El juez superior Alfonso Martínez Piovanetti desestimó hoy la demanda presentada por varios propietarios de gimnasios impugnando la orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez que volvió a cerrar estos establecimientos para prevenir contagios por el coronavirus COVID-19.

El juez dictó hoy la sentencia mediante la cual se declaró ha lugar la moción de desestimación presentada por el gobierno, desestimó la demanada y ordenó el archivo del caso presentado por MAX FITNESS MOROVIS, INC., HCOA PR FRANCHISE HOLDINGS y otros propietarios de gimnasios.

“Aunque podemos comprender el malestar ocasionado por el decreto de cierre temporero de los gimnasios (entre otros establecimientos comerciales), el Tribunal no puede pasar por alto que la medida gubernamental impugnada está racionalmente relacionada con la magnitud y gravedad de la referida pandemia en la actualidad, así como con el crecimiento exponencial de contagios a partir de mediados de junio de 2020. Según se articula en la Orden Ejecutiva, el sistema de salud pública en Puerto Rico aún no tiene a su alcance tratamientos efectivos o una vacuna para la prevención del COVID-19. Por tanto, los objetivos de mitigar esta enfermedad, reducir los contagios y salvaguardar el funcionamiento del sistema de salud de Puerto Rico constituyen el interés legítimo articulado por el Estado que justifica, como medida cautelar, el cierre temporero de los negocios de los demandantes e interventores en esta coyuntura histórica particular”, indica la sentencia de 27 páginas y que justifica las acciones gubernamentales para intentar frenar la pandemia.

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El pasado 26 de julio, el grupo de gimnasios presentó la demanda solicitando que se detuviera la implantación de la nueva orden ejecutiva.

“Esta decisión (de cerrar unilateralmente los gimnasios), es totalmente incorrecta ya que no hay evidencia de brotes ni contagios originados en nuestros establecimientos; por otro lado el foco del repunte ha sido a través de actividades donde no se toman las precauciones recomendadas por los expertos”, dijo en esa ocasión Abdiel Lugo, portavoz del grupo.

La orden ejecutiva ordena el cierre de gimnasios, lo que -a juicio de los demandantes- priva a los dueños de gimnasios de su sustento y del uso de su propiedad, sobre todo luego de haber invertido grandes sumas de dinero en equipo protector.

Lee la sentencia completa: