Un juez ordenó hoy al Departamento de Educación y al gobierno de Puerto Rico a abrir todos los comedores escolares para darles comida a la población necesitada en medio de la emergencia del coronavirus Covid-19.

La sentencia se da luego que un grupo de madres y padres se unieran a diversas organizaciones, como Comedores Sociales de Puerto Rico, y demandaran al Departamento de Educación y a su secretario, Eligio Hernández.

Tanto el titular de la agencia como la gobernadora Wanda Vázquez Garced se negaron en múltiples ocasiones a abrir los comedores escolares del País para alimentar a los más vulnerables. Además, solicitaron una moción para desestimar la demanda.

“Se declara No Ha Lugar a la Moción en solicitud de desestimación presentada por la parte demandada. Se expide el Auto de Mandamus ordenándole al Departamento de Educación y al Estado Libre Asociado de Puerto Rico que proceda inmediatamente, y sin demora alguna, abrir todos los comedores escolares que sean necesarios para alimentar a toda la población en estado de necesidad producto de la situación de emergencia provocada por el COVID-19, mientras dure el estado de emergencia”, lee la sentencia.

La orden fue emitida por el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, quien indicó que el caso no solo se trata de reivindicar un derecho, sino “de la supervivencia misma que tanto invocan las diversas órdenes ejecutivas que nos han mantenido aislado, manteniendo al pueblo encerrado sin la oportunidad de traer el sustento a su hogar. No nos parece justo que el gobierno utilice como defensa que, le corresponde a los padres y madres ser quienes, en primer orden, brinden los alimentos a sus hijos y, al mismo tiempo, tenerlos incapacitados económicamente”.

El pasado 6 de mayo, unas 81 comedores escolares abrieron los reclamos de diversos sectores. Solo prepararon almuerzo y no desayuno, comida que varios estudiantes se benefician durante el semestre.

“Entendemos que existe un deber ministerial del Estado de alimentar a las personas que lo necesiten mientras dure el estado de emergencia en el cual se mantiene sumido el país. Este surge de la misma política pública que ha establecido el Gobierno a través de los estatutos antes citados. Cuando los padres o familiares se vean imposibilitados de llevar los alimentos a su hogar, es deber del Estado hacerlo. Además, es el Estado quien tiene que velar por el bienestar general del menor y, a la misma vez, de las personas que no tienen lo suficiente para sobrevivir durante estos tiempos extraordinarios. Solo de esta forma, el Estado estaría cumpliendo con su deber”, añade el documento.