La ama de llaves que fue asesinada durante la tarde de ayer, martes, por su expareja en su residencia ubicada en la calle José Gautier Benítez, en Barrio Obrero, Santurce, había acudido al Tribunal de San Juan el 22 de noviembre para solicitar una orden de protección, sin embargo, aunque el hombre no pudo ser localizado físicamente, se le notificó por teléfono.

La jueza Brenda Y. Salas Rivera, del Tribunal de San Juan, expidió una orden de protección exparte con vigencia del 22 de noviembre al 10 de enero del 2023.

El comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), Antonio López Figueroa, confirmó en una rueda de prensa que la orden de protección no llegó hasta esta mañana al Centro de Operaciones de Órdenes de Protección está ubicado en el Cuartel General de la Policía en Hato Rey y que consideraba que no había sido diligenciada.

Posteriormente, la oficina de prensa de la Administración de Tribunales aclaró que del expediente se desprende que la agente Frances Silvagnoli, quien es miembro del NPPR y su enlace en el Tribunal de San Juan, le notificó al hombre el 28 de noviembre que se había expedido una orden de protección por teléfono.

Además, en NPPR confirmó posteriormente, que se le envió por correo electrónico la copia de la orden, ya que no pudo localizarse en la dirección que ofreció ni nadie lo conocía en el lugar que dijo que vivía, por tal razón, no le fue diligenciada personalmente, pero en el documento se ponchó como notificado a las 3:00 p.m.

El cadáver baleado de Sugeny Concepción Quezada, de 46 años, fue encontrado por su hijo de 25 años a eso de las 4:43 p.m. cuando este llegó del trabajo y al subir las escaleras se topó con la desgarradora escena: la vio sobre un charco de sangre. El joven trató de ayudarla, pero ya no tenía signos vitales.

La mujer fue sorprendida por su asesino cuando presuntamente se disponía a salir de su apartamento, ya que todavía llevaba puesta la cartera sobre el hombro.

Su cuerpo presentaba dos heridas de bala en el muslo izquierdo y una en el interior del oído izquierdo. En la escena se recuperaron dos casquillos de calibre 9 milímetros.

Concepción Quezada mantuvo una relación durante dos a tres años con el obrero de la construcción y hacía dos años que estaban separados.

Para el 2020 la mujer lo había apuñalado, lo que requirió su hospitalización, pero por insuficiencia de prueba no se le radicaron cargos criminales ya que el sujeto no tuvo interés en acusarla.

Luego de cometer el asesinato, Francisco Alberto Polanco Rosario, de 33 años, fue a buscar a su actual pareja, con quien compartió un año de relación y se encontraban separados hace dos semanas. Este la vigiló, pero en un descuido, ella sin saberlo logró salir en su vehículo y se le perdió de vista.

A través de la aplicación de mensajería WhatsApp, el hombre le envió dos audios en los que le decía que tenía suerte porque la estaba velando para matarla como hizo con Sugeny en la mañana. Luego la mujer recibió una foto de él apuntándose con un arma de fuego y le advertí que se había quitado la gorra que tanto le gustaba a ella para que no se manchara de sangre.

Mientras se investigaba esta escena, a eso de las 5:32 p.m. fue localizado el cadáver de Polanco Rosario, quien se privó de la vida detrás de las gradas del parque Barbosa, en la calle Loíza.

Como evidencia se ocupó un casquillo de bala del mismo calibre hallado en la escena de Concepción Quezada y una pistola marca Glock, modelo 19 de calibre 9 milímetros, que no estaba registrada. El abastecedor del arma de fuego estaba cargado con 10 municiones.

En el bolsillo posterior se ocupó una identificación expedida por el Consulado Dominicano y al lado, su teléfono celular.

El agente Orlando Rosado Picorelli, adscrito a la División de Homicidios de San Juan, junto a la fiscal Jeannette Negrón Ramírez investigaron la escena.

El crimen no fue adjudicado como un caso de feminicidio en las estadísticas del Negociado de la Policía, no obstante, sería el décimo cuarto ocurrido este año. El incremento de estos asesinatos no ha cesado a pesar de que está en vigor una orden ejecutiva expedida el año pasado por el gobernador Pedro Pierluisi, declarando un estado de emergencia en la isla por la violencia de género.