La jueza Yahaira Saavedra Pérez, del Tribunal de Arecibo, le impuso hoy una sentencia suspendida de tres años a la extrabajadora social del centro geriátrico Virgilio Ramos Casellas, en Manatí, Olguely Rosario Pérez, de 50 años, por la apropiación de sobre $28,000, que les pertenecían a cinco adultos mayores.

Además, tiene que pagar una pena de restitución por la cantidad de $15,000, informó el licenciado Jean Carlos Pérez Nieves, director de prensa de la Oficina de Administración de los Tribunales.

Esta sentencia se logró debido a un acuerdo de culpabilidad con el Ministerio Público a cambio de la reclasificación del delito de fraude por uno de apropiación ilegal agravada en un valor de entre $500 a $10,000.

El cargo por apropiación ilegal agravada se quedó igual, salvo que su valor es de entre $500 a $10,000; el cargo de maltrato a una persona de edad avanzada se reclasificó a la modalidad menos grave, lo mismo que ocurrió con la violación a la Ley de Ética Gubernamental.

En junio del año pasado, la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (PR-MFCU, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia (DJ) radicó 36 cargos por fraude, maltrato a personas de edad avanzada, apropiación ilegal agravada, explotación financiera y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental a Rosario Pérez, por hechos ocurridos entre el 2019 y el 2023.

Las autoridades informaron que, según la investigación realizada, la imputada utilizaba las tarjetas de débito de las cuentas personales de los perjudicados para realizar compras no autorizadas y retiros de dinero en efectivo de instituciones bancarias y cooperativas. Además, se apropió de los fondos que recibían los adultos mayores como beneficios provenientes del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF).