonito.

El retraso en el esclarecimiento del caso levantó cuestionamientos en la opinión pública sobre la eficacia de la investigación ya que si hubiese estado en prisión Rosimar estaría viva.