La madre y el padrastro de la menor de 13 años que, por años, fue sometida a un alegado patrón de abuso sexual, fueron ingresados en prisión este viernes luego que una jueza del Tribunal de Carolina determinara que el Ministerio Público había presentado suficiente evidencia para justificar su arresto y la de otros siete hombres implicados en el caso. 

La jueza Lirio González Bernabal asignó una fianza de $75,000 para cada uno de los 14 cargos que enfrenta el principal acusado, César Correa Suárez, de 37 años; para un total de $1,050,000. El hombre no prestó la fianza y fue ingresado en prisión.

Mientras, su compañera y madre de la menor, Yomaris Ruiz Díaz, de 41, también fue ingresada a la cárcel al no poder prestar una suma de dinero que representaba una garantía de comparecencia y que ascendía a $150,000. Los acusados enfrentan cargos de agresión sexual y maltrato a menores.

“Este es un caso espantoso en que queda claramente expuesto una realidad de maltrato en su máxima expresión”, indicó la fiscal del distrito de Carolina, Alma Méndez, luego que concluyera la vista que comenzó el viernes de la semana pasada y que concluyó hoy por la tarde.

También quedó ingresado otro sujeto identificado como Ramón Correa Suárez, hermano del padrastro de la menor y quien ha sido imputado como uno de los agresores.

La jueza emitió su determinación luego que los hombres que presuntamente participaron en el patrón de abuso renunciaron a su derecho a continuar con la vista de causa para arresto a través de sus abogados. Entre los detenidos también hay otros dos menores, pero sus casos se están viendo en un proceso separado.

El matrimonio, que no contaba con un abogado aunque la representación legal no era un requisito durante dicha etapa del proceso, secundó la solicitud.

Los otros seis acusados en este caso fueron identificados por las autoridades como Erik Joel Rodríguez, de 22 años de edad y con parentesco con la menor; Agner Miguel Ruiz, de 23 y conocido de la familia; Edwin Miguel Boria Ramos, de 32 y vecino de la pareja; Javier Omar Ruiz, de 37 y amigo de la familia; Noel Rodríguez Correa, de 20 y sobrino del padrastro de la víctima; y Jany Raúl Viera, de 28 y conocido de la familia. Los acusados enfrentan cargos por agresión sexual bajo distintas modalidades del código penal antiguo y el actualizado.

Las fianzas impuestas a este grupo de acusados fluctúa entre los $7,000 y $21,000 y, según las autoridades, cinco de ellos pudieron prestarla y se evaluaba si otro de los individuos la podía pagar.

La vista preliminar se pautó para el 11 de junio, a las 8:00 a.m.

El Ministerio Público, representado por los fiscales José Marrero y Maritza Valero Ramírez, concluyó la presentación de su prueba con el testimonio de la agente de Delitos Sexuales, María de Lourdes Pagán, quien ofreció detalles del patrón de abuso en que participaron familiares y vecinos de la víctima cuando apenas tenía 9 años de edad en el 2012. Producto de las repetidas agresiones sexuales, la joven quedó embarazada y dio a luz a los 11 años, pero se desconoce quién podría ser el padre de la criatura.

El interrogatorio dirigido por la fiscal Valero Ramírez levantó numerosas objeciones de las abogadas defensoras Jane Hoffmann y Sylvia Juarbe, que intentaron limitar las declaraciones de la agente a la información que se pudo recopilar de la declaración jurada de la víctima y de una trabajadora social que descubrió el presunto patrón de abuso. 

Entre otros datos ofrecidos en corte abierta, la agente indicó que algunos de los acusados le daban a la niña bebidas alcohólicas y marihuana para facilitar las agresiones sexuales que incluyeron múltiples violaciones. Según trascendió, la menor comenzó a ser abusada en una residencia de un barrio de Gurabo y continuó siendo sometida a agresiones sexuales cuando su familia se mudó a una hacienda de Trujillo Alto que se alquila para actividades privadas. 

De la investigación surge que la niña fue instruida a mentir por sus custodios antes que se certificara su embarazo durante una visita a un CDT de Trujillo Alto y que ofreció distintas versiones sobre su condición al ser cuestionada por personas allegadas a su familia.

Las autoridades también sospechan que la menor comenzó a faltar a la escuela para no levantar sospechas sobre la conducta criminal de los acusados.

Una trabajadora social de la escuela donde estudiaba la menor fue quien denunció la situación y la menor fue removida de su hogar por el Departamento de la Familia y se inició una investigación en contra de los adultos.

“Hay una trabajadora social que es una heroína porque de no haber sido por ella, hoy día esta menor estaría sufriendo de más abusos. La trabajadora social se percató que la menor no regresó a la escuela y dio la voz de alerta”,  dijo el fiscal Marrero. 

Cabe destacar que, luego que el Departamento de la Familia interviniera en este caso, el padrastro y la madre de la víctima intentaron suicidarse, ingiriendo veneno de ratón en enero de 2014. La pareja pudo ser estabilizada en el Hospital de la Universidad de Puerto Rico, en Carolina.